El «triministro» y su fiscal general

Nunca desde 1978 había tenido el gobierno de España un ministro que acumulara en su Cartera la relación con los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La norma ha sido que en especial la relativa a este último poder la desempeñara el ministro de Justicia que solo en una ocasión, y con gobierno socialista, se acumuló con el de Interior. Pero con Sánchez se ha llegado a que exista un «triministro» cuya Cartera precisamente se denomina «Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes» para que no haya dudas al respecto. De hecho, tradicionalmente la relación con el poder legislativo se considerada ya incluida como una Secretaría de Estado en el Ministerio de Presidencia, pero ahora al parecer se ha querido destacar esa singular «potestas» de Félix Bolaños, que sin embargo no consta -de momento- sea vicepresidente ni presidente adjunto. Esta situación provoca -dada la proliferación de causas judiciales abiertas contra todo el entorno presidencial- que Bolaños se pase mañana, tarde y noche haciendo declaraciones contra los jueces que son impropias de quien debiera ser especialmente respetuoso con la división de poderes, que desde Montesquieu caracteriza a las democracias parlamentarias occidentales.

De entre estas declaraciones destacan como muy lamentables su reiterada afirmación de que Álvaro García Ortiz goza de la absoluta y total confianza de Sánchez como fiscal general, convertido de hecho en el fiscal general del Gobierno y no del Estado como debería ser. Es absolutamente incompatible con un estado democrático y de derecho digno de tal consideración una situación como la que vivimos que traslada una imagen de España más propia de otras latitudes y cuya reputación internacional se deteriora día tras día con esta impropia situación. La declaración en sede judicial de la fiscal jefe de Madrid, afirmando que ante su pregunta al fiscal general sobre si los correos filtrados procedían de él a la que había contestado que «eso ahora no importa», colocan a García Ortiz en una situación que exige su dimisión o su cese. Es una evidencia el daño que se le está provocando en la confianza debida a una institución como la Fiscalía, pilar fundamental de todo auténtico Estado de Derecho. Lo que conduce a preguntarse necesariamente acerca del porqué de ese obstinado cierre de filas del sanchismo con su fiscal general, que obliga a pensar en los procedimientos judiciales que cercan a su jefe a nivel familiar y político. Entre tanto, Puigdemont, cuya mano le mece la cuna al sanchismo, tras sus dos ultimátums no satisfechos, suspende su relación con él. Al tercer ultimátum quizás sea la ruptura.