Alarma antiamenazas para los jueces

El Consejo General del Poder Judicial considera del todo necesaria la adopción de una serie de medidas que garanticen la plena igualdad en todas las facetas de los hombres y mujeres integrantes de la Carrera Judicial. Relacionado con ello, el último Pleno del CGPJ aprobó un informe de impacto de género al Proyecto de Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial presentado por la vocal Inmaculada Montalbán, en el que se analiza pormenorizadamente todos los programas de es área, y, a la vez, se realizan determinadas propuestas tanto para lograr esa efectiva igualdad como para la seguridad de los encargados de los juzgados de Violencia de Género.

En ese informe, de 121 folios y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, a la hora de analizar los «factores de riesgos», y para garantizar esa seguridad antes aludida, se aboga por establecer «medidas que garanticen la seguridad física del juez/a», que se concretan en dos: fijar una distancia física con el justiciable –al menos de un metro–, y en un «sistema de alarma que pueda ser activado directamente por el/la magistrado/a» en caso de sufrir algún tipo de amenaza o coacción del justiciable.

Junto a ello, se alude a la necesidad de establecer unos «criterios de evaluación» que tienen a eliminar, o al menos, disminuir, esos factores de riesgo: favorecer habilidades en gestión de la comunicación, entrenamiento en trabajos en equipo, mejora de habilidades sociales y establecimiento de estrategias de conciliación de la vida personal y laboral; detección precoz y resolución consensuada de conflictos, programas de gestión eficiente del estrés, técnicas de relajación y programa de ayuda al Juez.

Otro aspecto destacado por el Consejo es el relativo a los factores de riesgo que pueden conducir a que las magistradas embarazadas puedan sufrir hipertensión, aborto premativo o que el bebé nazca bajo de peso. Para evitar esos factores de riesgo, se propone evitar horas extra, guardias, una jornada diaria de trabajo igual o menor de 8 horas, no más de cinco días seguidos sin descanso y favorecer el cambio postural con cierta frecuencia.

En todo caso, el informe deja claro que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no presentan problemas de funcionamiento. «De hecho, tienen una planta judicial muy buena, incluso puede afirmarse que la planta de estos órganos judiciales es de las mejores en relación con el resto de los órdenes jurisdiccionales».

Igualdad y conciliación

Por otro lado, y a la hora de valorar globalmente el recorte presupuestario en la Administración de Justicia en lo que pudiese afectar a la política de igualdad dentro de la Carrera Judicial, el informe señala que la «austeridad» presupuestaria podrá afectar «de manera muy considerable a los objetivos planteados en materia de igualdad y de violencia doméstica y de género, ya que las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, necesariamente, se van a ver afectadas». Y ello, por «haberse establecido un sistema de sustitución entre los jueces/as titulares, por lo que será necesario potenciar la implementación de las medidas de conciliación previstas en el Reglamento de la Carrera Judicial y en el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial».

En todo caso, se considera que el impacto de género de estos presupuestos, en relación con la reducción de desigualdades es «positivo», salvo en lo relativo a «las medidas de conciliación de la vida personal y familiar, que se verán afectadas si el Consejo General del Poder Judicial no implementa medidas alternativas por, potenciando la conciliación». Pese a ello, en las visitas efectuadas a los juzgados de Violencia Sobre la Mujer «no se han puesto de manifiesto dificultades para la conciliación familiar».

Plan de Igualdad

En otro orden de cosas, se reclama la «total implementación» del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial que aprobó el Consejo General del Poder Judicial en febrero de este año, «prestando una especial atención a los nombramientos de cargos discrecionales y a la necesidad de potenciar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y fomento de la corresponsabilidad».

En este sentido, varios magistrados han compuesto una comisión para estudiar medidas concretas que permitan a los jueces disponer de medidas reales que les permitan compatibilizar su trabajo con su vida familiar. Esta sería la primera vez en la que los jueces deciden poner por escrito medidas de estas características.