El PSOE se lanza a limitar la acusación popular en plena investigación al entorno de Sánchez

El PSOE pasa de las palabras a los hechos. De criticar a legislar. El partido ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para acabar con lo que califica de "acoso judicial" al Gobierno, auspiciado por sectores extremistas, bajo el eslogan de "la garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". Esto es, se ha propuesto legislar para limitar las acusaciones populares que han iniciado las investigaciones que, a día de hoy, cercan judicialmente al entorno del presidente del Gobierno.

El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha registrado el texto que pretende acotar la acción popular en las causas judiciales, de manera que quede adscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. No así a la instrucción, que según fuentes socialistas consideran que debe estar "impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos del delito". El objetivo es, según estas mismas fuentes, que se acabe con "la filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos alargar y mediatizar un proceso judicial". La acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión. La nueva norma exige, además, que para personarse como acusación popular exista un vínculo "concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente". El juez deberá comprobar si existe este vínculo y denegará la personación si no fuera así.

No podrán ejercer la acusación popular partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos y se establece la obligatoriedad de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa "sin el menor indicio de irregularidades". Esta regulación, impulsada por los socialistas, se produce en pleno desarrollo de las investigaciones al entorno del presidente del Gobierno, solo 24 horas después de la declaración como imputado del hermano de Pedro Sánchez y en plena investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, en el marco de la cual litiga como acusación popular la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Además, y esto no es baladí, se propone que la ley tenga carácter retroactivo y pueda aplicarse a investigaciones que ya se encuentren en curso, lo que, además de a los citados, afectaría a decenas de casos en los que los que hay partidos personados, en especial el PP, el PSOE y Vox, entre ellos el "caso Koldo".

Precisamente, una de las modificaciones que propone el texto reside en prohibir expresamente que asociaciones de jueces y fiscales o miembros de la carrera puedan ejercer la acción penal en los tribunales, así como tampoco partidos políticos o asociaciones vinculadas a ellos. De esta forma, se asestaría un duro golpe a otros procedimientos que afectan al núcleo duro de Pedro Sánchez como el que se sigue en un juzgado de Plaza de Castilla contra Begoña Gómez o en los juzgados de Badajoz contra su hermano, el músico David Sánchez.

Nuevos supuestos para apartar a un juez

No solo porque se trata de causas impulsadas por la mano de la acción popular, sino porque se dejaría en manos del Ministerio Púbico el grueso de la acusación, al menos hasta que se llegase a la fase de vista oral. Además, se modifica el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para incluir como causa de recusación de un juez instructor el haber hecho manifestaciones públicas de contenido político. En concreto, alude a cualquier pronunciamiento que esté vinculado con el procedimiento que dirigen. Cabe recordar que tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez se querellaron contra el juez que la investiga por un presunto delito de prevaricación. En ambos casos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió las acusaciones al considerar que carecían de fundamento para abrir causa contra el juez Juan Carlos Peinado.

Ofensas a los sentimientos religiosos

El PSOE aboga por suprimir el artículo 525 del Código Penal, de ofensas a los sentimientos religiosos, un delito que según ha señalado Patxi López "no registra apenas condenas" aunque es utilizado "permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, sin fundamento alguno". Ha puesto el ejemplo del proceso iniciado contra el gran Wyoming o Dani Mateo por sus comentarios sobre la Cruz del Valle de los Caídos y la polémica sobre la estampita que mostró en las campanadas de Nochevieja en TVE la cómica Lalachus.

No obstante, el portavoz del grupo socialista ha querido dejar claro que con esta ley no se despenaliza el ataque o el acoso por motivos religiosos. "Si se ataca o se acosa por su fe en la reputación de una persona, está el delito de injurias, si se alienta la violencia o la discriminación contra los católicos están los delitos de odio, y si se trata de impedir con violencia la libertad religiosa o la libertad de culto, está el artículo 522 del Código Penal".