Sánchez y Pumpido liquidan a Montesquieu

No hay que ser un gran jurista para llegar a algunas conclusiones lógicas, basadas en nuestro ordenamiento constitucional y su desarrollo, sobre la inconstitucionalidad de la proposición de ley de amnistía. Hay cuestiones de fondo y de forma. Es cierto que reconozco que es un debate estéril, aunque se tiene que dar, porque Conde-Pumpido tiene decidido que es constitucional. No importa lo que se diga o escriba. Por supuesto, un buen jurista es capaz de construir un discurso que permita defender cualquier posición, así como aquello que se sabe que no es verdad. Lo aprendí cuando estudiaba Derecho Penal. Es el consabido derecho de defensa que tiene hasta el criminal más atroz. En otras ocasiones he recordado, aunque no pretendo establecer un paralelismo, que las dictaduras han contado con buenos juristas. En este sentido, es tristemente fascinante estudiar su papel en la Alemania Nazi. No hay más que ver la perfección de las leyes, los procedimientos y el funcionamiento de los tribunales para garantizar el genocidio y la represión. No solo en las dictaduras, sino en las democracias encontramos personas dispuestas a cualquier cosa para conseguir sus ambiciones.

Es interesante reflexionar sobre el efecto que ha provocado la presentación de la polémica proposición de ley. La izquierda mediática tiene claro que es constitucional, porque la exposición de motivos dedica 11 páginas, más que al texto articulado, a hilvanar un relato voluntarista para justificarlo. Hubiera sido insólito que no hicieran ese esfuerzo. Por supuesto, se hace una extravagante mezcla de sentencias, derecho comparado, leyes, reales decretos…. para avalar el disparate. Al final, incluyen unos antecedentes, como si fuera un trabajo de fin de grado, tan absurdos como innecesarios. El texto ha sido elaborado con los delincuentes políticos que se benefician de la medida y sus representantes la votarán en las Cortes Generales. Es un fraude de ley, ya que las razones en que se sustentan son mentira. En un contrato mercantil se produciría una nulidad. Es una medida que busca un interés propio. La lista es larga, pero no importa. Conde-Pumpido pasará a la Historia por hacer lo mismo que García-Pelayo con la sentencia de Rumasa.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)