Sánchez busca la impunidad absoluta

No quiere ningún resquicio que impida la impunidad del régimen sanchista. No le basta que Conde-Pumpido sea una marioneta al frente del Tribunal Constitucional, la sumisión de la Fiscalía que no quiere que se mueva por el principio de legalidad o de «cariño» Armengol que ha convertido el Congreso en un apéndice de La Moncloa. No es suficiente la colonización de la Administración, los órganos constitucionales, las empresas públicas y los organismos reguladores. Le faltaba consagrar la absoluta impunidad de su partido, sus amigos y su familia liquidando la acusación popular para que sea una institución jurídica marginal e irrelevante. Por ello, el PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso que es un ataque brutal contra la separación de poderes y el Estado de Derecho. La desnaturalización de esta figura, que se remonta a la República Romana, busca liquidar los escándalos que afectan directamente a su familia. Ha decidido que no sea un proyecto de ley, otra anomalía parlamentaria, para eludir los informes preceptivos que confirmarían este demoledor ataque a la Justicia.

En el caso de que se apruebe esta reforma, que es inconstitucional, solo le faltará conseguir que su Fiscalía controle la instrucción de los procesos. Esto comportará la arbitrariedad más absoluta. Los casos que afecten al PSOE, al Gobierno y a su familia nunca verán la luz o serán archivados, mientras que sus enemigos sufrirán brutales campañas de acoso como las que ahora dedica a Ayuso. Por tanto, acabar con la acusación popular, cuya presencia es controlada actualmente por los jueces, y convertir la Fiscalía en un comisariado político para acabar con sus enemigos y rivales es la culminación de su persistente ofensiva contra el Estado de Derecho. La sociedad no puede permanecer indiferente ante esta maniobra antidemocrática. Los que le apoyen serán sus cómplices, porque la impunidad también servirá para que actúe contra ellos cuando tenga oportunidad. Con una desfachatez infinita ha puesto a esta proposición de ley el título de «garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». Es decir, se trata de que nadie pueda ir en contra de las tropelías y corrupciones de los sanchistas, que podrán atropellar el Estado de Derecho y repartirse el botín sin ningún temor.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)