El valor de la palabra dada

El acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es sumamente positivo y ha despertado un optimismo razonable dentro del ámbito de la justicia, especialmente en el judicial, más allá de disputas y discursos vacíos. En mi opinión, el aspecto de mayor trascendencia es el texto acordado que será una disposición adicional en la próxima ley de reforma de la LOPJ, titulada «Informe y propuesta del Consejo General del Poder Judicial». Una vez conocido su contenido, no cabe duda sobre la obligación de los partidos políticos firmantes de cumplir con este pacto. Se dice que el vínculo jurídico surge entre dos o más individuos cuando se obligan mutuamente generando ciertos efectos, una definición igualmente aplicable al vínculo político. Al nuevo CGPJ se le encomendará un informe con el objetivo de proponer una reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados, tomando en cuenta el artículo 122 de la Constitución para garantizar su independencia y que debe contar con la participación directa de jueces y magistrados, la cual debe ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, además de establecer un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos. Una vez aprobada esta propuesta por el CGPJ, será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que estos, basándose en ella, elaboren y sometan a consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley para reformar el sistema de elección de los vocales judiciales, para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación. La obligación es clara: elaborar un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales basándose en el estudio aprobado por el CGPJ y no otro, lo que implica que cada partido debe renunciar a su modelo y ponerse de acuerdo en un único modelo de elección basado en dicho estudio. No seré yo quien recomiende o sugiera hacia dónde deben dirigirse los trabajos del nuevo CGPJ. Ellos actuarán según consideren conveniente dentro de los parámetros que el legislador nacional establecerá en la disposición mencionada. El poder legislativo se compromete a llevar a cabo la mencionada reforma en un futuro cercano, basándose en las aportaciones del CGPJ. Una vez aprobada la disposición mencionada, será el poder legislativo, y no el acuerdo político, el que encomiende esta tarea al CGPJ, de manera similar a un sistema de ley de Bases. Cumplir con nuestros actos demuestra no solo responsabilidad, sino también el compromiso firme con lo que valoramos. Iniciar debates sobre la interpretación de la disposición adicional me parece inútil y exasperante. Lo crucial es que desde 1985 se pondrá fin a la controversia que ha dañado la imagen del excelente e independiente poder judicial español. Si bien las demás medidas son bienvenidas, esta es la más importante, la esencial. Antoine de Saint-Exupéry dijo en El Principito que «lo esencial es invisible a los ojos», pero en este caso ocurre todo lo contrario: discutir el alcance de lo pactado es innecesario y poco conveniente. En un momento en el que se habla tanto de «ganar el relato», no podemos olvidar que la importancia de construir un relato sobre la verdad radica en que solo así se puede forjar una confianza genuina y duradera, cimentando la integridad y la credibilidad en cada historia narrada. La necesidad urgente de despolitizar la imagen del poder judicial español es fundamental para restaurar la confianza pública en su imparcialidad y eficacia. Un poder judicial independiente como el español merece esta reforma lo antes posible, es necesaria y además obligatoria.