Google: sentido común frente a la sinrazón de la UE

La Unión Europea es un cartel de gobiernos coaligados para propósitos generalmente poco nobles. Entre las malas artes de la Comisión se incluyen las llamadas «políticas de defensa de la competencia», dirigidas únicamente a atacar a aquellas grandes empresas –generalmente extranjeras– que triunfan dentro del Viejo Continente a la hora de proporcionar buenos servicios a los consumidores. Uno de los blancos preferidos de la eurocracia es Google, esto es, uno de los buques tecnológicos insignia de EE UU. Contra la corporación de Silicon Valley, pesan ahora mismo tres procedimientos administrativos por presunto abuso de posición dominante: uno por Google Shopping, otro por Adsense y un último por Android.

Esta semana, la empresa estadounidense presentó sus segundas alegaciones contra las acusaciones vertidas por la Comisión contra su servicio de compras on-line (Google Shopping). De acuerdo con los burócratas comunitarios, el buscador de Google otorga cierta prioridad dentro de sus resultados a los anuncios de Google Shopping frente a los de otras plataformas de compras online. Dicho de otra manera, la Comisión Europea denuncia que cuando un usuario escribe «cafetera» en el buscador de Google figurarán en primer lugar aquellos anuncios de cafeteras proporcionados por Google Shopping en lugar de las cafeteras que venden otros portales de la competencia. Eso –sí, eso– es lo que la Comisión Europea califica de «abuso de posición dominante» y por lo que se arroga el derecho a sancionar a la compañía.

La acusación, huelga constatarlo, es absolutamente ridícula por dos razones. La primera porque, aun cuando fuera cierto que Google filtrara sus búsquedas para favorecer a su servicio de compras on-line, estaría plenamente justificada a hacerlo: la empresa estadounidense proporciona un excelente servicio a sus usuarios por el cual no les cobra directamente nada, de modo que sería del todo razonable que tal cobro se produjera en especie (al igual que un telespectador debe «soportar» la publicidad en televisión como contrapartida a ver gratuitamente sus programas, un usuario de Google podría tener que soportar la autopublicidad de Google por usar su buscador).

Pero, en segundo lugar, si de verdad Google estuviese abusando de su posición de dominio para catapultar a su portal de ventas on-line, lo estaría haciendo rematadamente mal. En el mayor mercado de la UE, Alemania, sólo un 14% de todas las compras on-line se efectúa a través de Google Shopping, de modo que el restante 86% se desarrolla a través de otras plataformas distintas del servicio de Google (de hecho, un 33% se canaliza directamente a través de Amazon). ¿Qué sentido tiene cargar contra una plataforma que concentra menos del 15% del tráfico mercantil de internet? Ninguno, sólo estamos ante pura inquina irracional de Bruselas contra una empresa exitosa y extranjera.

Y es que ése es el verdadero núcleo de la cuestión: los gobiernos de EE UU y de la Unión Europea llevan varios años enzarzados en una guerra comercial cuyos peones sacrificados son ciertas grandes empresas de ambos lados del Atlántico. Hace meses le tocó el turno a Apple con la milmillonaria sanción fiscal que le impuso la Comisión; hace unas semanas, fue el Deutsche Bank quien resultó multado en EE UU. Por desgracia, y atendiendo a los antecedentes, todo hace prever que Google terminará siendo represaliada por alguno de los tres procedimientos que tiene ahora mismo abiertos. En ninguno de ellos les asiste ninguna razón a los burócratas europeos, pero ello no impedirá que terminen retorciendo sus argumentos hasta lo ridículo para alcanzar su desnortado y prejuicioso objetivo.

Mas, si Europa aspira a convertirse en un centro global de inversión e innovación empresarial que eleve el nivel de vida de sus ciudadanos, debería empezar por liberalizar su economía y no por castigar a las empresas exitosas. El mensaje que la UE está propalando al resto del mundo con su injustificada persecución contra Google no es sólo que el éxito empresarial es castigado dentro del Viejo Continente, sino que ese castigo depende de las fobias arbitrarias de los comisarios políticos de turno.

Montoro tumba a Carmena

El Plan Económico Financiero elaborado por Ahora Madrid para organizar el desapalancamiento del consistorio durante los próximos ejercicios contravenía la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Uno podrá discutir si dicha ley acierta o se equivoca a la hora de imponer determinados objetivos de amortización de deuda y ciertas limitaciones al incremento del gasto público: pero lo que no debería constituir objeto de discusión es que, con la actual redacción de la ley, el Plan Económico Financiero de Ahora Madrid es ilegal. De hecho, el propio partido de Manuela Carmena ha sacado pecho en diversas ocasiones vanagloriándose de que su plan se saltaba la estricta austeridad que pretendía imponerles Montoro. Ahora, como no podía ser de otro modo, el Ministerio de Hacienda ha recurrido el proyecto financiero de Ahora Madrid, instando al Ayuntamiento a rectificarlo a muy corto plazo: en caso contrario, los contribuyentes madrileños serán sancionados por indisciplina presupuestaria y los funcionarios rebeldes podrían ser inhabilitados por infracción muy grave.

Buenos datos del paro

El número de parados registrados en el servicio público de empleo aumentó en octubre en casi 45.000 personas. Se trata de su menor incremento desde 2007, lo que permite encadenar una caída interanual de 412.000 desempleados. Sin embargo, el dato verdaderamente positivo no es ninguno de los anteriores, sino la variación desestacionalizada de las cifras de paro. Una vez corregimos la serie por el efecto estacional, lo que nos encontramos es que el desempleo no subió en octubre, sino que bajó en 48.000 personas: la caída más acusada desde 1996. A su vez, la Seguridad Social incrementó sus cotizantes en más de 100.000 ciudadanos, tanto con estacionalidad como sin ella. En suma, nuestra economía continúa generando importantes volúmenes de empleo que están contribuyendo a paliar socialmente los peores efectos de la crisis. Mas no por ello deberíamos darnos por satisfechos y obviar la necesidad de profundizar en la reforma laboral no ya para apuntar sino para acelerar esta sana y esperanzadora tendencia.

La hipocresía de Podemos

Uno de los rasgos que ha caracterizado a Podemos durante los últimos años ha sido el de mantener un duro discurso contra la especulación inmobiliaria. A su juicio, fueron los especuladores los que dispararon el precio de compra de la vivienda e impidieron a millones de españoles la posibilidad de acceder en condiciones asequibles a este bien considerado básico. Sin embargo, esta exquisitez moral que predican para los demás –y que incluso pretenden imponerles por la fuerza de la ley– no parece que se la apliquen cuando se trata de ellos mismos. Esta semana conocimos que Ramón Espinar, senador por Madrid adscrito a Podemos, especuló con una vivienda de protección pública en el año 2010, obteniendo unas plusvalías cercanas al 50% del capital aportado. No seré yo quien critique el ejercicio de la especulación, pues, en contra de la demagogia que se suele hacer contra ella, contribuye normalmente a estabilizar los precios a largo plazo de los distintos bienes o activos. Pero, desde luego, lo que no tiene ningún sentido es, por un lado, criminalizar la especulación y, por otro, aprovecharse de ella.