Mónica García y su tribunal sanitario de la Inquisición

Con un Gobierno tan autocrático como el actual, pendiente siempre de eclipsar al resto de poderes del Estado que le hacen sombra, no resulta extraño que uno de sus ministerios, el de Sanidad, se descuelgue ahora con el anuncio de erigirse en paladín de la lucha contra el fraude y la corrupción. En lugar de volcar todos sus esfuerzos en la que debería ser su verdadera razón de ser, la salud global de unos ciudadanos que sufren en sus carnes listas de espera históricas para operarse en todo el país y un retraso tercermundista en la incorporación de los medicamentos innovadores, Mónica García y sus altos cargos sitúan el foco en esa lucha contra lo que consideran el lado oscuro de los sanitario, como si su auténtica labor fuera la de actuar como un tribunal inquisitorial en vez de como facilitadores de un mayor bienestar de los ciudadanos ante la enfermedad.

En este contexto hay que situar el plan estratégico que emana de un observatorio creado a tal efecto. No un plan para reducir las demoras quirúrgicas o las barreras a la innovación terapéutica, sino contra la corrupción. Nadie espere de esta hoja de ruta acción alguna contra las prácticas irregulares o dudosas que emanen de instancias administrativas sanitarias colonizadas por la izquierda. No habrá pesquisas sobre compras de materiales como las realizadas en la época de Illa a empresas sin domicilio conocido o pagando sobreprecios desproporcionados, o las que protagonizó el Ingesa, órgano de infausto recuerdo durante la pandemia. Tampoco se sabrá nada de aquellos respiradores adquiridos en Granada por 30.000 euros la unidad cuando no valían entonces más de 18.000, ni habrá palabra alguna sobre lo hecho por Ábalos y Koldo. El objetivo de todo será atacar a Díaz Ayuso, la pieza a batir. Tiempo al tiempo.