Sanidad pedía en marzo aislar a los ancianos infectados en las residencias

El Ministerio de Sanidad ha sido a lo largo de esta crisis el primer defensor del aislamiento de los ancianos que enfermaban dentro de las residencias. El 5 de marzo, ya en pleno estallido de la pandemia de coronavirus en España, el departamento que dirige Salvador Illa era consciente del impacto que podía tener la patología en las personas de mayor edad e hizo público un primer informe oficial al respecto que debía servir de guía tanto para esas residencias como para los responsables sociosanitarios de las autonomías en las que se emplazaban.

Se trataba de un documento técnico de recomendaciones para el Covid-19 en el que se proponían medidas con el fin de garantizar la protección de la salud de los residentes. En la página 5 del informe, el Ministerio establecía que «como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferentemente al exterior) e idealmente con un baño propio».

El texto añadía que «las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán llevar una mascarilla quirúrgica. Se han de seguir estrictamente los protocolos que dispongan los centros sociosanitarios para la prevención de enfermedades transmitidas por vía aérea (como la gripe)». Como medida de precaución, recomendaba además «que todo residente con sintomatología respiratoria que vaya a ser atendido por un trabajador lleve una mascarilla quirúrgica», y pedía «informar a los residentes y trabajadores sobre las acciones que se están tomando para protegerlos» porque, según aseguraba, «la transparencia es la mejor aliada de la confianza».

El documento hacía hincapié en que «el SARS-CoV-2 afecta de forma más grave a mayores de 65 años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardiaca) y en menor medida con patología respiratoria crónica y diabetes».

Remarcaba incluso que «la mortalidad aumenta con la edad», aludiendo a un estudio realizado en China en el que en la franja de entre 60 y 69 años ésta era del 3,6%, para elevarse hasta el 8% en el tramo de entre 70 y 79 años, y hasta el 14,8% a partir de los 80 años. «Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por Covid-19 por varios motivos: habitualmente presentan patología de base o comorbilidades; suelen presentar edad avanzada; tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes, y suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente vulnerable», subrayaba.

A pesar de ello, en sus ocho páginas el documento no recomendaba ni una sola vez la derivación de los infectados al hospital. De hecho, insistía en la permanencia en el centro o residencia de los residentes que pudieran haber sido contacto de un caso de Covid-19, y pedía «restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación», exactamente igual que lo recomendado para los ancianos con sintomatología respiratoria aguda. De hecho, remarcaba que «no es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es bueno».

No es éste, sin embargo, el único documento dictado por el Ministerio de Sanidad sobre las residencias en el que aboga con carácter general por el aislamiento de los residentes frente a su derivación al hospital. La orden SND/26572020 publicada en el BOE el 21 de marzo, una vez declarado el estado de alarma y en plena eclosión de casos, regula medidas relativas a residencias de mayores y centros sociosanitarios para reducir el riesgo de contagio de Covid-19, así como para «tratar de la forma más adecuada a las personas que sufran esta enfermedad».

Esta norma clasificaba a los residentes en cuatro grupos que abarcaban desde aquellos sin síntomas y sin contacto estrecho con un caso posible o confirmado de Covid-19, hasta los casos confirmados de esta enfermedad, pasando por residentes sin síntomas, «en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de Covid-19» y por «residentes con síntomas compatible con el Covid-19». De hecho, pedía a los centros que hicieran esta clasificación en el plazo de un día. La orden remarcaba que «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado del resto de residentes». Si hubiera más y no fuera posible el aislamiento individual, «puede recurrirse al aislamiento por cohorte».

El documento remarcaba que «en el caso de residentes con diagnóstico Covid-19 confirmado, debe ser aislado del resto de residentes» y «en el caso de que haya más de un residente con infección confirmada por Covid-19 puede recurrirse al aislamiento por cohortes». Sanidad apostaba incluso por el «aislamiento vertical o por plantas como criterio de agrupación preferible», en el caso de que las condiciones del centro lo permitieran. El documento incluía un apartado de medidas para el diagnóstico, seguimiento y derivación del Covid-19.

Establecía que «con carácter general, y siempre que exista disponibilidad, deberá realizarse la prueba diagnóstica de confirmación a los casos que presenten síntomas de infección respiratoria aguda para confirmar posible infección por Covid-19». Añadía que «para ello el personal de la residencia deberá ponerse en contacto con el centro de atención primaria asignado, que actuará de forma coordinada con el médico de la residencia si se cuenta con este recurso.

Tras una primera valoración del caso y si presenta síntomas leves, el paciente permanecerá en aislamiento en la residencia, garantizando que se realiza seguimiento del caso». De forma subsidiaria, establecía que «no obstante, si se cumplen criterios de derivación a un centro sanitario, se activará el procedimiento establecido para tal efecto».