Sanidad ignoró una lista de proveedores fiable para las compras

El Ministerio de Sanidad no podrá alegar que carecía de suficiente información sobre proveedores fiables en el mercado nacional e internacional de todo tipo de equipos de protección y de productos como, por ejemplo, las bombas de infusión, los test o los respiradores de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS).

Según ha podido saber LA RAZÓN, nada más estallar la pandemia la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) puso en conocimiento del departamento que dirige Salvador Illa listados exhaustivos en los que aparecían los fabricantes nacionales e internacionales, y los principales importadores de mascarillas, batas, guantes, botas y equipos de protección individual (EPI), así como de otros materiales que, a su juicio, iban a resultar fundamentales en la lucha contra el Covid 19, tal y como pudo verse después.

Dicha información fue remitida al Ministerio antes de la entrada en vigor del estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo, y se ha ido actualizando regularmente por la patronal después de esa fecha con el ánimo de contribuir a la rápida llegada de equipos y evitar así la carestía que empezaba a registrarse en la mayor parte de los centros sanitarios del país durante la peor fase de la pandemia. Carestía que ha provocado, por ejemplo, que España sea el estado con el mayor número de profesionales infectados, alcanzando la cifra de 35.295.

Además de la lista de proveedores, la documentación enviada incorporaba los principales productos que fabrica o importa cada uno, especificaciones técnicas sobre las características de los mismos y los requisitos que tenían que cumplir en función de las necesidades. La patronal disponía de esa información por las empresas que la integran y porque ella y dichas empresas mantienen contacto regular con las oficinas económicas de las embajadas. Los proveedores incluidos en los listados son compañías rigurosas en la fabricación de productos sanitarios que cumplían la legislación, tal y como podían acreditar las oficinas comerciales en el extranjero.

Fuentes de toda solvencia indican a este periódico que algunas direcciones generales del Ministerio llegaron a contactar con esos proveedores. Algunos importadores y distribuidores eran empresas fiables pero pequeñas, por lo que pedían cartas de pago cuando Sanidad entraba en contacto con ellos, pero el Ministerio no adelantaba el dinero, lo que abortó varias operaciones e impidió la llegada de material.

Fuentes sanitarias explican que esa parsimonia de la Administración Central fue la que llevó a las comunidades a moverse por su cuenta en los mercados. La mayoría no ha tenido problemas por la compra de materiales defectuosos como los test o las mascarillas que el Ministerio tuvo que retirar del mercado porque acudieron a proveedores recomendados por Fenin, que acreditaban que sus productos cumplían los requisitos exigidos por la ley. Mientras esto ocurría, Sanidad optaba en cambio en algunos casos por proveedores poco o nada fiables, que no figuraban en la lista avalada por la patronal, pagando incluso precios desorbitados, como se ha comprobado con las compras de test y mascarillas de mala calidad, y como han confirmado varias de las operaciones que el Ministerio tuvo que hacer públicas en cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ninguna de las empresas «fake» fue recomendada por Fenin.

La ceremonia de la confusión de este Ministerio durante la primera quincena de marzo llevó al Gobierno a tomar cartas en el asunto. En el principio de la pandemia, los órganos de Sanidad más volcados en las compras fueron la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, encabezada por Patricia Lacruz, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dirigido por Alfonso Jiménez Palacios. La primera Dirección General fue una de las principales responsables de la compra a la empresa china Bioeasy Biotechnology de una partida de 659.000 kits de diagnóstico rápido de coronavirus a través de un intermediario de Barcelona pero con sede en Madrid llamado Interpharma, por un importe acordado de 17,143 millones de euros. El Gobierno tuvo que devolver los test después de que se detectara que las muestras practicadas en tres hospitales eran defectuosas. Posteriormente, otros Ministerios pudieron comprobar que sí había test de diagnóstico fiables en el mercado internacional en ese momento, según fuentes sanitaarias.

A esta dirección general también se le imputa la compra de otra partida de mascarillas «fake» que fueron utilizadas por centenares de sanitarios en varias comunidades autónomas, corriendo serio riesgo de contagio. A mediados de mes, representantes de varios ministerios, entre ellos Hacienda, Industria y Transporte, desembarcaron en la sede del Ingesa y, según fuentes sanitarias, «tomaron» literalmente una de sus plantas para encargarse de las compras de material. Algunos de estos ministerios sí actuaron diligentemente e intentaron prestar soporte a empresas recomendadas por Fenin. Es el caso de Industria con Hersill, la compañía de Móstoles que fabrica respiradores. Industria ayudó a dicha empresas a lograr componentes para producir más equipos de ventilación.

Otro de los problemas de las compras del Gobierno es que cuando él es el comprador los materiales no son verificados por Aduanas, en donde hay técnicos cualificados en el análisis de las mercancías que llegan. Esto ha provocado la entrada de productos ajenos a la normativa.