La ley de la eutanasia se precipita hacia su aprobación

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la proposición de ley que regula la eutanasia, que ha recibido el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Vox. El proyecto presentado por el grupo socialista ha recibido 22 votos a favor y 14 en contra, y volverá al pleno del Congreso el jueves de la próxima semana, y tras ser aprobado se remitirá al Senado para culminar el proceso de tramitación parlamentaria. Como se trata de una ley orgánica necesita de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, es decir, un mínimo de 176 votos, algo que podria producirse dados los apoyos recibidos por el texto en la jornada de hoy. En la fase de comisión el PSOE ha incoporado enmiendas transaccionales pactadas con PNV, EH Bildu, BNG, Más País, Junts y ERC.

Según la ley, podrán solicitar la eutanasia las personas que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Se tratará de una prestación incluida en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, financiada públicamente, se prestará tanto en centros sanitarios como en el domicilio, y los profesionales sanitarios tendrán derecho a la objeción de conciencia. La decisión de pedir ayuda para morir deberá ser autónoma, informada y sin presiones externas. Además, habrá que formular dos peticiones con al menos 15 días entre ambas, pero si el paciente no se encontrara en pleno dominio de sus facultades y hubiese solicitado la eutanasia en testamento vital o de voluntades anticipadas se podrá facilitar la prestación.

Desde el PP, Elvira Velasco, portavoz en la comisión de Sanidad del Congreso, considera que tal y como está quedando el texto es una “auténtica barbaridad”, porque “hay cosas que van en contra de artículos de la propia Constitución, como el Derecho a la Vida o el artículo 43, que establece el derecho de todos los ciudadanos a que se proteja su salud”. La diputada lamenta que “para nada se ha tenido en cuenta el informe del Comité de Bioética de España, que dejaba un marco de debate de regulación de la eutanasia”. Además, considera que si los parlamentarios “hubieran tenido la oportunidad de escuchar a los expertos no hubiera dado pie al texto de la ponencia”.

Por eso muestra “nuestro rechazo más absoluto a lo que está pasando. Va a salir una ley muy ideológica y no lo que se necesita en un tema tan sensible como es este”. En este sentido, muestra su total disconformidad con la “tramitación exprés, en un momento con una pandemia con un nivel de muertos igual al de abril”. Así, recuerda que se empezó “antes a tramitar la ley de la nueva normalidad, y vamos a tener dos meses de debate, cuando eso sí que necesitaba una tramitación urgente. Se va a acabar la segunda ola y no tenemos ley”, subraya.

Muy dura en sus declaraciones contra la norma ha sido la portavoz de Vox en esta materia , Lourdes Méndez, quien ha señalado que se trata de un texto “criminal”, una “ley eugenésica maquillada de bonhomía”, que quebranta el orden constitucional de la vida y que regula una materia para lo que considera que la Cámara “no está legitimada”. Por ese motivo ha anunciado que su partido recurrirá esta “fatídica” ley al Tribunal Constitucional.

Por su parte, la exministra de Sanidad y portavoz del PSOE, María Luisa Carcedo, ha mostrado su descontento hacia PP y Vox, a quienes ha acusado de de recurrir a “demagogias baratas”, y recordó que los ciudadanos apoyan mayoritariamente la eutanasia. Asimismo, indicó que la ley es un consejo de la ONU y de “muchos más tribunales constitucionales”. En esta línea ha acusado al PP de desoír el artículo 24 del Convenio de las Personas con Discapacidad y le ha reprochado que que reclame una ley de cuidados paliativos cuando, si hubieran querido, ya estaría en vigor “hace muchos años” en España. También ha indicado que esta norma tiene “dos precedentes importantes” legislativos, en los que el PP ha tenido “protagonismo”, como la ley de autonomía del paciente y la cartera común de servicios. Carcedo ha insistido en que “el paciente es el que decide, ni los médicos, ni los enfermos ni los políticos”, y ha insistido en que se trata de una norma “garantista”.