A ver si se enteran que el Rey reina pero no gobierna

Una de las mayores imbecilidades que he escuchado en esta era de la imbecilidad es que el Rey Felipe tiene la obligación de negarse a firmar la Ley de Amnistía que Sánchez lleva urdiendo desde la mismita noche del 23-J. E, incluso, de parar los pies al presidente. Los fakers de extrema derecha han dado pábulo a esta patraña y mucha gente la compra confundiendo sus deseos con la realidad. Pero no deja de ser un bulo como otro cualquiera. Algunos pelín más ilustrados ponen como ejemplo a Balduino de Bélgica, que en 1990 abdicó durante 36 horas para no tener que rubricar la Ley del Aborto. Juan Carlos I jamás supo o quiso ver dónde estaban sus límites éticos, ayudado enormemente por ese agujero negro que representa la inviolabilidad, pero sí tuvo meridianamente claro el perímetro constitucional.

Aún recuerdo su impecable contestación cuando allá por 2005 la Conferencia Episcopal le invitó a no sancionar la norma del matrimonio homosexual apelando al paradigma belga y a su condición de Majestad católica. Su respuesta fue impecable: «Yo soy el Rey de España, no de Bélgica». No albergo duda alguna de que a Don Felipe le parece una aberración la Ley de Amnistía que pergeña Sánchez de la mano de Puigdemont, Otegi y Junqueras. Como a cualquier demócrata. Tanto como que jamás se meterá en jardines ajenos, entre otras razones, porque se conoce la Constitución de memoria, porque es honrado a carta cabal y porque a él no le van a decir ni a contar que el precedente más sonado de injerencia en la vida política, el de su bisabuelo Alfonso XIII, terminó como el rosario de la aurora. Que la Ley de Amnistía es descaradamente inconstitucional, la vistan como la vistan, no se le escapa a un Felipe de Borbón y Grecia que se conoce al dedillo ese artículo 62 de la Carta Magna que prohíbe los indultos generales.

Ergo, si proscribe lo menor, un indulto que borra la pena pero no el delito, resulta física y metafísicamente imposible que consienta una amnistía que elimina pena y delito. Pero él mejor que nadie sabe que está atado de pies y manos, como afortunadamente lo están todos los monarcas parlamentarios. La misma historia de Alberto de Bélgica, Carlos de Inglaterra, Guillermo de Holanda, Margarita de Dinamarca, Harald de Noruega, Carlos de Suecia e incluso el emperador del Japón Naruhito. Sus funciones están tan tasadas como las de Felipe VI porque la soberanía reside en el pueblo a través del Parlamento. Son un mix de árbitros y relaciones públicas. Pero funcionan y, como todo lo que funciona, es mejor no tocarlo.

Nuestra monarquía nada tiene que ver, por fortuna, con la de Marruecos, donde Mohamed VI quita y pone ministros con la misma agilidad con la que Gil y Gil nombraba y fulminaba entrenadores. Esto tampoco es Tailandia, donde los ciudadanos han de arrastrarse por el suelo cada vez que coinciden con el monarca, el tatuadísimo Rama X. Dictaduras travestidas de realeza que nada tienen que ver con los usos y costumbres europeos. Sobrepasar sus límites constitucionales constituiría una ilegalidad en la que Don Felipe jamás va a incurrir. Por decencia y porque no va a poner a huevo al socialcomunismo y sus socios etarras y golpistas el derrocamiento que más tarde que pronto intentarán. Firmará y no precisamente por miedo sino porque es un acto debido. «The king reigns but he does not rule», que suelen enfatizar en ese Reino Unido. Pues eso, que el Rey reina pero no gobierna. Lo demás, embuste, y del malo.