Asumir responsabilidades

Década de los 80.El terrorismo arreciaba y el Gobierno reclamó a los jueces más compromiso. El entonces primer presidente del Consejo General del Poder Judicial respondió que a los jueces les correspondía juzgar en un proceso con todas las garantías y hacerlo en función de las pruebas. Esa era su contribución frente al terrorismo: actuar desde el Estado de Derecho.

Era una forma de decir que lo más eficaz es que cada uno cumpla con su cometido, que cada uno se esfuerce por hacer lo que le corresponde de la manera más eficaz y responsable. No se sí se habrá calculado lo que supondría tal deseo, pero sería interesante conocer cómo se saldaría en términos de prosperidad, de paz y buen orden institucional si cada uno tuviese el empeño por cumplir –y cumplir bien– su cometido.

Sí tengo claro qué pasa cuando no ocurre y la policía hace de juez o viceversa, cuando quien puede modificar una norma –sea del rango que sea– renuncia a hacerlo para que los tribunales se erijan en legisladores; cuando se le exige al juez que haga de padre, madre, maestro, consejero espiritual o que haya jueces que confundan sentencias con epístolas a los hispanos; cuando hay padres que exigen a los poderes públicos que eduquen a sus hijos o cuando el poder público quiere erigirse en padre y madre.

Me viene todo esto a la cabeza tras las reacciones a las violentas manifestaciones del pasado 22 de marzo y me fijo en dos reacciones. Una, la crítica inicial al juez que dejo en libertad –que no es absolver– a algunos de los detenidos. Y otra, el alivio de un periodista porque con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana estos hechos los sancionará el gobierno, no los jueces. En ambos casos llueve sobre mojado.

En el primero porque no se plantea si las detenciones iban acompañadas de indicios probatorios sólidos o quizás el juez estaba ante una redada, que viene de red, de red barredera: fuera de las riñas tumultuarias, no es una manera de detener muy acorde con la responsabilidad individual. Y en el segundo llueve tanto sobre mojado que volvemos al siglo XIX, cuando se recelaba del juez y se veía en la Administración benefactora el instrumento más eficaz para la prosperidad de la nación y la felicidad del ciudadano.

Vuelvo al comienzo. Mejor nos irá si cada uno cumple con sus deberes y obligaciones. Al juez aplicar las reglas de la prisión provisional, a la policía detener con bases sólidas, como lo demuestra la detención de otro salvaje esta semana. Y a quien gobierna rascar un poco más. Esa violencia es, ciertamente, un asunto de orden público pero la reflexión no puede quedarse en que hubo problemas de coordinación o que habría que sacar las manifestaciones del centro de las ciudades. Ese análisis más que pobre es toda una renuncia a cumplir un deber elemental: plantearse porqué sucede esto y ante qué estamos.

Este periódico ha dicho quién esta detrás de esa violencia, luego hay que avanzar en el análisis y se verá más que un problema de violencia callejera estamos ante el empeño de minar el orden constitucional y acercar nuestras plazas a las de Kiev, El Cairo o Caracas. No actuar desde esa convicción sería ignorar el problema; del mismo modo que el de la inmigración es muchos más que una cuestión de vallas y concertinas, o de estirar la capacidad de los centros de internamiento.

Y de paso no estaría de más repasar las excusas que da ese vandalismo subversivo. Las excusas, como las mentiras, tienen ingredientes de verdad, de lo contrario no prenderían. Por eso quizás sea parte del problema que las desigualdades vayan en aumento (lo dice el FMI), que el paro juvenil sea del 57'4% (lo dice Eurostat) o que 700.000 familias carezcan de ingresos (lo dice Cáritas).

Reflexionar sobre esto y sacar conclusiones es deber constitucional de quien gobierna y legisla, y una obligación moral nacida de un compromiso con los ciudadanos. Algo más que montar manifestódromos, coordinar a los antidisturbios o estar a lo que haga el juez de guardia. Frente a las primeras reacciones parece que empieza a asumirse esa responsabilidad.