Sin evaluación de la gestión de la pandemia al menos hasta finales de abril

España no tendrá resultados de la evaluación de la gestión de la pandemia de Covid-19 al menos hasta finales de abril. Habrán pasado más de tres años desde el estallido de un virus que ha dejado hasta ahora más de 13,6 millones de contagiados confirmados y 116.000 muertes contabilizadas en los registros oficiales. Este es el plazo que manejan los evaluadores a los que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS)encargó, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el análisis de lo ocurrido durante todo este tiempo y de las fortalezas y debilidades del sistema sanitario.

Dicha evaluación comenzó en septiembre de 2021, y arrancó después de que un grupo de reputados investigadores españoles la reclamara insistentemente en la revista “The Lancet”, cuando Salvador Illa era aún ministro de Sanidad. “Yo creo que el hecho de que no tengamos evaluación hasta un año y medio después de que empezara y dos años y nueve meses después de que lo pidiéramos en “The Lancet” constituye un error de planteamiento”, asegura el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Joan Carles March, quien muestra su escepticismo ante las posibles conclusiones que arroje el análisis porque “permitirá mejorar pocos errores ya que cada crisis es única”. En su opinión, lo ideal hubiera sido haberla tenido hecha “mientras se iban conociendo resultados y las autonomías y el Gobierno de España poniéndolas en marcha”.

A juicio de este experto en Salud Pública, el planteamiento de este estudio de lo ocurrido adolece de otro error, ya que, según apunta, “falta una evaluación comparativa con otros países, con la evaluación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la que ha hecho “The Lancet”. El punto de partida de este análisis que nunca parece acabar es un documento cuya versión corregida data del 1 de febrero de este año y que el Ministerio de Sanidad acaba de hacer público. Sus contenidos corren a cargo de Xurxo Hervada Vidal, en la Dirección General de Salud Pública de Galicia desde 1987 a 2020; Carmen Pérez Romero, de la EASP; Fernando Rodríguez Artalejo, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Rosa Urbanos Garrido, de la Universidad Complutense.

A lo largo de sus 36 páginas exponen los aspectos a evaluar, no sin antes recalcar que “la pandemia de Covid-19 en España ha puesto a prueba las estructuras y funcionamiento del SNS para hacer frente a un reto de enorme magnitud, sin parangón en nuestra historia reciente. Se trata de una enorme prueba de estrés, en la que tanto los dispositivos de asistencia sanitaria en todos sus niveles como los servicios de salud pública han dado lo mejor de ellos mismos. Precisamente por ello han mostrado algunas de sus debilidades y fortalezas, tanto en la respuesta a la propia Covid-19 y en la atención a pacientes no Covid-19, como en la respuesta global de salud pública frente a esta amenaza pandémica”. El objetivo final es “cohesionar el SNS y hacerlo más resiliente frente a futuras amenazas”.

El análisis trata, según subrayan los autores, “de documentar de forma sistemática las actividades realizadas durante la pandemia”, haciendo hincapié en los documentos de preparación y respuesta frente al virus, la coordinación institucional en España, las actividades de vigilancia epidemiológica, la implantación y el grado de cumplimiento de las medidas de control no farmacológicas, la participación de las Fuerzas Armadas y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la intervención judicial, la respuesta de la atención primaria, los hospitales y los servicios de emergencias sanitarias, el efecto sobre los estilos de vida, y dos asuntos especialmente espinosos: el impacto sobre las residencias de ancianos y las compras de materiales de protección individual y otros productos sanitarios y medicamentos.

En el primero de los casos, los responsables en los que pivotará la evaluación serán los servicios regionales de salud. En el segundo la Secretaría de Estado de Sanidad y la Comisión de Salud Pública del Interterritorial. Llama la atención en este punto que el peso de la investigación recaiga en el propio Ministerio al que pertenecen dos de los órganos envueltos en las compras irregulares, que se encuentran bajo proceso judicial: la Dirección General de Farmacia y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Las preguntas iniciales de cada uno de los ámbitos de revisión del desempeño del SNS frente a la pandemia son variadas.

Los expertos indagan, de hecho, sobre si había planes de preparación y respuesta frente a la pandemia, y si se habían simulado, si la respuesta puso de manifiesto buenas prácticas o lagunas en el proceso de preparación y en los planes existentes, y si existía un comité o estructura de planificación nacional responsable de coordinar la preparación a la respuesta al virus respiratorio. También preguntan si se había evaluado y monitorizado la capacidad y disponibilidad de lo sistemas de salud pública y asistencia sanitaria para aplicar las medidas de respuesta a la Covid-19, y si existían legislación y políticas nacionales para permitir la respuesta a la pandemia. En el apartado de salud pública, los expertos tratan de indagar si existía un “inventario nacional y un mapa de los recursos disponibles para la respuesta emergencia”, incluyendo aquí la experiencia, el personal, la logística, los equipos médicos, las finanzas y las instalaciones. “Cuáles fueron las carencias más críticas y cómo afectaron a la respuesta a la Covid-19?”.

Otras cuestiones interesantes que plantean son si los responsables políticos dispusieron de modelos epidemiológicos de los posibles escenarios de transmisión para orientar la toma de decisiones, y si se disponía de un proceso protocolizado de toma de decisiones. Una pregunta de especial actualidad, dado el parón que sufrió la asistencia sanitaria de otras patologías, es la de cómo afectó la pandemia a la vigilancia de otras enfermedades prioritarias: “¿Cuál fue el impacto de la Covid-19 en otras áreas de la salud pública?”, en alusión a programas de vacunación, mortalidad por enfermedades no covid o acceso a los servicios, y si se monitorizó dicho impacto. Otro asunto espinoso es el de la llegada de viajeros internacionales, ya que centenares de viajeros procedentes de Italia entraron libremente en España cuando ya se había propagado la pandemia en aquel país. “¿Había un protocolo para afrontar un brote de enfermedad respiratoria a gran escala en el extranjero, que pudiera llevar a un control de entrada o incluso al cierre de la frontera?”. “¿Se aplicaron medidas de control específicas?”.