Las actas de la Comisión de Farmacia dejan de ser secretas

La Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), ha logrado levantar un «secreto de sumario», establecido por el Ministerio de Sanidad por su propia cuenta, para poder conocer las actas de lo que se ha decidido en sus distintas reuniones dentro de la Comisión de Farmacia, una de las «patas» de la Comisión de Salud Pública que convoca –normalmente los martes de cada semana– al departamento que dirige Carolina Darias y a los representantes del sistema de salud de las comunidades autónomas.

¿Cómo lo ha conseguido? Interpuso un recurso el 21 de abril de 2021 ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que ha determinado, en resolución firmada por su presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, que en el plazo máximo de 10 días hábiles remita a Farmaindustria las actas y el contenido de los acuerdos de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS del Ministerio de Sanidad, del año 2020 y a todas las de dicha Comisión de los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2021.

Afirma el CTBG que «no es cierto que no se generen actas ni órdenes del día de las reuniones de la Comisión Permanente de Farmacia», como alegó Sanidad, «pues constan algunas actas y órdenes del día de dicha Comisión». Recuerda el CTBG que «el acceso a las actas de órganos colegiados ya ha sido objeto de análisis por parte de este Consejo de Transparencia en varias resoluciones, con resultados favorables al acceso». Y se apoya en su argumentación en que «esta consideración ha sido avalada por el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 19 de febrero de 2021» en la que establece la doctrina jurisprudencial de que «las actas de las reuniones de un órgano colegiado no están, en principio, excluidas del conocimiento público al amparo del art. 14.1.k de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, ya que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado». Con todo ello, Transparencia es categórico en su texto de resolución: «El acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».

Las motivaciones de Farmaindustria para conocer estas deliberaciones ocultadas hasta ahora vienen de muy atrás. Considera esta organización que el acceso de los pacientes en España a tratamientos innovadores ha empeorado en los últimos años y no está al nivel de los países de referencia en Europa, como Francia, Alemania o Italia. Considera que existe un problema en el procedimiento de evaluación y financiación, que no es tan ágil como el de países con los que España se debería comparar.

Farmaindustria intenta desde hacía tiempo reducir el retraso actual en el acceso a la innovación farmacéutica de los pacientes en España, y mejorar el procedimiento de evaluación y financiación de nuevos medicamentos para que las evaluaciones fuesen «más agiles, objetivas, transparentes y predecibles y, sobre todo, más participativas», según su director general, Humberto Arnés. En concreto, aboga por introducir cambios en la metodología de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), cuyo objeto es determinar con una base científico-técnica el lugar que un medicamento ocupa en el sistema sanitario. Cree que el sistema actual –que ahora se podrá conocer en profundidad cuando se puedan leer las actas de la Comisión de Farmacia– «no funciona bien. Tiene muchas debilidades; de hecho, el procedimiento de financiación y fijación de precio» es deficiente. «En estos momentos hay más de cien IPT pendientes, con una espera media de más de 450 días (cuando la normativa europea da un máximo de 180 días)». Y remacha: «Sabemos que cada euro invertido en medicamentos ahorra entre 2 y 7 en otras prestaciones sanitarias, y que cada euro invertido en investigación en salud genera 1,6 en valor añadido».