Un barco “burbuja” devuelve a los jóvenes a la península

Hay sucesos que cambian el curso de los acontecimientos, y eso es algo sobre lo que hemos aprendido mucho durante la pandemia. La crisis del macro-brote de Mallorca ha conseguido poner en la agenda pública la vacunación de los jóvenes, el grupo menos protegido frente al virus.

Para ello, casi 250 estudiantes que viajaron a la isla entre una semana y diez días después de que se produjeran los eventos de supercontagio, han tenido que estar confinados de manera forzosa en el Hotel Bellver, de Palma. La mayoría de ellos, de 17 y 18 años, llevaban entre 24 y 72 horas en la isla cuando la Guardia Civil se presentó en sus hoteles para trasladarles, en ambulancias, a un hotel covid. Ahí empezó un encierro obligado, bajo la tutela del Gobierno balear que, previsiblemente se iba a alargar hasta el 5 de julio. Sin embargo, la balanza de la justicia se ha inclinado a su favor.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma decidió ayer no ratificar el confinamiento forzoso de los 232 jóvenes aislados en este hotel cuyo resultado en las pruebas PCR ha sido negativo, o a los que no se les ha practicado ninguna prueba. Los 74 que han dado positivo, sin embargo, deberán quedarse, al menos hasta saber los resultados de una prueba que le harán en los próximos días.

Derechos fundamentales

El auto de la jueza argumenta su decisión de suspender el confinamiento en el hecho de que se está limitando un derecho fundamental de estos adolescentes sin una razón de peso, ya que no son contactos estrechos de los jóvenes contagiados en el brote detectado el pasado 15 de junio.

El Govern basó su decisión de confinarles en el hecho de que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, recomendó que todas las personas que participaran en los viajes de fin de curso a Mallorca fueran consideradas contactos estrechos. La Fiscalía ha calificado esta medida de demasiado “general, presuntiva e indeterminada”.

El auto concluye, además, que solo se puede confinar “por un diagnóstico cierto, o al menos muy probable, no por uno potencial”. Por otra parte, requiere al Govern balear que informe al Juzgado cada cinco días de la evolución de cada uno de los afectados, para revisar el confinamiento.

La reacción del Govern a este varapalo judicial no se ha hecho esperar. El ejecutivo que dirige Francina Armengol insiste en su postura, y ha manifestado que la decisión de la juez Sonia Martín «pone en peligro toda la política sanitaria en España, no solo la nuestra».

Barco “burbuja”

Para tratar de evitar lo que, a su entender, serían consecuencias gravísimas para la salud pública, ha aconsejado a los jóvenes peninsulares que se queden a terminar los diez días de cuarentena en el hotel covid. “Pedimos que no salgan de las habitaciones, ni se vayan a dar vueltas por Palma o a socializar”, afirmó la consellera de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido.

La otra opción que les ofrecen es la de regresar a la península en un barco “burbuja”. El barco, saldrá del puerto de Palma a primera hora con dirección al puerto de Valencia, donde cada una de las comunidades autónomas “los recogerá y los llevará hasta sus domicilios”. Se trata de un barco de línea regular y de la compañía Balearia, en el que no mantendrán contacto con la tripulación ni con el resto del pasaje.

La decisión ha contado con el apoyo de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha especificado que, una vez que lleguen a su región de origen (Andalucía, la mayor parte pero también Madrid, Galicia y País Vasco), serán las autoridades locales las que activen los dispositivos necesarios para minimizar los riesgos.

Otros de los principales argumentos en los que se ha basado el juzgado para tumbar el aislamiento de estos jóvenes es que el Govern no ha confinado a los trabajadores de los hoteles en los que se alojaron los estudiantes. Aunque el Ejecutivo ha informado de que se han realizado 175 PCR a los empleados- sólo una ha dado positivo- “no se ha confinado a ninguno de ellos. La lógica diría que alguno puede ser un contacto estrecho, ya no con los jóvenes, sino con el que ha dado positivo”.

La arbitrariedad en la elección del perfil al que exigir aislamiento era el tema que enfurecía a los jóvenes confinados, y a sus progenitores, que no entendían porque les estaban aplicando medidas de extrema exigencia solo a ellos: a los españoles en viaje de fin de curso en la isla. “Después de todo lo que hemos pasado, de que toda España nos haya señalado con el dedo como culpables, irresponsables y niñatos, esta decisión es un alivio y una alegría. Lo que nos ha sucedido no puede ser legal ni normal, pero como somos jóvenes y habíamos venido aquí de vacaciones, parece que no teníamos derecho a quejarnos”, cuenta Marina Baena, una estudiante de Córdoba a la que han acosado, insultado y amenazado repetidamente por redes sociales, y que está deseando volver con su familia.