Asunta: todo estaba planeado

Existe secreto de sumario, por tanto los abogados de Rosario Porto y Alfonso Basterra están jurídicamente ciegos, la investigación, aunque avanzada, todavía debe caminar, no existe un auto de hechos justiciables ni cuestiones previas ni si quiera fecha de juicio... Pero el fiscal, ya lo tiene claro: les imputa a ambos un delito de asesinato. Hasta ahora sobre la cabeza de Rosario y Alfonso pesaba un homicidio, el de su hija Asunta, pero tras recibir los informes de toxicología, la interpretación del Ministerio Público es que los padres de la menor la sedaron con una gran dosis de Lorazepan y la ataron de pies y manos para garantizar su maquiavélico propósito: matarla y que la niña no se pudiera defender. Este hecho, la alevosía, convierte el homicidio, que tiene una horquilla que va de los diez a los quince años de prisión, en asesinato, que se mueve entre los quince y los veinte. Además, el fiscal ya alega, y todavía no ha transcurrido un mes del crimen, el agravante de parentesco. ¿Qué significa esto? Que de considerarse probado durante el futuro juicio, la pena se establecería en su mitad superior: de diecisiete años y medio a veinte.

Los padres conocieron la noticia sobre la marcha. Lo escucharon de la misma boca del fiscal, Jorge Fernández de Aránguiz. Pero antes, el representante de Ministerio Público esbozó hasta donde quiso, cómo aconteció la muerte de Asunta y cuál es la implicación de Rosario y Alfonso en su fallecimiento. El juez Vázquez Taín escuchó los argumentos del fiscal, con el que no tiene una relación especialmente estrecha, y cuando éste le solicitó que ampliara en un mes más el secreto de sumario, su señoría se lo concedió. Y todo a pesar de los argumentos y las protestas de José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado de Rosario, y Belén Hospido, letrada de Alfonso.

El magistrado instructor y el fiscal pretendían que los padres de Asunta declarasen, incluso realizar una reconstrucción, pero ambos, se negaron. Así lo lleva anunciado Aranguren desde que se hizo cargo de la defensa de la madre de la menor: «Mi cliente no va a participar en nada hasta que se levante el secreto y nos den traslado de las actuaciones».

La tensión es más que evidente. Vázquez Taín preferiría letrados defensores más dóciles y manejables. De hecho, ya tuvo que modificar sus planes cuando hace unos días quiso realizar una reconstrucción parcial de los hechos, y se encontró con que los imputados se negaron a participar. Esta vez, tampoco lo logró, pero aun así, autorizó el tercer registro de la finca de Teo. En este pulso, Taín tuvo miedo a que la Audiencia Provincial tirara por tierra su primer auto de prisión. Que Rosario y Alfonso salieran de la cárcel de Teixeiro por una vulneración de derechos fundamentales hubiera supuesto una enorme humillación. A pesar del respaldo de sus compañeros, Gutiérrez Aranguren insiste: «Mis recursos se encuentran con un muro infranqueable. En mi opinión, la decisión de la Audiencia Provincial de mantener a mi cliente en prisión no está ajustada a Derecho. Para mí, lo que se está produciendo es una detención ilegal y voy a acudir en amparo al Tribunal Constitucional».

Habrá más recursos. La ley establece que los asesinatos sean juzgados por un jurado popular. Nueve ciudadanos, legos en derecho, que ven, escuchan y deciden sobre la culpabilidad del reo. En casos de enorme repercusión mediática, la sociedad, a través de los datos y las declaraciones que se publican en los medios de comunicación, tiende a hacerse una idea sobre los acusados. Las defensas arguyen que la Constitución, que es una norma de mayor rango, garantiza un juez imparcial y que a estas alturas los nueve ciudadanos gallegos que en el futuro decidirán sobre su culpabilidad, tienen una opinión ya formada y por tanto están intoxicados y son parciales. Ésta será, probablemente, la línea del recurso. «La imparcialidad de un jurado va a ser imposible», reflexionó Gutiérrez Aranguren, negando con la cabeza, a las puertas del juzgado de instrucción.