La vuelta a las aulas, la gran amenaza para la familia de Rosa

Rosa Caiza, una mujer ecuatoriana de 37 años, nacionalizada española y madre de tres hijos en edad escolar, no escuchó la promesa que Pedro Sánchez lanzó en televisión el pasado 25 de agosto: «Vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de Covid-19, mucho más seguros que lo que pueda ser un parque infantil al lado de nuestra casa». Pero, de haberlo hecho, es más que probable que Rosa no hubiese creído una palabra al presidente del Gobierno. Desconfía de los políticos y sus cantos de sirena, y además bastante tiene ya con lidiar cada día con los numerosos obstáculos que la vida, tan cruel a veces, ha levantado en su camino. El último, la inminente vuelta al colegio de sus hijos: Omar, de 12 años; Saúl, de ocho, y David, de cuatro. Todos ellos padecen diferentes síndromes y patologías, algunas muy poco comunes y de difícil curación, y Rosa duda seriamente si enviarlos a la escuela porque siente pavor a que ellos también se contagien del virus. Y motivos no le faltan para ello.

Su padre, de sólo 59 años, murió por coronavirus en la UCI de un hospital madrileño a mediados de abril, y ni siquiera pudo despedirse de él. Su madre, de 56, estuvo ingresada una semana en el mismo centro hospitalario, el Clínico San Carlos, con síntomas compatibles con el virus, pero le dieron el alta sin hacerle ningún test, pese a su manifiesta dificultad para respirar, y la mandaron de vuelta a casa de su hija, donde ahora permanece aislada en una habitación hasta que conozcan los resultados de la prueba PCR que, por fin, le practicaron esta misma semana, y que suelen demorarse unos 10 días.

«Nos tememos lo peor, porque, pese a su juventud, se sigue fatigando mucho al caminar y le cuesta respirar», explica Rosa, asomada a su mascarilla quirúrgica en el salón de su modesta casa de Carabanchel, un barrio obrero del sur de Madrid. Su marido, Rafael, que asiste a la conversación como un convidado de piedra –muy serio, tal vez porque está inmerso en un ERTE y apenas ingresa 500 euros al mes, con los que a duras penas cubre los gastos de la hipoteca–, sólo rompe su silencio para mostrarse partidario de que los niños vuelvan la próxima semana al «cole»: «Siempre te queda la incertidumbre de que se puedan contagiar, pero es importante que se relacionen con chicos de su edad», sentencia.

Omar, el mayor, sufre de asma. David, el más pequeño, padece el llamado síndrome de Noonan, un trastorno genético que impide el desarrollo normal en varias partes del cuerpo, y que se manifiesta, por ejemplo, en una baja estatura, unos rasgos faciales inusuales o problemas cardíacos. Además, acude semanalmente a un logopeda privado para vencer su dificultad a la hora de expresarse, un lujo que la familia no podría permitirse si no fuera por la beca para Escolarización de Necesidades Especiales que le concedió la Comunidad de Madrid, dotada con 850 euros repartidos en un periodo de 10 meses. Y Saúl, el mediano, presenta un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), caracterizado por falta de atención, impulsividad y una actividad habitualmente frenética. «Fue el que peor nos lo hizo pasar en el confinamiento», recuerda su madre, que, pese a tantos infortunios y calamidades, aún conserva una pizca de sentido del humor. «Cuando se aburría, que no pasaba muy a menudo, le sacábamos el cuaderno de matemáticas, porque le encantan los números. Y cuando no paraba de aquí para allá, lo montábamos en la bici estática, a pedalear hasta que se agotaba», cuenta Rosa.

«Al que más miedo me da mandar a la escuela es a David, el pequeño, porque por su síndrome de Noonan padece varias patologías, y tenemos que visitar con frecuencia al neumólogo y al cardiólogo», añade su madre.

La Fiscalía General del Estado recordó esta misma semana a los padres que la escolarización es obligatoria en España entre los 6 y los 16 años, y advirtió que emprenderá acciones penales contra los progenitores que se refugien en el absentismo escolar para hacer frente al temor y la desconfianza que la pandemia provoca en muchos de ellos ante la perspectiva de una vuelta a las aulas poco segura. El absentismo puede constituir un delito de abandono familiar, castigado con la pérdida de la patria potestad por un periodo de hasta 10 años.

El miedo es libre, pero los hechos son tozudos: el regreso escalonado a las aulas, tras seis meses de forzoso parón, va a estar marcado por la amenaza de más rebrotes y los retos educativos de un curso que arranca, mayoritariamente, con clases presenciales. Sin embargo, nadie se atreve a pronosticar si, frente a un masivo incremento de los contagios o un estallido de éstos en los centros escolares, el sistema educativo tendrá que aferrarse de nuevo a la enseñanza online con tal de no dar por perdido otro trimestre en el calendario escolar. Éste arrancó el pasado viernes para los más pequeños, y se cerrará el próximo día 18 para la educación secundaria obligatoria.

¿Juntas o separadas?

«Sí, reconozco que me da miedo la vuelta al ’‘cole'‘. Pero mis hijas necesitan socializar con otros niños y no perder otra vez el curso, porque este último prácticamente lo doy por perdido. Nos han dicho en el colegio que septiembre y octubre los van a dedicar a repasar lo más importante del último trimestre, el del confinamiento, sobre todo en lectura y escritura», explica Aida Gayo, 43 años, viuda y madre de dos mellizas de seis años de edad, Manuela y Aida, que no despegan la mirada de la pantalla del televisor, una actividad que salvó muchas horas de aburrimiento mientras se prolongó el estado de alarma. Pronto se cumplirán cinco años desde que un trombo en la arteria aorta segó de manera casi fulminante la vida de Manuel, el marido de Aida, que sólo contaba 44 años de edad. «Mi suegra falleció dos semanas más tarde, y como mi marido era hijo único, su vivienda la heredaron mis hijas, y ahora la tengo alquilada por 800 euros al mes, después de que les hiciera una rebaja a mis inquilinos, que están atravesando dificultades económicas», apunta Aida, que vive de forma desahogada en un barrio de clase media del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, en el noroeste de la ciudad, gracias a su pensión de viudedad (unos 1.100 euros), las pensiones de orfandad de las pequeñas (411 euros cada una) y la renta mensual del alquiler.

El colegio público Lepanto, al que acuden las pequeñas, está a tiro de piedra de su casa, y a Aida, que tiene una discapacidad del 36% debido a un temblor esencial, apenas le lleva unos minutos acompañarlas a la escuela. «Este año las dos van a ir a la misma clase, pero yo hubiera preferido que fueran separadas, porque en casa siempre están juntas, celebran el cumpleaños juntas, en el recreo juegan juntas... Creo que estando una parte del día separadas la una de la otra pueden tener su propia parcela de protagonismo», argumenta Aida.

«Ya nos han explicado que si un niño del colegio da positivo por coronavirus, ese aula entera tendrá que pasar 15 días de cuarentena encerrados en casa. No quiero ni pensar si hubiera muchos casos y tuviesen que cerrar el colegio, o peor aún, volver a los días del confinamiento, que fue un poco agobiante».

Muy pocos se atreven a descartar el cierre de escuelas. En Francia, sin ir más lejos, esta misma semana han sido clausurados 22 centros de enseñanza y un centenar de clases tras detectarse varios casos de Covid-19 entre el alumnado. Y en Alemania, donde el curso escolar arrancó el pasado mes de agosto, una docena de escuelas repartidas por varios estados federados tuvieron que cerrar por idéntico motivo.