Avalancha de pacientes extra para la sanidad pública

La «resiliencia», esa palabra que el progresismo de salón puso tan de moda durante la pandemia, cobra su máximo esplendor en la Sanidad pública. Esta semana, el sindicato CSIF ha hecho público que 65.000 funcionarios han abandonado el modelo Muface en lo que llevamos de año, lo que equivale a decir que han renunciado a recibir asistencia de clínicas y hospitales concertados por el deterioro que sufre el modelo ante la insuficiencia financiera al que le somete el Gobierno. Son 65.000 pacientes potenciales más para un sistema público que, a la vista de los datos que empiezan a llegar de las autonomías, no parece haberse resentido. Meras apariencias.

Créanme si les digo que si la Sanidad pública no ha sentido aparentemente el golpe todavía, lo hará, porque se encuentra ya desbordada ante el crecimiento de la demanda, el envejecimiento poblacional, la falta de profesionales y la ausencia de la inyección financiera que necesita para mantenerse en pie con garantías. Como indica la tendencia, el goteo irá a más ante la insólita pasividad de las autoridades sanitarias y el letargo de las autonomías, que son a la postre las que deben ofrecer el servicio.

Esta señal de alarma se ha sabido en la semana en la que el Congreso ha dado luz verde, con varias enmiendas del PP, a la tan cacareada Agencia Estatal de Salud Pública, cuya creación le ha llevado al Gobierno cinco años desde que Salvador Illa, cuando era ministro, la prometiera. El éxito de este nuevo órgano dependerá de muchos factores que van desde la elección del nuevo equipo directivo hasta su ubicación. Desde luego, sacarla de Madrid no parece muy operativo porque sin presupuestos adecuados –como parece que ocurrirá– supondría desvestir a un santo –básicamente del Instituto Carlos III– para vestir a otro.