Sociedad

Las próximas semanas de pandemia y la Comisión de Deconstrucción de la Sanidad

Más que construir se han retomado ideas sectarias de antiguos “doctrinarios” que viven al margen de la realidad desde hace tiempo. Y quien lo ha suscrito ha entrado en ese juego en estos aspectos.

Sanitaria preparándose para atender a pacientes de Covid-19 en la UCI del Hospital Clínico de Barcelona
Sanitaria preparándose para atender a pacientes de Covid-19 en la UCI del Hospital Clínico de BarcelonaNACHO DOCEREUTERS

Cuando el Gobierno se decidió a decretar el estado de alarma, aplicándose las duras medidas de confinamiento, continuó, ya con esta regulación en marcha, una carrera contra el tiempo para salvar vidas. Cada día, cada hora que se esperó, por desconocimiento, o porque no se tuvo en cuenta que ya estábamos en transmisión comunitaria, aumentaba en casi un 40% el número total de casos y los potenciales fallecidos. Gracias a estas medidas se redujeron drásticamente los nuevos contagios, se alivió progresivamente el Sistema Sanitario y la presión que soportamos los trabajadores del todo el sistema sanitario, especialmente en los Hospitales, y se redujo la tasa de letalidad. Así mismo ganábamos en capacidad logística en lo referente a test, mascarillas, trajes, respiradores y todo aquello que no se tuvo en cuenta previamente.

El confinamiento ha tenido efectos adversos, reconocidos, tanto desde el punto de vista sanitario como socioeconómico. Su finalización y la entrada en esta nueva etapa no supone que el virus haya desaparecido. Sólo significa que debemos aprender a convivir con él hasta que haya un tratamiento eficaz o una vacuna segura. Durante este tiempo se ha venido produciendo una revolución desde el punto de vista científico, con expectativas de vacunación en un tiempo menor al habitual, algunas alternativas de tratamiento, aunque no curativas, y un conocimiento de perfiles clínicos y de manejo que no teníamos. La publicación de la Comunicación Hoja de Ruta Común Europea para el levantamiento de las medidas de contención de la Covid-19, presentada el pasado 15 de abril de 2020 por la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, indujo a los Estados Miembros de la Unión Europea a planificar las distintas fases que permitieran reanudar las actividades económicas y sociales, minimizando cualquier repercusión sobre la salud de las personas y reduciendo el riesgo de sobrecargar los sistemas sanitarios. Se establecieron tres conjuntos de criterios para flexibilizar el confinamiento: epidemiológicos, suficiente capacidad de los sistemas de salud, y una capacidad de seguimiento adecuada, con la realización pruebas a gran escala para detectar y vigilar la propagación del virus, combinada con el rastreo de los contactos y la posibilidad de aislar a la población en caso de reaparición y ulterior propagación de la infección. Era previsible que existieran brotes tras el fin del estado de alarma. La estrategia principal es que todo el Sistema Sanitario, y todas las Administraciones, incluyendo los Municipios, y también las Empresas, pusieran todos los medios en la detección precoz de posibles contagios, el rastreo de sus posibles contactos, y el volcado y comunicación precoz a los Departamentos de Salud Pública. Simultáneamente se puso en marcha en el Congreso de los Diputados la llamada Comisión de Reconstrucción, denominada a partir de hora de «Deconstrucción» en lo referente al apartado de recursos Humanos, entre otros. Más que construir se han retomado ideas peregrinas sectarias de antiguos «doctrinarios», que viven al margen de la realidad desde hace tiempo. Y quien lo ha suscrito ha entrado en ese juego en estos aspectos.

Esta semana de finales de julio tenemos más de 200 brotes, acompañados de un aumento de la incidencia acumulada de contagios, de las hospitalizaciones, y la constatación de transmisión comunitaria en dos zonas. Respecto a la clarificación del marco competencial y de gobernanza para hacer frente a un posible incremento de casos, vista la experiencia de lo acontecido en aquellos lugares con transmisión comunitaria demostrada como el Segriá en Lérida y Barcelona y su área metropolitana, cabría recordar lo recomendado por la Comisión Europea: «Los estados de emergencia generales que otorgan competencias excepcionales al Gobierno deben ser sustituidos por intervenciones más específicas de los Gobiernos». Debería ya existir una regulación ágil y no interpretable, solidaria y automática, teniendo en cuenta que cada día, cada hora que esperamos para tomar medidas, esta amenaza continúa propagándose exponencialmente. El número de pacientes asintomáticos en porcentaje es mucho mayor, ligado a la identificación de contactos y la mayor capacidad diagnóstica. Cabe preguntarse si la afectación de muchos de nuestros vulnerables en la primera ola, y la toma de conciencia de las medidas de autoprotección de las personas susceptibles, están influyendo en los perfiles que se están atendiendo en los hospitales. Además, la infección por SARS-CoV-2 activa el sistema inmune humoral induciendo la generación de anticuerpos neutralizantes en títulos elevados en la mayor parte de los casos, aunque aún no está clara su duración. A esto podríamos añadir algunas evidencias de la existencia de inmunidad innata celular, lo que hace intuir, y es una hipótesis, que en realidad el porcentaje de inmunidad global pueda hasta triplicar las cifras conocidas. Puede ser interesante seguir las recomendaciones de la Sociedad Española de Inmunología sobre la posibilidad de hacer estudios de inmunidad celular de carácter longitudinal al menos en aquella población que ha «perdido» la inmunidad humoral.

El perfil de los brotes es de tres tipos. El más frecuente, asociado al ocio, reuniones familiares y aglomeraciones. Es preciso constatar la lección de educación y civismo que están dando nuestros mayores. Tomemos nota. Al virus le gustan las fiestas y podemos compartirlo en reuniones, piscinas o playas tan fácilmente como la crema solar si nos aglomeramos. Respecto a sus gustos deportivos no tiene colores. Se unirá a cualquier celebración deportiva o de otro estilo donde existan concentraciones. La principal vía de transmisión entre humanos es por contacto y gotas respiratorias. El segundo tipo, previsible, asociado a trabajadores esenciales de centros agropecuarios, en relación con la recogida de la fruta u otro tipo de empresas. Es obligado garantizar que no se facilitan contagios por las pésimas condiciones de habitabilidad. Y un tercero posible, pero real, es la transmisión importada. Sería ideal la realización de PCR en origen. Y, al menos, en destino, hacerlo con aquellas personas que acuden de países con elevada incidencia de la enfermedad.

Ya que hay quien no se ha enterado en la Comisión de Deconstrucción, el virus no concilia, no duerme, no se va de «finde» ni de vacaciones. Es preciso encontrar el estándar idóneo de rastreadores. Pero el perfil no es médico. Algunos sectarios no se enteran. Y anteponen sus propios intereses al interés general, incluso ahora. Los municipios existen, los teleoperadores existen, la enfermería existe, las protecciones civiles existen. La Ley General de Salud Pública existe desde el año 2011. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias existe, no la manoseéis más para servir a intereses rastreros y estafar de nuevo a los profesionales a su costa y de los ciudadanos. Los profesionales de Urgencias y Emergencias existen, y siguen sin ser reconocidos. El Estatuto Marco existe, con escasas necesidades de corrección, como que haya un mecanismo sancionador a las Administraciones por no convocar plazas cada dos años, y lo haría compatible con la reciente sentencia europea acerca de los interinos. Es evidente que las medidas extraordinarias de confinamiento no pueden mantenerse indefinidamente. Era y es necesario realizar una evaluación continua de su proporcionalidad a medida que evoluciona nuestro conocimiento del virus y de la enfermedad. Y, como se dijo desde un principio, seguimos en una guerra contra el tiempo para salvar vidas, pero también para atenuar la catástrofe socioeconómica.

Dr. Juan González Armengol, presidente de SEMES