Víctimas y proetarras, frente a frente en Estrasburgo

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derecho Humanos comenzó hoy poco después de las 08.15 horas la audiencia única sobre la «doctrina Parot», que podría dejar en libertad a 54 etarras

Diecisiete jueces, dos letrados vascos y al menos otros tantos ingleses representantes de la etarra Inés del Río y dos abogados del Estado en defensa del Gobierno serán hoy los protagonistas de la trascendental vista que se celebrará ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la decisión de siete magistrados que anularon la prolongación de la estancia de la terrorista (condenada a más de 3.800 años) hasta 2017 en aplicación de la «doctrina Parot», al entender que se aplicó una nueva ley con carácter retroactivo. En todo caso, la sentencia no se conocerá hasta pasado unos cuantos meses, situándose las previsiones más optimistas en torno a medio año. Una decisión trascendental para la política penitenciaria española y que, de no revocarse, supondrá la excarcelación inmediata de la sanguinaria Del Río, y, posteriormente, de no pocos de sus compañeros de la banda. En esta vista coincidirán representantes de víctimas del terrorismo, por un lado, y diputados de Bildu, representantes de Sortu y miembros del denominado «colectivo de presos» por otro. Así, entre los primeros está confirmada la presencia de María del Mar Blanco, Ángeles Pedraza y Daniel Portero, presidentes de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Asociación de Víctimas del Terrorismo y de Dignidad y Justicia, respectivamente. Varios representantes de Bildu, según confirmaron a este periódico fuentes próximas al tribunal, también se han acreditado. Todo ello, unido al elevado número de medios de comunicación que se prevén, hará que la sala del tribunal se quede pequeña, por lo que se habilitará otra donde seguir la vista a través de circuito cerrado de televisión. Entre los 17 jueces que formarán la Gran Sala no estará el magistrado andorrano Josep Casadevall, que fue quien presidió la sección que acordó por unanimidad anular la «doctrina Parot». En su calidad de presidente de sección tenía pleno derecho a formar parte de la misma como miembro nato (al igual que el presidente del TEDH y los de las distintas secciones), pese a que ya hubiese conocido del asunto. Sin embargo, también tiene la opción de no integrar ese tribunal, que es la opción que finalmente ha decidido de motu proprio. Quien sí estará en el tribunal será el magistrado español Luis López Guerra, quien también avaló la nulidad de la mencionada doctrina, ya que el juez del Estado contra el que se dirige la causa por supuesta vulneración de derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos debe formar parte del mismo. López Guerra ha estado siempre muy vinculado al PSOE, basta para ello recordar que fue magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, diputado en la Asamblea de Madrid y secretario de Estado de Justicia siempre a propuesta del partido socialista. En el caso donde se resolvió la demanda que interpuesto el ex secretario de Estado Rafael Vera contra España por su condena en el «caso Marey», decidió abstenerse y no participar al entender que podía estar «contaminado» por los cargos públicos que había desempeñado con anterioridad, aunque, posteriormente, sí lo hizo en la sentencia que confirmó la ilegalización de Batasuna, pese a que cuando el Supremo apartó de la legalidad a esa formación –por entender que formaba parte del entramado político de ETA– era secretario de Estado de Justicia, dependiente entonces de Juan Fernando López Aguilar.

El Gobierno, tal como ha venido anunciando este periódico, esgrimirá que la «doctrina Parot» no supone un cambio en la legislación, sino una nueva jurisprudencia establecida por el Supremo en lo que se refiere a la aplicación de los beneficios penitenciarios, por lo que no representa una pena adicional a los terroristas y demás delincuentes multireincidentes a los que se les ha aplicado. En defensa de esa tesis, en su recurso cita hasta nueve precedentes que vendrían a darle la razón. Junto a ello, aludirá al grave riesgo para la «seguridad» que puede suponer la mencionada doctrina, ya que conllevará la liberación en un plazo muy corto de tiempo de 54 etarras, 7 miembros del GRAPO y 14 delincuentes condenados por delitos muy violentos (asesinatos, violaciones, etc).