Más salario mínimo es más paro entre los más débiles

PP y PSOE pactaron hace cuatro meses la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 1986: desde 764 euros mensuales a 825. Políticamente, el acuerdo se nos vendió como una conquista social de primer orden. Tras muchos años de contención salarial, los trabajadores más perjudicados por la crisis conseguían un notable incremento en sus remuneraciones. Económicamente, sin embargo, se trataba de un error elemental: es bien sabido por los economistas que los incrementos del SMI tienden a aumentar el paro, especialmente entre aquellos colectivos más vulnerables a los que se quiere beneficiar. De hecho, si la medida fuera tan sumamente positiva, a quien deberíamos hacer caso es a Podemos, que pretende elevarlo hasta los 1.108 euros mensuales.

Por fortuna, esta misma semana, el Banco de España ha contribuido a poner algo de cordura a esta endiablada escalada de promesas suicidas. En su informe correspondiente al primer trimestre del año, el regulador estima cuáles serían los efectos de aplicar en nuestro país la propuesta de la formación morada.

Más en particular: el Banco de España toma como punto de partida el análisis elaborado en 2015 por los economistas Galán y Puente, en el que se concluyó que aumentos moderados en el salario mínimo tendían a elevar significativamente la probabilidad de que trabajadores jóvenes y mayores fueran despedidos. Así, Galán y Puente calcularon que la probabilidad media de despedir a un trabajador de entre 16 y 24 años pasó del 11,2% al 24,9% como consecuencia de las subidas del SMI aprobadas entre 2005 y 2010; del mismo modo, la probabilidad media de que un trabajador de más de 45 años fuera despedido acreció del 11,2% al 49,9%.

Pues bien, a partir de estos resultados el Banco de España estima que, tras la elevación del SMI a 825 euros mensuales, perderán su empleo el 5% de aquellos trabajadores de entre 16 y 25 años presuntamente beneficiados por esa subida; el porcentaje se eleva hasta el 6,36% en el caso de los empleados con edades entre 46 y 70 años.

Pero si tales efectos ya resultan en sí mismos preocupantes, los de Podemos hundirían la vida de muchos más ciudadanos: según el Banco de España, si el SMI aumentara hasta los 1.108 euros mensuales –como ambiciona Podemos–, el 17,52% de los jóvenes afectados por él se quedarían en el paro; a su vez, el 20,65% de los mayores de 45 años que percibieran el SMI serían condenados al desempleo.

En definitiva, puede que las leyes de salario mínimo incrementen la remuneración de algunos trabajadores, pero a cambio condenan al paro a muchos otros. Destrucción de empleo para apenas lograr que algunos de los que queden en pie cobren más. Tal como constata el Banco de España, el único motivo por el que las alzas de SMI no resultan muchísimo más devastadoras para nuestra economía es que a día de hoy afectan a un porcentaje bastante pequeño de trabajadores: al cabo, la inmensa mayoría de remuneraciones mínimas son fijadas en nuestro país a través de la negociación colectiva, por lo que los incrementos legales del SMI poseen escasas repercusiones sobre el conjunto de la población. Pero si los salarios mínimos contenidos en los convenios aumentaran, sus consecuencias sí serían desoladoras.

Y es que la lección práctica que debemos extraer de este debate absurdo y demagogo es que los salarios no suben por decreto, sino que sólo crecen en la medida en que también lo hace la productividad de los trabajadores. Ése, y no otro, es el camino hacia una progresiva mejora de nuestros estándares de vida.

Más gasto público

El pasado martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el desglose de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Las nuevas cuentas del Reino contienen un importante incremento de los desembolsos estatales, hasta el punto de que el Gobierno central vuelve a gastar tanto como lo hiciera durante el último año de Zapatero. Más específicamente: incluso si excluimos de los presupuestos el coste de los intereses de la deuda pública así como las transferencias a las administraciones territoriales, el gasto real en 2017 será superior al de 2011. Con este dato, podemos dar definitivamente por concluida la tibia política de austeridad iniciada en el año 2012 para evitar que nuestro país cayera en la bancarrota. Acaso algunos lo interpreten como un éxito propio de la recuperación económica, pero no debería serlo. El déficit público estructural de España continúa ubicándose en torno al 4% y no deberíamos confiar en los aumentos de ingresos para revertirlo, sino que deberíamos apostar por el control de nuestro desbocado sector público.

«A devolver»

La campaña de la Renta 2016 arrancó el pasado miércoles 5 de abril. Al respecto, uno de los titulares más ampliamente difundidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública es que al 75% de los contribuyentes les saldrá la declaración «a devolver», esto es, que lejos de tener que ingresar cantidades adicionales a la cuenta del Tesoro, éste les reintegrará ciertas sumas de dinero. En opinión de muchos, que la declaración salga a devolver es una magnífica noticia; desde luego, resulta preferible cobrar a pagar todavía más. Pero no deberíamos perder de vista que el significado de un saldo acreedor con Hacienda es que el Tesoro nos ha retenido a lo largo del año una porción de nuestras nóminas mayor que la que debería: esto es, durante todo el ejercicio, esos contribuyentes le han prestado su dinero al Estado a un tipo de interés del 0%. Una exacción más sin compensación alguna que, desde luego, no debería alegrar a nadie. Mucho mejor sería que nos bajaran las retenciones para no tener que pagar mensualmente más que aquello a lo que estamos estrictamente obligados.

EE UU y China

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron por primera vez este pasado jueves. El encuentro vino precedido por las recurrentes acusaciones del presidente de Estados Unidos contra China de manipular el comercio internacional y de forzar el desmantelamiento de la industria manufacturera de su país. En realidad, la desindustrialización de EE UU es un proceso que viene de lejos y en el que China no ha tenido una influencia relevante. No en vano, en 1950, el porcentaje de trabajadores en el sector industrial de EE UU ascendía al 30% del total; en 1990, ya había caído hasta el 15%; y en el año 2001, justo antes de que China ingresara en la Organización Mundial del Comercio (OMC), se había reducido adicionalmente hasta el 12,5%. A día de hoy, se encuentra en el 8,5%. Parece evidente, pues, que la tendencia a la baja ha sido un proceso imparable durante las últimas décadas por un motivo muy simple y que nada tiene que ver con China: la productividad del sector industrial se ha incrementado globalmente sin que la demanda de bienes industriales lo haya hecho en la misma medida, de manera que los trabajadores sobrantes han terminado trasladándose al sector servicios.