Juan Pablo Gallego: «La Iglesia española debe indemnizar a las víctimas de abusos»

Cuando en 2002 saltó la primera acusación en firme contra el padre Julio César Grassi y Argentina fue consciente de que el sacerdote podía ser un pederasta, el país se conmocionó. Resultaba imposible creerlo del que había sido fundador de «Los niños felices», una entidad que había sacado de la calle a más de 6.000 niños. Las miradas de unos y otros se clavaron a partir de ese momento en Juan Pablo Gallego, el abogado de las víctimas del depredador eclesial. Él solo tuvo que lidiar con la treintena de letrados que llegó a contratar el presbítero para su defensa. De poco le sirvió. Después de quince años de trabajo y once meses de juicio oral, Gallego logró que fuera condenado a quince años de prisión. A partir de entonces se convirtió en un referente en la lucha antiabusos en la tierra del Papa Francisco y más allá, llegando a colaborar en Boston, el epicentro de este tsunami devorador. Con estas credenciales, el pasado mes de febrero se incorporó al equipo internacional que está perfilando la auditoría externa para radiografiar esta lacra, encargada por la Conferencia Episcopal al bufete Cremades&Calvo-Sotelo.

Defensor de los abusados en Argentina y en España es la Iglesia la que le ficha a través de despacho auditor. Habrá quien piense que ahora se ha vendido al bando contrario…

Lo primero que me dijo Javier Cremades cuando me propuso formar parte de la investigación es que necesitaban de mi conocimiento, actuando con absoluta libertad y firmeza, sin ninguna cortapisa. Confié en su palabra y acepté. Con el paso de los meses, he comprobado que está siendo así. Además, puedo decir que me estoy encontrando con una metodología inédita hasta ahora por la cantidad de expertos internacionales que colaboran. En los grupos de trabajo sobre reparación y atención a víctimas, no solo estoy trabajando con esa libertad que me pidieron y prometieron, sino que además todos los miembros del equipo estamos consultando de forma permanente. No habría aceptado ningún límite a mi trabajo, pero tampoco veo que hoy por hoy se me impongan. Hay que tener en cuenta que el despacho se juega mucho y por eso está abordando la cuestión a fondo y sin condicionantes. Y eso pasa por poner en el centro a las víctimas, que han padecido, en primer lugar, los abusos con una profunda asimetría de alguien en quien confiaban y consideraban una autoridad, seguido del silenciamiento y del encubrimiento.

¿Cuál está siendo el eje de su trabajo dentro del equipo multidisciplinar?

Mi objetivo principal está puesto en que haya una reparación para las víctimas y un perdón integral a ellas, a los fieles, a la sociedad que confió en la Iglesia y a quienes han puesto en duda su fe a partir de estos hechos aberrantes. También estamos trabajando en proponer protocolos, normas de orden canónico, intervención de la justicia civil y más responsabilidad de los superiores para que haya una garantía de no repetición, un «nunca más», aunque seamos conscientes de que la Iglesia está conformada por personas. Además, estamos solicitando la apertura de los archivos de los obispados para comprobar si hay algún tipo de registro que se desconociera hasta ahora, si se ocultaron casos, si no se tramitaron denuncias… Creo que el informe final va a sorprender a todos por la contundencia, porque va a ir al hueso y no va a haber contemplaciones.

El día después de presentar ese estudio que anuncia como implacable, ¿se arrepentirá la Iglesia de haberlo encargado por la dureza de sus conclusiones?

No sé cuál será su reacción, pero creo que a estas alturas tienen claro que este estudio se encara con firmeza. Seguro que no será agradable escuchar y leer las conclusiones, pero creo que la propia Iglesia busca que marque un antes y un después. No conozco a ningún obispo español, pero creo que dar un paso al frente con una auditoría tan transversal como esta habla de cierta apertura por su parte, aunque la decisión sea quizá tardía. En cualquier caso, las conclusiones no van a ser gratuitas y va a tener consecuencias, va a ser duro. Entre otras cosas, porque el informe va a determinar si hubo obispos que han incurrido en responsabilidades graves y eso va a requerir de toma de medidas en serio. Probablemente tendrán que apartar a gente de su confianza y eso no es agradable para nadie.

Siendo sinceros, el día de la presentación del informe las medidas de prevención pasarán a un segundo plano y el interés se centrará en el dato de cuántos abusos ha habido en España en este último siglo. En el ecuador de los trabajos, ¿la tendencia es similar al resto de los países o hay una «excepción ibérica»?

La situación es grave y los abusos son numerosos. La experiencia me ha permitido aprender a cuantificar sin tener una estadística definitoria dando el número de casos ocultos porque no se denuncian o ni siquiera son asumidos por la víctima que vive disociada. En este contexto, puedo decir que en España estamos ante miles de casos. Es probable que tras la publicación del informe aparezcan nuevas víctimas porque ayudará a romper el silencio y la asimetría.

¿Exigirán una reparación económica a la Iglesia?

Creo que es necesario. La Iglesia debe responder económicamente ante las víctimas y eso forma parte también del protocolo que estamos elaborando, tanto sobre los casos judicializados como los abordados en el ámbito canónico, pero también aquellos que han prescrito. Tiene que haber un gesto importante de la Iglesia española, pero para ello hay que establecer un protocolo razonable que permita determinar dónde y cómo fue el abuso por un grupo de especialistas. Sé que lo noticiable es cuánto va a cobrar cada uno, pero no es lo único. Es impresionante ver cómo el abuso golpea de tal manera que la víctima necesita sobre todo que la verdad salga a la luz y que la institución le pida un perdón auténtico en nombre de su victimario. Este perdón verdadero sana muchísimo más que el dinero y que una sentencia judicial favorable. Lo he experimentado con las víctimas de Grassi.

¿La Iglesia se levantará después de esta crisis o quedará sentenciada de muerte?

Esta crisis es un punto de inflexión y una oportunidad histórica para reconocer la verdad. Solo si sabe asumir su responsabilidad podrá salir adelante. La Iglesia puede volver a ser un lugar seguro. Mi actitud es de empatía hacia las víctimas, pero no destructiva hacia la Iglesia.

El caso Grassi coincidió con Jorge Mario Bergoglio como cardenal de Buenos Aires. ¿Cómo reaccionó ante el escándalo?

Quiso conocer de primera mano mi análisis de lo ocurrido. Recuerdo que lo vi en Buenos Aires a su regreso de la elección de Benedicto XVI y le transmití mi análisis de la situación. Le trasladé que tenía pruebas irrefutables y estimé no menos de quince años de prisión para Grassi, que fue justo la condena que recibió. Sé que Bergoglio soportaba muchas presiones y no estaba preparado para asumir un escándalo de esta magnitud. Supongo que como Papa le habrá costado abordar este tema.