El Gobierno no ha hecho acopio de materiales para una segunda oleada

Aunque el estallido de la pandemia de coronavirus fue avisado con suficiente antelación por organismos internacionales como los centros europeos de investigación o la Organización Mundial de la Salud (OMS), la eclosión de casos de COVID-19 sorprendió el pasado mes de marzo a España sin equipos de protección individual (EPIS) suficientes para la población y para los sanitarios que habían de protegerla.

La falta de mascarillas, guantes de nitrilo, trajes especiales, test o dispositivos de ventilación mecánica para los enfermos críticos ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCIS) multiplicó el caos aquellos días y llevó a España a figurar en la lista negra de los países peor parados de todo el planeta. A día de hoy, ocupa el tercer lugar en tasa de mortalidad por millón de habitantes –sin contar los fallecidos en residencias y domicilios–, figura entre los seis estados con más ciudadanos contagiados y es el que registra un mayor número de profesionales de la salud que han dado positivo en las pruebas de detección.

Ahora, la historia puede volver a repetirse. A pesar de la multiplicación de los rebrotes en esta nueva fase de «normalidad» y de que no son pocas las voces científicas que prevén una segunda oleada de contagios y muertes a la vuelta del verano, cuando desciendan de nuevo las temperaturas y el SARS-CoV-2 recobre la carga viral perdida en estos meses, el Gobierno sigue sin contar con materiales suficientes para hacer frente a la nueva amenaza.

El acopio que demandaba la OMS allá por febrero todavía no se ha producido al ritmo que requiere la evolución de la pandemia. De hecho, pese a los anuncios formulados de manera pública por el presidente del Gobierno y por el ministro de Sanidad, nuestro país no ha creado la tantas veces citada reserva estratégica de materiales, en previsión de que vuelvan de nuevo la carestía, los desabastecimientos y las tensiones comerciales en los mercados internacionales por la demanda de todos los países.

A principios de junio, Salvador Illa anunció la puesta en marcha de esta reserva. Según dijo, el Gobierno había empezado a hacer «acopio» de materiales en los que figurarían, por ejemplo, los respiradores que tanto se necesitaron en los hospitales durante los meses de marzo y abril. Aunque admitió que aún había «problemas con algunos items», como los guantes, aseguró que del resto de materiales España contaba con «stocks».

«Estamos bastante mejor preparados para hacer frente a una segunda oleada en octubre o noviembre», aseveró. Semanas más tarde, el 20 de junio, Pedro Sánchez afirmó que «el Estado está preparando, entre otras cuestiones, una reserva estratégica con productos esenciales para hacer frente a posibles futuras emergencias sanitarias en nuestro Sistema Nacional de Salud. Una reserva estratégica que ha de complementar las reservas que deben constituir las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias vinculadas con la sanidad y la salud pública. Estamos vigilantes», enfatizó.

A pesar de estos anuncios, LA RAZÓN ha podido saber que esta reserva a la que aluden tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Sanidad no solo no existe, sino que ni siquiera se ha comenzado a constituir. La vuelta a la normalidad legislativa tras el fin del estado de alarma obliga a la administración a acometer lo que se denomina un acuerdo marco para la adquisición de los materiales y equipos que deberían formar parte de esa reserva estratégica anunciada. Fuentes no oficiales del Ministerio de Sanidad aseguran que dicho acuerdo marco no está aún redactado y no va a estarlo, al menos, hasta bien entrado el mes de julio.

«Optimización de recursos»

¿Qué es el acuerdo marco y por qué resulta imprescindible para la puesta en marcha de la reserva estratégica? Según fuentes sanitarias, este acuerdo es un modelo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público que persigue, entre otras cosas, la homologación de empresas y de productos. El objetivo fundamental es la «optimización» de la gestión de los recursos públicos.

Se trata de un procedimiento abierto, lo que quiere decir que va destinado a todo aquel a quien pueda interesar. La legislación establece que durante el periodo de tiempo en el que esté vigente dicho acuerdo marco no puede acceder al procedimiento de compra ninguna empresa ni producto que no haya estado en el momento de la licitación inicial. En principio, el órgano del Ministerio que tiene encomendado el arranque de esa reserva estratégica es el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), envuelto en la polémica durante la primera fase de la pandemia por las compras tardías y en numerosas ocasiones con sobreprecios o defectuosas de todo tipo de productos y materiales como mascarillas, batas, guantes y hasta dispositivos de ventilación mecánica.

La puesta en marcha de una reserva estratégica a través del acuerdo marco implica que se lance la licitación con los productos que se necesitan detallando sus especificaciones técnicas, así como que se fije un plazo para la presentación de ofertas. Las mismas fuentes dudan de que dé tiempo a hacerlo incluso este mes de julio. La apertura de este proceso daría pie a que se presentaran luego las empresas interesadas con los productos que se ajusten a esas especificaciones y los precios propuestos.

Así pues, el Ingesa debería homologar productos, precios y empresas, y las empresas adjudicatarias tendrían que entregar los productos cumpliendo esas condiciones y en los periodos de tiempo que se fijen en el acuerdo. El periodo de entrega puede oscilar, estableciendo por ejemplo una vigencia inmediata, lo que llevaría aparejado un rápido almacenamiento del producto suministrado, o en un plazo de un año o superior, dependiendo de la fecha fijada. Las mismas fuentes explican que la idea de Ingesa es establecer un procedimiento de urgencia, con el fin de agilizar la licitación y acortar los plazos de entrega, pero hasta que no se apruebe el acuerdo marco el proceso no podrá iniciarse.

Un proceso que lleva sus plazos mientras el tiempo empieza a echarse encima y crece el riesgo de una segunda oleada. Los materiales adquiridos hasta ahora por el Gobierno durante el estado de alarma han ido rellenando algunas de las carencias que se iban produciendo en el momento presente, pero no permitirán apenas engrosar la futura reserva estratégica. Faltan, por ejemplo, mascarillas. Como ya informó este periódico, más de tres meses después de que se anunciara un megacontrato con China por importe de 432 millones «pagado en su integridad», el Gobierno apenas había repartido hasta el pasado 18 de junio 135,6 millones de los 550 millones de mascarillas que en marzo dijo que llegarían «en ocho semanas».

Faltan también guantes de nitrilo en todas las comunidades y los especialistas en medicina intensiva y en anestesiología consultados por este periódico aseguran que apenas unos cientos de los 4.693 dispositivos de ventilación mecánica invasiva que el Gobierno asegura que ha adquirido hasta la fecha son válidos para su uso prolongado en las UCIS con pacientes graves de Covid-19.