Terapia ocupacional

¿Terapia ocupacional parlamentaria o bucle político? Es lo que me planteo viendo en este intermedio legislativo dos iniciativas parlamentarias relacionadas con la Justicia. Alientan la idea de que cuando no se sabe qué hacer se dice lo de siempre revestido de novedad. Me refiero a la proposición no de ley de Ciudadanos para aumentar el número de jueces y la decisión de la Comisión de Justicia de promover un lenguaje jurídico comprensible.

Desde hace décadas, a falta de ideas sobre el funcionamiento de la Justicia, la política judicial se condensa en aumentar el número de jueces, masificar la Judicatura aun a costa de su proletarización. Creo no exagerar si afirmo que todo ministro que se precie hace dos cosas: reforma el Código Penal y crea nuevas plazas judiciales.

Esta legislatura de incierta andadura ya se ha apuntado a esa idea apelando al tópico de la media de jueces en España por cada cien mil habitantes en comparación con otros países. Lo cierto es que desde hace treinta años el número de jueces no ha hecho sino aumentar. En 1983 estaba entorno a los dos mil; ahora hay cinco mil, pero la lentitud de la Justicia y su imprevisibilidad no han menguado. Como solución se apunta que lo ideal es que la cifra rondase los diez mil.

Ese expediente masificador implica renunciar a invertir el planteamiento: qué sistema judicial queremos, pregunta que no acaba de responderse. Y de ahí responder cuántos jueces, fiscales y funcionarios se precisarían. Y a falta de respuesta se opta por la política de reclutas, engrosando unos escalafones cada vez más abultados integrando a cientos de funcionarios y jueces en esquemas caducos.

La segunda iniciativa consiste en fomentar un lenguaje jurídico comprensible. Iniciativa atractiva y a la que me apunto porque nuestro ordenamiento jurídico se va poblando de normas no pocas veces ininteligibles. Pero el problema no es el lenguaje jurídico en su sentido genuino: éste responde a unas instituciones, unos conceptos acuñados a lo largo de los siglos y que forman parte ya del lenguaje cotidiano. Lo ininteligible surge cuando el ordenamiento se puebla de una jerga que imponen los actuales redactores de no pocas normas y que –intuyo– no son juristas, sino economistas, contables, urbanistas, ingenieros y de más tribus bárbaras que invaden el noble territorio del Derecho.

A veces me pienso si esa jerga no será un parapeto buscado a propósito por los autores de la norma –que saben muy bien qué quieren decir– para proteger sus intereses y obstaculizar su recta interpretación y control. Y si esas tribus actúan desde Bruselas a golpe de Derecho Comunitario, la claridad tiende a menguar aun más, máxime cuando se emplean términos que debe entender tanto un letón como un gaditano.

Fuera de esos casos está el lenguaje judicial, siempre mejorable, y sobre el que no estaría de más que en la Escuela Judicial se impulsasen enseñanzas de la buena redacción. Y otro tanto los Colegios de Abogados: no pocos escritos de los letrados son verdaderos fárragos que sacrifican esa claridad y la calidad al número de folios o a la ambigüedad. Pero tanto en esta parcela del lenguaje jurídico como en el jurídico en general hay un matiz, pues para que el lego comprenda qué dicen normas, sentencias o documentos hay un intermediario que, además, cobra por sus servicios. En efecto, que un ciudadano que ha tenido un pleito no entienda el lenguaje empleado, por ejemplo, en una sentencia es comprensible. Ahora bien, para entender tiene un abogado que ha contratado, y es él quien debe explicarle qué se dice y por qué se dice y quien dice abogado dice un asesor fiscal, gestor, notario, etc.

Si leo un informe médico probablemente no entenderé casi nada, pero como entre el médico y yo no hay intermediario contratado alguno, el médico me lo explicará, es más, la Ley le obliga a informar en lenguaje comprensible, lo que no supone renunciar al rigor científico. Lo mismo ocurre en Derecho: ya sea una norma, sentencia o escritura, se habla, por ejemplo, de la posesión, no del «que tiene la cosa», o del tercio de mejora, no de que «la abuela te deja el collar», o de la concesión, no «del chiringuito de playa».