Derecho de rectificación

El diario La Razón publica en la portada de su edición en papel del 24 de julio de 2025 el siguiente titular: «La auditora del «caso Koldo», señalada por amañar informes», contenido que amplía en las páginas 6 y 7 incluyendo su fotografía.

En relación con el contenido del citado artículo, en el ejercicio del derecho que me asiste de conformidad con la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, requiero a La Razón la publicación de una rectificación en los siguientes términos:

1. Dª Belén Villar Sánchez, Directora General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha amañado, manipulado o tergiversado ningún informe en el ejercicio de su cargo. Tampoco ha realizado ningún acto arbitrario o discriminatorio contra personas con discapacidad, ni se ignoran sus derechos u obstaculiza su ejercicio en modo alguno. Tampoco se han producido dilaciones injustificadas en la aplicación de ninguna medida acordada en esta materia.

2. En el ámbito de la Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no se ha creado ningún grupo organizado con personas afines. Las retribuciones percibidas en esta Dirección General están en la media de las que se perciben por el resto del ministerio para los puestos del mismo nivel, tanto ahora como antes de ser nombrada Dª Belén Villar Sánchez como Directora General. Estas retribuciones tampoco van en detrimento de las que puedan corresponder al personal laboral del Departamento.

3. La normativa reguladora de la nueva Autoridad de investigación de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, cuya redacción propuso Dª Belén Villar Sánchez, exige que los candidatos a la Presidencia de dicho organismo deban ser expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad del transporte, condición que aquella no reúne por su titulación y experiencia en la Administración.

4. Dª Belén Villar Sánchez no se ha ofrecido para realizar una auditoría con la finalidad de encubrir a nadie o mostrar una verdad sesgada, sino que dicha auditoría fue llevada a cabo, como órgano competente, por la inspección general de servicios adscrita a la Dirección General de Organización e Inspección tras recibir la orden por la que se mandataba su realización.