Todos los sectores, en contra de los planes hidrológicos

El Gobierno logra poner en contra con los trasvases aprobados ayer a Ejecutivos autonómicos, partidos políticos, agrupaciones de regantes, los sindicatos agrarios y hasta a las ONG ambientales

Un hombre sostiene una pancarta durante una concentración para evitar que recorten el trasvase Tajo-Segura, en las inmediaciones del Palacio de la Moncloa esta mañana
Un hombre sostiene una pancarta durante una concentración para evitar que recorten el trasvase Tajo-Segura, en las inmediaciones del Palacio de la Moncloa esta mañana FOTO: Carlos Luján Europa Press

Políticos, organizaciones agrarias y de regantes y expertos salieron ayer en tromba contra el recorte del trasvase del Tajo-Segura que implica la aprobación ayer en el Consejo de Ministros del Real Decreto que revisa los planes hidrológicos de varias cuencas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo consideró un «disparate» y reclamó al Gobierno a dar «marcha atrás» en un decisión carente de «sentido común» y en la que «no prima el interés general. Este es un procedimiento ya habitual por parte del Gobierno, que no respeta los procedimientos habituales para hacer una ley o una modificación legal, en este caso, un trasvase sin consensuar, además, con los sectores y territorios afectados», criticó. Y añadió: «Estamos ante una nueva imposición de carácter unilateral» del Ejecutivo de Pedro Sánchez que «va a llevar a la ruina a un inmenso porcentaje del sector productivo en el Levante español y en el andaluz» y acusó al Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera de no atender las peticiones «para que hiciese una reflexión» y se «sentase a negociar» con las tres comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones agrarias, regantes y productores.

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, calificó el recorte del trasvase de «capricho ideológico» y señaló que con él el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Consell, Ximo Puig, «destrozan el presente y el futuro de miles de familias. De hecho, el Gobierno valenciano acogió «con moderada satisfacción» los cambios introducidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. El Consell señaló que en él «se admite» la evaluación anual de la situación de ambas cuencas, tanto la cedente en función de la situación de los caudales como la receptora de acuerdo al resultados de las inversiones en el Segura. Asimismo, las fuentes del Gobierno valenciano apuntan que en un año y medio habrá «una nueva planificación hidrológica» y que los cambios introducidos en el texto finalmente aprobado ayer «van en la buena dirección».

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, adelantó que los regantes denunciarán en el Tribunal Supremo el recorte del trasvase por «la visceralidad de Ribera». Así lo indicó Jiménez en declaraciones a Ep en la concentración frente al Palacio de la Moncloa de ayer convocada para pedir al Ejecutivo, que estaba reunido a esa hora en el Consejo de Ministros, que no aprobase el Real Decreto. En la concentración, a la que asistieron medio centenar de personas, los regantes lanzaron lemas como «¡Agua para Levante!” y pidieron la dimisión de Teresa Ribera. Era su último intento para tratar de frenar una planificación que consideran lesiva para el Levante porque reducirá en más de 100 hectómetros cúbicos la capacidad de riego en la huerta de Europa.

El presidente del sindicato agrario Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, aseguró que «la decisión del Gobierno de imponer el agua desalada» es «injusta y dictatorial». En un comunicado, sostiene que el Ejecutivo «tiene la responsabilidad» de «no ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país» y de «gestionar sin coherencia las deficiencias y excedencias estructurales de las diferentes cuencas».

La asociación alicantina resaltó que «la hoja de ruta de imponer por vía autoritaria la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo», pues una actividad tan importante como la agraria «no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada. El agua desalada no puede ser alternativa a la trasvasada ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico, ni por impacto ambiental», incidió Andreu, que subrayó que el agua desalada «es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera». En cuanto al coste económico, recordó que, tras la decisión de ayer, «el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona. Todos los argumentos y promesas del Gobierno carecen de legitimidad tras haber mentido de forma reiterada para crear un clima de confusión en la sociedad que le permitiera llevar a cabo un plan que solo responde a intereses políticos y para el que no se han tenido en cuenta las necesidades del sector», ha afirmado Andreu.

Y es que hasta las ONG ambientales ven «carencias importantes» y un planteamiento «insuficiente» y «desarrollista» en la planificación hidrológica. El portavoz de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, explicó que en el Consejo Nacional del Agua la ONG votó en contra de la mayoría de los planes hidrológicos –y se abstuvo ante los del Cantábrico y el de Melilla– porque «varios de ellos todavía» mantienen posiciones desarrollistas como la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas de gran impacto ambiental y que carecen de utilidad como en el Duero y el Guadalquivir, y otros planean incluso la creación de «decenas de miles de hectáreas» de nuevos regadíos, caso del Duero y del Ebro.

Además, Martín Barajas avisó de que los caudales ambientales mínimos establecidos para la gran mayoría de las masas de agua son «insuficientes» para mantener el buen estado de los ríos pero, entre todos ellos destaca los del Ebro, el Duero y el Gudalquivir. Y afirmó que los caudales ecológicos fijados son «claramente insuficientes» y en el caso del río Tajo, a su paso por Aranjuez, plantea una progresión en su aplicación, algo que a su juicio, «no puede ser».