El viaje a ninguna parte

Recientemente hemos conocido el Informe que sobre el Estado de derecho elabora anualmente la Comisión europea; el capítulo sobre España merece una atenta lectura por parte de todos, especialmente por parte de algunos. En uno de sus extremos recoge que «si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, que el poder judicial goce de confianza pública es fundamental para que desempeñe su labor con éxito», haciéndose referencia a la preocupación por declaraciones públicas realizadas por políticos en relación con el poder judicial, y nos recuerda que «el deterioro de dicha confianza es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial». Podemos recordar uno de estos episodios: hace escasos días, un ministro del gobierno ha calificado la labor de un juez que instruye un caso con extrema trascendencia mediática y política en estos términos: «La instrucción del juez …. es un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro». Esta frase puede convertirse en un buen epítome de la preocupación de la Comisión; comienza con un recuerdo a la magnífica obra de Fernando Fernán Gómez, que paradójicamente evoca la frustración del final de algo que muere como consecuencia de lo nuevo, en concreto cómo la primitiva industria del cine fue robándole el público a las compañías de teatro herederas de los cómicos de la legua, toda una alegoría; prosigue con dos descalificaciones tales como burda y miserable; burdo como término que se asimila a tosco, basto o grosero, poco aporta a la crítica a una actuación judicial más allá del carácter intrínsecamente provocativo e insultante. El término adjetivo miserable que en el contexto que se utiliza entiendo se refiere a su acepción de ruin o canalla, pues no creo que se refiera a la de tacaño, sobrepasa cualquier límite a la crítica sosegada y racional, revelándose como un verdadero menosprecio, sino insulto. Terminamos con el gran esfuerzo intelectual que supone la expresión nulidad de libro, aportando a la doctrina jurídica una nueva categoría de nulidades dentro de los procedimientos penales «las de libro», esta expresión se utiliza para definir aquello que se ajusta a la definición oficial porque no puede ser más evidente, y nada aporta en este caso. El respeto al poder judicial es esencial en cualquier estado de derecho, y la crítica debe ser constructiva y basada en hechos, no en percepciones o intereses políticos. Como dijo Voltaire: «No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». Esta frase enfatiza la importancia de defender la libertad de expresión y la crítica, siempre que se realice con respeto y fundamentación. En resumen, mientras que el derecho a la crítica es fundamental en una democracia, es crucial que esta se realice de manera que no erosione la confianza pública en la justicia ni interfiera en su independencia. Así también lo decía Kofi Annan: «La independencia judicial no solo es un principio, sino un pilar esencial de la democracia; criticar a los jueces con fundamento es legítimo, pero atacar su integridad sin pruebas erosiona la confianza pública en la justicia». El esfuerzo debe ser colectivo y responsable, pero lo que más debería a algunos hacer reflexionar es la futilidad y la inanidad de este tipo de expresiones cuya idoneidad para la descalificación, el menosprecio e insulto es inversamente proporcional a su eficacia, puesto que solo genera polarizadas sensaciones y nunca versada y fundada opinión. En democracia, es esencial el principio de contención política.