El periplo de la amnistía: Congreso, Senado y maniobra para frenar el TC

La amnistía está a punto de desembarcar en el Congreso de los Diputados, pero su periplo, para su aplicación no será inminente. Una vez que los partidos registren la ley en el registro de la Cámara Baja se abre un camino que si bien se espera que sea rápido, deberá sortear algunos obstáculos, como el Senado y, en caso ulterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El registro

La «ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña», se hizo esperar hasta media tarde de ayer. Todo estaba preparado para que la proposición de ley se presentará a medio día, sin embargo, las negociaciones con los partidos encallaban y el PSOE acabó presentándola en solitario, al filo de las seis de la tarde, cuando cerraba el registro presencial en el Congreso de los Diputados. Los socialistas querían tener la firma de todos sus apoyos de investidura para registrarla, pero no fue posible. En la madrugada del lunes PSOE y Junts daban el visto bueno a la proposición de ley de amnistía. Sin embargo, la firma de ERC era la que se retrasaba. En el partido de Oriol Junqueras no veían claros algunos flecos para que la ley de amnistía incluya a las personas encausadas por supuestos delitos de terrorismo. Ello dificultaba ayer la rúbrica de los republicanos en la proposición de ley. La portavoz de ERC, Raquel Sans, aseguraba que la ley y la investidura no «peligra» porque el «acuerdo político es sólido». Fuentes republicanas apelaban a subsanar algunos flecos en el último redactado de la ley para «dar a la ley toda la seguridad jurídica». Fuentes de la negociación, sin embargo, se cerraban ayer a modificaciones y apelaban a los republicanos a presentar enmiendas si lo deseaban en el trámite de la norma en el Congreso de los Diputados. Ni Sumar firmó la iniciativa.

La mesa, el primer trámite

Es la mesa del Congreso de los Diputados quien debe calificar en primer lugar la ley. El órgano está controlado por PSOE y Sumar. Si bien hoy no será calificada, según fuentes de la Cámara Baja, dada la mayoría progresista de la Mesa no habrá problemas en su registro posterior, ya la próxima semana. En 2021, el órgano del Congreso tumbó con los votos de PSOE y PP la ley de amnistía que presentaron los partidos independentistas, después de oír el informe de los letrados de la Cámara Baja, al entender que la norma “entraría en una contradicción palmaria y evidente” con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que es el que impide autorizar indultos generales. Ahora, sin embargo, la propia proposición de ley justifica que si bien la Carta Magna no permite indultos generales, no prohíbe la amnistía. Precisamente, el nuevo letrado del Congreso, Fernando Galindo, será el encargado de analizar en el Congreso la proposición de ley de amnistía y deberá firmar una breve anotación en representación de los letrados, si el PP lo solicita.

Primera vuelta en el Congreso

Tras admitirla la Mesa, al registrarse con el procedimiento de tramitación de urgencia, los plazos ordinarios se reducirán a la mitad. El Congreso, en un primer pleno, debatirá si la toma en consideración o no y después, una vez admitida, se llevará a la comisión pertinente para su debate. Al ser un trámite de urgencia, una semana después los grupos podrán registrar sus enmiendas. Éstas pueden ser a la totalidad o al articulado. Si existieran las primeras, se debatirían en pleno y una vez que decaigan –con toda seguridad por la mayoría de izquierda, la comisión correspondiente nombraría una ponencia para redactar un informe sobre la ley en la que también se incluirían las enmiendas de los grupos, si las hubiese. El dictamen será votado en la comisión y, por último, se elevará al Pleno. En calendario, podríamos estar hablando de finales de diciembre. Al ser una norma orgánica necesitará 176 síes.

Freno en el Senado

Con mayoría absoluta, el texto será remitido al Senado, donde el PP, con mayoría absoluta, frenará la urgencia. Con la modificación del reglamento de la Cámara Alta, los populares podrán alargar la tramitación hasta un límite de dos meses. Enero es un mes inhábil en el Parlamento, por lo cual, la norma en el Senado podría quedar paralizada hasta mediados de marzo.

Vuelta al Congreso

La proposición de ley regresará al Congreso en cualquier caso, tanto al tumbarla los populares como si, finalmente, registrasen enmienda. Después, el bloque de izquierdas usará su mayoría absoluta para levantar el veto del Senado.

La norma se asegura que el TC o el TJUE no frene la amnistía

Entrará en vigor tras la votación en el Congreso de los Diputados, después de su publicación en el BOE, y según estipula la ley orgánica ésta deberá aplicarse en un plazo de dos meses. Además, los grupos se aseguran que ésta se aplique sin perjuicio «de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos». Así la proposición de ley busca evitar que jueces y tribunales puedan emprender para paralizar temporalmente su aplicación a los casos concretos que tienen en sus manos, al eliminar los "efectos suspensivos" de los recursos que puedan presentarse contra la misma. "La entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía", reza el artículo 4.4 de la proposición de ley.

"Se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones", explica a continuación. Se busca evitar que los jueces puedan paralizar su aplicación si el Supremo eleva cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o a los tribunales europeos. Y es que la ley orgánica del TC prevé que los jueces o tribunales que deban pronunciarse sobre un proceso puedan consultar la constitucionalidad de una ley que deban aplicar. También las cuestiones prejudiciales que se elevan al TJUE, si se considera que una norma es contraria al derecho de la Unión Europea, se puede plantear una cuestión prejudicial ante la justicia europea.

Según la ley de amnistía, los tribunales deberán adoptar "con carácter preferente y urgente las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate".