Moncloa y la Iglesia: carreteras paralelas para indemnizar a las víctimas

Hace una semana, desde Roma y tras reunirse con el papa Francisco, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, anunciaba que el plan de reparación integral para las víctimas de la pederastia eclesial estaba prácticamente listo. Es más, está previsto que se dé luz verde el próximo 1 y 2 de julio, en la reunión de la Comisión Permanente de los obispos. Una de las medidas principales de esta hoja de ruta es la creación de una comisión de especialistas de diferentes áreas que evalúen, indemnizaciones incluidas, aquellos casos prescritos por la justicia civil y cuyos depredadores hayan fallecido.

En paralelo, este viernes el vicepresidente del Episcopado y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, anunciaba que a la vuelta de las vacaciones celebrará en la capital española «un acto sencillo de reconocimiento a las víctimas de abuso». Según relató en la clausura del I Congreso Internacional Jordán sobre los abusos organizado por la Compañía de Jesús, incluirá un momento de oración «reconociendo nuestros errores. Expresaremos que queremos seguir acompañando a todas las víctimas, poniéndolas en el centro de todo, teniéndolas como compañeras de camino, aprendiendo un poco más de ellas cada día, para poder seguir avanzando en una cultura del buen trato y del respeto dentro y fuera de la Iglesia».

Así pues, la Iglesia pisa el acelerador a final de curso en materia de justicia restaurativa después de elaborar el estudio «Para dar luz», que aglutina las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo, promovido por Moncloa, y de la auditoria que los propios obispos encargaron al bufete Cremades & Calvo Sotelo. Precisamente, las dos acciones anunciadas por Argüello y Cobo coinciden con las dos propuestas estrella expuestas por el Ministerio de la Presidencia, capitaneado por Félix Bolaños, en el denominado «Plan de respuesta e implementación» del informe elaborado por el equipo de Ángel Gabilondo. Es más, a priori, tras un análisis del documento son las dos únicas «medidas clave», como se denominan en el texto, de las 25 incluidas que tienen que ver directamente con la Iglesia. Y es que el resto de iniciativas, vinculadas a la protección y prevención de la infancia, no hacen mención explícita alguna a la pederastia eclesial y bien podrían estar en cualquier otro proyecto vinculado a violencia sexual en niños y adolescentes.

Ambas instituciones coinciden en la creación de un equipo de expertos que atienda una a una a las víctimas en sus demandas de reparación, así como un acto público. Sin embargo, difieren en su aplicación. Desde Moncloa hacen suya la petición de Gabilondo de crear «un órgano especial de carácter temporal» integrado por «especialistas que exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica». El Gobierno contempla que la Iglesia no colabore, por lo que establecería «un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctima y las medidas reparadoras» asumidas por el Estado y las autonomías.

Lo que sí obvia el «Plan de respuesta e implementación» es una de las sugerencias que realizaba Gabilondo en su informe: la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas. A priori esta «hucha» requeriría de la participación de la Iglesia, una opción que los obispos no vieron con buenos ojos. «Si se constituye un fondo de compensación para reparar desde las autoridades públicas, colaboraremos si ese fondo también se presta esa atención necesaria a todas las víctimas de los abusos, no solo a las de la Iglesia», sentenció el pasado mes de octubre el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Toledo, César García Magán.

Este trabajo en paralelo de la Iglesia y el Gobierno podría generar no pocos desencuentros y quebraderos de cabeza en breve, especialmente para las víctimas. En el caso, como así parece, de que la comisión promovida por los obispos se adelante en tiempo al órgano estatal, habrá víctimas que reciban la correspondiente atención, dictamen y cuantía económica que determine la Iglesia. Eso, teniendo en cuenta que, según ha podido saber este periódico, el expediente de la comisión eclesial no sería vinculante. O lo que es lo mismo: cada diócesis o congregación afectada podría decidir si asume su resolución.

En cualquier caso, una vez que está evaluado el caso, ¿esa víctima puede o debe pasar por el órgano promovido por el Ministerio de Presidencia para ratificar o enmendar a la Comisión de los Obispos? ¿Cuál de las dos gozará de legitimidad definitiva? La respuesta está hoy por hoy en el aire. De momento, al parecer, en estas últimas semanas, varios técnicos tanto de Moncloa como del Episcopado habrían mantenido contactos para confluencias en este empeño por reparar de manera integral a las víctimas.

Esas mismas aristas en materia de indemnizaciones también podrían convertirse en espinas en las posibles acciones públicas de unos y otros. En materia institucional, el acto organizado por el cardenal Cobo se circunscribe solo a la Archidiócesis de Madrid, pero al realizarse en la capital española, siempre adquiere una relevancia mayor que algún otro realizado previamente, como en Bilbao. De la misma manera, el acto madrileño estaba previsto antes de la programación gubernamental.

Así, la presencia o no de autoridades civiles, sean locales, regionales o estatales, así como los colectivos de las víctimas le dará una mayor o menor legitimidad. De la misma manera, el fondo y forma que tenga el evento de Moncloa puede convertirse en elemento reconciliador de la Iglesia con las víctimas o en un arma arrojadiza con tintes políticos. El «Plan de respuesta e implementación» de Bolaños busca que participen «las víctimas y/o supervivientes y sus familias, voluntariamente si así lo desean». «El objetivo de esta medida es el reconocimiento del prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, durante el cual los poderes públicos no establecieron procedimientos adecuados de detección y reacción frente a los abusos sexuales de personas menores de edad cometidos en centros escolares dependientes de la Iglesia católica», se lee en el texto.