El nuevo profesorado universitario LOSU

Frecuentemente, a muchos docentes nos recuerdan que tenemos cinco meses de vacaciones, comemos en la cantina por «cuatro duros», etc. Y en referencia al profesorado universitario se añade: «¿Y por ocho horas lectivas a la semana os dan un jornal?». Siempre respondo que «¿por qué no te hiciste tú profesor?», y recibo respuestas como que quién aguanta a 30 estudiantes en cada clase, que pagan poco, etc…

La universidad pública permite que los españoles de todas las clases, incluso las más humildes, reciban una educación superior posibilitándoles un futuro y empoderando por igual a toda la ciudadanía.

Muchos profesores pensábamos hace cuatro años, cuando el partido hoy en el Gobierno nos habló de lo exigente de la carrera docente, de las dificultades de las acreditaciones (como una licencia para ejercer como profesor universitario), de los jóvenes mejor preparados de la historia que tenían que irse, de la endogamia y de mil cosas más, que las cosas cambiarían, pero ¡sorpresa! como respuesta a nuestras expectativas hace varios días el Congreso aprobó la LOSU (proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario).

No voy a entrar en aspectos como endogamia, gobernanza, asignación presupuestaria indefinida, dejación de competencias para las comunidades, incremento de financiación para universidades que sólo promuevan una lengua cooficial, etc., pero sí en el sector más dañado por la misma: el profesorado.

La satisfacción del profesorado es fundamental para la mejora e innovación educativa (Finlandia). En la universidad, la llegada del PSOE se consideró positiva, aunque sorprendió que se delegase el proyecto de una nueva ley a otras manos ajenas que apenas se han visibilizado en este mundo universitario. La nueva ley ofrece una dislocación funcionarial y laboral cuya máxima expresión son las figuras de Catedrático de Universidad (CU) y Profesor Titular (PT), funcionarios, y el Profesor Permanente Contratado (PPC, laborales).

La ley trata de igualar las figuras en competencias y salarios (siendo el de catedrático ligeramente superior), pero resulta que los requisitos de acceso a ambos contratos son muy diferentes, especialmente entre TU y PPC, que son las figuras equivalentes, pero siendo la segunda sensiblemente más accesible que la primera.

Nuevas jubilaciones

En la actualidad, la LOSU observa que el profesorado envejece y casi el 50% de los CU y TU se jubilarán próximamente. Por tanto, requiere un impulso del profesorado más joven y para ello retira la acreditación a los profesores a tiempo completo de la categoría más baja, los Ayudantes Doctores, favoreciendo que aquellos que estudiaron en una universidad puedan volver a la misma casi en cuanto terminen sus doctorados incluso por encima de otros con mejores méritos, ya que cada tribunal de selección es autónomo y no tiene unos criterios generales del sistema sino que los adapta según necesidades.

Entre ellas, en comunidades con lenguas cooficiales, está el conocimiento de la lengua de la comunidad (no del país) a nivel nativo, pudiendo cerrar así puertas a los llegados de fuera con mejor currículum En su nueva ley, este Gobierno «progresista» impone un contrato de ¡6 años! no revisables ni prorrogables al nuevo profesorado de la escala más baja. Para que me entienda el lector, después de años de trabajo a tiempo parcial, un doctorado, con méritos a veces superiores a profesores titulares, y con horas de esfuerzos en proyectos como investigadores junior se les impone un sueldo que ronda los 1.400€ de media durante 6 años (hay profesores que dan clases particulares para sobrevivir). Y luego el artículo 65 nos habla de conciliación familiar [sic]...

Paradójicamente, hay personal que sale aún peor parado, el Profesorado Asociado (art. 79), con tareas docentes no puede exceder de 4 horas semanales. Este profesorado percibiría por este trabajo de media unos 500€/mes. Sus condiciones económicas no se les mejoran pero se les blinda mediante un contrato indefinido siempre que tenga otra actividad laboral principal. Esto obliga a reajustes a las universidades públicas y, por tanto, es de esperar que se reduzca la contratación a las necesidades mínimas y, como consecuencia, se incremente el peso docente en toda la comunidad de profesores, introduciendo desigualdades significativas en salarios, horas de desempeño y, en conclusión, afectando negativamente la docencia y a las posibilidades de mejora educativa.

Aún peor es la situación de profesorado sustituto (art. 80), que estará en bolsa de empleo, por lo que entrará según necesidades y sin conocimientos específicos de la asignatura que impartirá. Además, dado que su salario sería similar al del profesorado asociado, probablemente renunciaría por lo que el alumnado seguro que lo sufriría. Es interesante que la ley afirme que el objeto último de este personal es la reducción de la temporalidad del empleo público (art. 80.2) ¿con contratos de 15 días a dos meses? Supongo que este personal no regulado no aportará demasiadas mejoras en las universidades públicas por ese salario.

Es difícil mejorar y empoderar a las clases sociales más necesitadas a través de una universidad pública con un profesorado con una situación alta de inestabilidad y que trata de reducir el número de funcionarios docentes e incrementar los contratos indefinidos (indefinido no es permanente) con una calidad inicial no necesariamente alta, ya que se eliminan las acreditaciones.

Vamos encaminados a un alumnado peor preparado, lo que incidirá en un mayor desempleo juvenil y peores perspectivas de futuro. ¿Nuestros jóvenes merecen este futuro nada claro? Caminamos por una senda que empobrece a la ciudadanía que paga con sus impuestos la educación pública y ésta nunca debería ir a peor. Luchemos por una educación de calidad.

*Dr. Jesús García Laborda, Catedrático de Universidad (UAH)