Una jueza ordena tomar declaración a la mujer y la hija del empresario asesinado en Cuenca

El incendio forestal provocado en Cuenca en verano de 2019, que arrasó cerca de 3.000 hectáreas, no solo ocultaba un crimen sino que éste podría dar un giro radical con respecto a su autoría. La víctima, Daniel Hernán Cueva –un empresario de 65 años de origen ecuatoriano y dedicado a la recolección de romero–, desapareció el 27 de julio de aquel año pero no fue hasta dos días después cuando su mujer decidió acudir a la interponer la denuncia ante la Guardia Civil. Al día siguiente se declaró un incendio forestal y dos unidades del instituto armado comenzaron a investigar de forma paralela: el Seprona se encargó del incendio y Policía Judicial de la desaparición. Pero las investigaciones se cruzaron enseguida y descubrieron que el fuego había sido provocado para ocultar el cadáver de Hernán.

No fue hasta el 16 de septiembre cuando encontraron el cuerpo, mes y medio después de su muerte, por lo que se encontraba en avanzado estado de descomposición. Aunque los investigadores están convencidos de que el plan inicial era ése (provocar un incendio para ocultar el cadáver), las llamas no le alcanzaron pero el calor y el tiempo transcurrido complicaron mucho su autopsia y solo se pudo determinar que la causa de la muerte había sido un trauma craneal.

Seis nuevas diligencias

Los investigadores detuvieron poco después a tres de sus empleados como presuntos autores materiales, si bien uno logró fugarse al extranjero. La causa de la bautizada como «operación Skoen», comandada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Motilla del Palancar, estaba a punto de llegar a su fin porque la magistrada rechazó la práctica de diligencias planteadas por la letrada de la familia, Ana Isabel Moraza, del despacho de Marcos García Montes. Sin embargo, la familia decidió recurrir ante la Audiencia Provincial de Cuenca y ahora, en un auto de 16 de noviembre, estima íntegramente el recurso y ordena al Juzgado instructor de Motilla que practique todas las pruebas solicitadas, seis concretamente.

La víctima no se fiaba de ellas

La más importante para ellos es la toma de declaración de la mujer y la hija del fallecido en calidad de testigos pero teniendo en cuenta que, a la vista de las explicaciones que den, puedan cambiar su situación procesal a investigadas. Las hermanas y el sobrino de la víctima –que ejercen la acusación particular y también declararán en sede judicial– sospechan que pueden estar detrás de su muerte. Aseguran que el finado hacía tiempo que no confiaba en ellas, motivo por el que, por ejemplo, había puesto el vehículo y una finca que acababa de comprar a nombre de una de sus hermanas y no a nombre de su mujer, Libia María Ruiz, ni su hija Ruth Alexandra Cueva. La familia sospechó desde el primer momento porque Libia no acudió a denunciar la desaparición de su marido hasta dos días después de su desaparición y la semana antes de su muerte había estado sacando cantidades de dinero de un préstamo de 29.000 euros hasta dejarlo en 700.

A través de la declaración de un conocido de la víctima, se conoció que Hernán podría tener una amante o amiga fuera de la relación conyugal, un dato íntimo que también podría corroborar el informe definitivo de la autopsia. El estudio toxicológico de su cuerpo detectó el consumo de sildenafilo, un medicamento comercializado popularmente como viagra y que su mujer no conocía. De ahí que parezca plausible un encargo de un asesinato por celos al enterarse de la infidelidad o por la parte económica.

Una hora con los abogados

Entre los comportamientos que también tendrán que explicar en sede judicial Libia y Ruth es por qué el día en el que les avisan de que han encontrado el coche de Hernán retiraron una serie de objetos del interior, le hicieron una foto al maletero y, antes de acudir a la Guardia Civil, visitaron el despacho de abogados Moya y Donate Asociados. Allí estuvieron más de una hora, según el posicionamiento de sus teléfonos, que obra en el atestado. Pero lo que más preocupa a la familia es que, de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, uno de los investigados asegura que Hernán fue «acuchillado» en la barriga en presencia de su esposa. También tendrán que explicar la cantidad de llamadas a los trabajadores de su marido que realizaron los días previos a la muerte de Hernán.

Herida por arma blanca

Con respecto a esa confesión de haber «acuchillado en la barriga», la letrada Moraza también ha solicitado la declaración de la forense del Instituto Nacional de Toxicología que analizó un «colgajo cutáneo» del abdomen para saber si podría ser compatible con una lesión de arma blanca. En este sentido también tendrán que declarar las dos forenses que practicaron la autopsia del cadáver de Hernán, ya que, debido al estado de putrefacción en el que se encontraba, el estudio del cuerpo no pudo ser muy exhaustivo y apenas pudieron certificar un golpe en la cabeza. Aun así, tendrán que responder, en base a su experiencia profesional, si el cuerpo mostraba signos de haber sido arrastrado hasta allí. En base a estas declaraciones, la jueza podría imputar un delito de homicidio a estas familiares.

No obstante, también será llamado de nuevo a declarar uno de los detenidos por el crimen, Bubacaar Sillah, que incurrió en algunas contradicciones y quien podría confesar haber recibido una compensación económica a cambio de acabar con la vida de Hernán.