Un 57% de los sanitarios admite que se aplicaron triajes a enfermos durante la pandemia

Aunque desde principios de junio el Ministerio de Sanidad no proporciona ya datos, en aquellas fechas España era el país con el mayor número de trabajadores sanitarios infectados de todo el planeta. La falta de equipos de protección para atender a la avalancha de enfermos que llegaba a los hospitales durante la pandemia causó estragos en las plantillas y ha sido motivo de querellas criminales interpuestas contra el Gobierno por la falta de previsión en la adquisición de EPIS y otros productos como guantes o mascarillas, entre otros muchos.

El informe “los profesionales sanitarios frente a la Covid-19. La reforma necesaria del Sistema Nacional de Salud”, que se presenta hoy, revela previsamente que un 31% de los sanitarios no dispuso de equipos de protección adecuados cuando los necesitó y que el 71% asegura que no hubo recursos suficientes para identificar a los que estaban contagiados.

El documento, impulsado por la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) confirma que la pandemia ha supuesto una prueba de estrés para el sistema sanitario español y obtiene importantes conclusiones, tras sondear a los trabajadores y obtener 2.495 respuestas.

Los resultados ponen en concreto de manifiesto una gran falta de previsión, ausencia de recursos y una alta tasa de infección, sobre todo en enfermería. El 86% de los sanitarios desconocía, por ejemplo, la existencia de un plan de contingencia contra pandemias en su centro sanitario. Del 69% de los que dispusieron de equipos de protección, más de la mitad contó con ellos dos semanas después de la declaración del estado de alarma. Un 73% de los encuestados sostiene además que faltaron recursos para el diagnóstico de la Covid-19 en pacientes sospechosos. Un dato llamativo es que el 57% de los sondeados afirma que en sus centros de trabajo se establecieron criterios explícitos para limitar el esfuerzo terapéutico (no ventilación mecánica/cuidados intensivos) basados en la disponibilidad de recursos y las características del paciente (edad, comorbilidades, etc.). En la mayor parte de los casos, no se contó con el Comité de Ética del centro o se desconocía este hecho, según informa la Fundación.

“Una de las cuestiones que ha alcanzado mayor unanimidad entre los encuestados es en señalar que lo que mejor ha funcionado durante la crisis ha sido la actuación de los profesionales sanitarios y el trabajo en equipo, mientras señalaban a la Consejería y al Ministerio de Sanidad como lo que peor ha funcionado”. El departamento que dirige Salvador Illa ha sido la administración peor valorada, con un 3,6 en una escala del uno al diez. Las consejerías de Salud autonómicas recibieron una nota media de 4,3 puntos. El Ministerio fue, según los sondeados, la administración que actuó con más retraso. Así lo afirma un 92%.