En nuestro país, las listas de espera quirúrgica marcan récords históricos. Intervenciones que deberían solucionarse rápido, como es la colocación de una prótesis de cadera, se dilatan hasta casi los 120 días. El acceso y la aprobación de tratamientos innovadores tampoco es motivo de orgullo. Los procesos son complejos, desiguales y lentos. En el año 2021, la disponibilidad en España de los 160 nuevos medicamentos aprobados en Europa fue de un 53% –en países de nuestro entorno económico como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, el porcentaje oscila entre el 66% y el 92%–, y el tiempo medio transcurrido entre la autorización de un medicamento, la obtención de financiación pública y la puesta a disposición de los pacientes se situó en los 517 días (17 meses), 64 días más con respecto a 2020.

Al delicado estado de salud de estos indicadores que atentan contra las señas de identidad de nuestros Sistema Nacional de Salud (SNS) –la igualdad de oportunidades, el acceso universal y la calidad en la asistencia– se unen otros males derivados de la infrafinanciación crónica a la que ha estado supeditado, la falta de planificación adecuada de recursos y la expansión de «soluciones parche». Estos son: la escasez de profesionales sanitarios, la falta de incorporación de innovación tecnológica y farmacológica, o la pasividad para adaptarse al nuevo patrón epidemiológico o a las circunstancias sociodemográficas como los altos índices de envejecimiento y la elevada prevalencia de la cronicidad y de pluripatologías.

Estos problemas, agudizados por la crisis de 2008, la pandemia de la covid-19 y la crisis de capital humano y de conocimiento, evidencian que nuestro sistema sanitario necesita reformas legislativas y estructurales urgentes para sobrevivir y avanzar hacia una nueva medicina marcada por la personalización, la digitalización y la humanización. Para conocer las medidas que permitirían impulsar la reorientación integral y necesaria del Sistema Nacional de Salud, LA RAZÓN ha consultado con seis expertos: Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y secretaria ejecutiva de Sanidad del PP, y exministra de Sanidad; Julio Sánchez Fierro, doctor en Ciencias de la Salud y exsubsecretario del Ministerio de Sanidad; Julián García Vargas, exministro de Sanidad y Consumo; Boi Ruiz, presidente de Know How Advisers y profesor de la Universidad Internacional de Cataluña; Juan Abarca Cidón, presidente de la Fundación IDIS (Instituto para el desarrollo e Integración de la Sanidad); y Carlos Amaya Pombo, asesor a Presidencia y Junta Directiva de Acesima (Asociación de Clínicas y Entidades sin Internamiento de la Comunidad de Madrid) y exsecretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM).

Reformas más urgentes

Según Ana Pastor, la primera medida que habría que poner en marcha estaría relacionada con la política de Recursos Humanos. «Urge un plan nacional de recursos humanos, con medidas que incentiven y optimicen la labor de los profesionales sanitarios, mejorando su retribución, pero también la formación continua y la coordinación entre la Atención Primaria, especializada y los servicios sociosanitarios, creando nuevas especialidades e incorporando innovación tecnológica», apunta. También señala la necesidad de «dar un profundo giro estratégico» al Sistema Nacional de Salud. «Debemos poner el acento en los cuidados de larga duración, en las patologías crónicas, en un papel mayor de la medicina preventiva, y en la garantía de continuidad entre los distintos niveles asistenciales. Debemos realizar un esfuerzo para actualizar y perfeccionar nuestro sistema de información sanitaria, avanzando en la homogeneización de criterios, accesibilidad, regulación. Por supuesto, también hay que mejorar la gestión y gobernanza del sistema para preservar la calidad y equidad. Además, debemos incorporar la innovación farmacéutica y tecnológica. Las terapias innovadoras y las nuevas tecnologías están ahí. Y su implantación está transformando profundamente el modelo de Sanidad tradicional, permitiéndonos mejorar en ámbitos prioritarios como la movilidad de los pacientes y la telemedicina», indica.

Juan Abarca coincide en tomar medidas para mejorar la situación de la atención primaria. «La atención primaria, en nuestro modelo, es el eje sobre el que pivota todo. Es decir, si la atención primaria se cae, como está pasando, todos los demás niveles asistenciales se van cayendo y la gente utiliza la sanidad privada como acceso sistema sanitario. Lo cual, supone romper, de alguna forma, con el modelo que tenemos desde hace muchos años en el cual existe una sanidad pública suficiente que se complementa con la sanidad privada», reflexiona. En este sentido, propone modificar o eliminar el modelo estatutario: «Se ha quedado obsoleto porque no permite la flexibilización del trabajo del personal, porque no permite la posibilidad de que obtengan más beneficios económicos si trabajan más y porque no permite tener mayor desarrollo profesional. Esto ha provocado que los profesionales estén totalmente desmotivados y sin ningún tipo de estímulo. Las medidas deben ir encaminadas a hacer la atención primaria atractiva para los profesionales».

Julián García Vargas también insiste en la «obsolescencia del régimen funcionarial. Es un régimen muy rígido y anticuado. Es una rémora para el sistema. No ofrece oportunidades de carrera ni un abanico salarial estimulante a los profesionales, que además están mal retribuidos. Ni siquiera garantiza la estabilidad laboral como muestra la altísima proporción de eventuales precarios». Además, apunta que está lastrado por la temporalidad. «En sus años de vigencia ha acumulado más contratos temporales que lo previsto y no ha establecido una mínima planificación de recursos y convocatorias de acceso. Ahora se pretende paliar con apresuradas ofertas públicas de empleo, discutidas por muchos profesionales. No se cumple su contenido en aspectos como la duración de las jornadas, la movilidad entre regiones y la promoción por mérito. Tampoco ha ampliado las únicas tres categorías de médicos, dificultando la promoción y la carrera», denuncia. Y propone avanzar hacia un sistema de contratos fijos laborales, principalmente en los hospitales-empresas públicas. En Atención Primaria, indica la posibilidad de estudiar un estatuto marco en clave laboral o de funcionarios flexible, similar al de Francia.

Carlos Amaya Pombo también subraya la existencia de «una falta de planificación total y absoluta en la necesidad de recursos humanos» de las diferentes especialidades en el territorio español. «Las desigualdades de las condiciones de trabajo entre comunidades autónomas hace que los profesionales se desplazan a donde les ofrecen mejores condiciones. Sobre este asunto el Ministerio debería hacer una reflexión profunda y hacer una buena planificación de los recursos humanos».

Boi Ruiz considera necesario «disponer de un sistema de acceso al ejercicio profesional en el conjunto del SNS basado en los criterios de cumplimiento efectivo, pre y post, del compromiso con los valores del profesionalismo en que la retribución fuera igual por la condición de lo que unos es, diferente por lo que uno hace con lo que es, e incentivadora por los resultados obtenidos con lo que uno hace con lo que es», explica.

Julio Sánchez Fierro aboga por revisar y actualizar el contenido de las normas e insta a «alcanzar un pacto de financiación entre el Estado y las comunidades autónomas que aclare fuentes y destinos, e incluya transparencia en los procedimientos y en las decisiones. Decisiones que no pueden seguir en manos del Ministerio de Hacienda, sino en el Consejo Interterritorial». De la misma opinión es Boi Ruiz, quien prioriza las mejoras a nivel financiero y estructural. «La mejoría de la financiación ha de actuar de palanca. Y el menú de opciones sobre el que se puede trabajar debe ser expuesto con franqueza a los ciudadanos: dedicar menos recursos a otras políticas, aumentar los impuestos, establecer copagos acordes con los niveles de renta o acudir al endeudamiento».

Y remata: «No podemos seguir afirmando que mejoraremos la financiación sanitaria ni a corto ni a medio plazo sin mencionar las fuentes con que lograrlo. Evidentemente, también mejorar nuestra riqueza económica con políticas adecuadas de creación y de distribución de ésta ayudaría como país. Pero la urgencia de hoy es a corto plazo».

Envejecimiento poblacional

Nuestra Ley General de Sanidad tiene 36 años. En aquel entonces, la población mayor de 65 años era el 12,1%; ahora es el 19,3%. Además, en estos años se ha producido una revolución en conocimientos tratamientos y tecnologías, que se han hecho más eficaces y costosos. También han evolucionados las necesidades, expectativas y demandas de los ciudadanos. Reinventar esta Ley es uno de los aspectos que los expertos consideran urgentes.

Apunta Juan Abarca: «Es un sistema que busca la eficacia, pero no busca la eficiencia. No está diseñado para hacer una gestión acorde con las normas de la buena gobernanza. Hoy por hoy se necesita una gestión mucho más flexible, mucho más rápida, mucho menos burocrática. Una gestión mucho más empresarial» . Carlos Amaya Pombo también considera necesario actualizar la Ley General de Sanidad. «No podemos regirnos por una ley promulgada hace 37 años, pues ha habido cambios importantes desde el punto de vista social, económico, de políticas de recursos humanos y desde el punto de vista general».

Julián García Vargas también fija la atención en la «rigidez» del marco jurídico y gerencial y comparte el objetivo de buscar una mayor eficiencia. «La gestión directa de los hospitales les obliga a funcionar con la Ley de Contratos del Sector Público. Esto supone burocracia y lentitud. Los grandes hospitales deberían ser empresas públicas, regidas por la legislación mercantil, como grandes organizaciones que son. Insisto en su carácter público. Los hospitales menores podrían optar entre ese régimen, el de cooperativas publicas u otro similar. La legislación vigente lo permite y hay buenos ejemplos en Andalucía, Cataluña y otros territorios», apunta. Es partidario de dotar a la Ley General de Sanidad y la de Calidad y Cohesión «de un reglamento propio para que el conjunto del SNS no se siga rigiendo en muchos aspectos bajo reglas aún de la antigua Seguridad Social que son muy condicionantes del actual modelo de gestión y de su reforma. Todo ello debe pasar porque todas las competencias en relación a las políticas sanitaria estén en el Ministerio de Sanidad y en el órgano de gobierno del SNS que es el Consejo Interterritorial».

En su opinión, los problemas no se resolverían simplemente aumentado el gasto público. «Ese gasto debe aumentar desde el actual 6% del PIB al 7,0/7,5 %. Con el gasto privado llegaríamos al 9/9,5 %, que es una proporción razonable. El objetivo que debemos conseguir es la mayor eficiencia del SNS, con esos recursos financieros, en resultados clínicos y satisfacción de paciente y profesionales», propone.

Boi Ruiz también pone en valor la preparación de nuestros gestores: «Contamos con un alto grado de profesionalización de nuestros gestores que habría que reconocer y formalizar». En esta búsqueda de la eficiencia, tanto él como Carlos Amaya Pombo proponen establecer una clara diferenciación de funciones entre quien decide las políticas, quien asigna los recursos y determina los objetivos y, finalmente quien los ha de conseguir, gestionándolos y rindiendo cuentas públicas de los resultados finales y no únicamente de los procedimientos mediante su transparencia.

Por otro lado, Ruiz insiste en que se necesita una ley de contratos públicos más acorde con la naturaleza de la finalidad de la colaboración publica, cuando ésta va a suponer un bien o un servicio destinado a atender a las personas en nombre del SNS.

Ana Pastor defiende que es «imprescindible» impulsar un nuevo modelo de organización de los servicios sanitarios «donde el paciente pueda tener un seguimiento a lo largo de su vida, y especialmente los pacientes crónicos y pluripatológicos. Las actividades preventivas, de detección precoz de enfermedades, seguimiento y control de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y declaración de enfermedades deben ser tratados con mimo dado el gran impacto que tiene sobre la salud de la población. Para lograrlo es necesario también introducir mejoras organizativas para aprovechar las ventajas que ofrece la innovación organizativa y la transformación tecnológica, para poder así conseguir una mayor satisfacción tanto de los profesionales en el desempeño de su trabajo como de los pacientes que reciben tratamiento y asistencia». Para Julio Sánchez Fierro, la forma concreta de gestionar y de relacionar los distintos niveles asistenciales debería acomodarse a las circunstancias territoriales.

Para los expertos, en la fórmula para plantar las bases del Sistema Nacional de Salud para los próximos años debe integrarse la determinación y la responsabilidad política, la capacidad de gestión y la ambición. «Un buen punto de partida para impulsar políticas necesarias para la mejora de nuestro sistema sanitario lo tuvimos durante la legislatura con la aprobación de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, pero el Gobierno ha desaprovechado esta oportunidad. Sin embargo, el consenso es posible. Lo logramos hace años con leyes tan importantes como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la LOPS, el Estatuto Marco o la Ley de Autonomía del Paciente. Entonces es una cuestión de sentarse, volver una vez a reclamar ese pacto de Estado, tal y como aprobaron los partidos políticos en el Documento para la Reconstrucción Económica y Social del julio de 2020, y plantar las bases del sistema para los próximos 30 años», subraya Ana Pastor.