Bebidas azucaradas: más impuestos aunque pocas calorías menos

La subida del gravamen en los refrescos implantada desde ayer en Cataluña ha contado con experiencias previas en países como México. El consumo se reduce, pero el índice de obesidad no presenta cambios significativos.

Comprar un refresco ya es más caro en Cataluña. Concretamente, entre un 8% y un 50% más costoso. Un mes más tarde de lo previsto, la Generalitat puso ayer en funcionamiento un decreto ley que establece dos tipos de subida: ocho céntimos de euro si el producto tiene entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, y otro de 12 céntimos en el caso de que la cantidad de azúcar supere los 8 gramos por cada centilitro. He aquí dos ejemplos prácticos: una lata de refresco de 33 centilitros y con 35 gramos de azúcares por la que antes desembolsábamos 58 céntimos en una gran superficie, pasará ahora a costar 68 céntimos; una botella de dos litros del mismo producto y con la misma proporción de azúcar que costaba antaño 1,43 euros, alcanzará un precio de 1,73. Esto ocurrirá en todos los refrescos, sodas y batidos, bebidas con extractos de frutas, de té y café, deportivas y energéticas, vegetales y alternativas a la leche, y aguas con sabores. Y a tenor de las palabras del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluis Salvadó, se trata sólo de un primer paso. «El impuesto forma parte de una nueva cultura de impuestos. Queda enmarcado en la nueva corriente de usarlos para corregir ciertos problemas que tiene la sociedad», apuntó. Por ello, «existe la voluntad de grabar sobre otros alimentos con exceso de azúcar o de grasa».

El Ministerio de Hacienda anunció el pasado diciembre una subida de impuestos en lo que respecta a la bebidas carbonatadas. Sin embargo, a día de hoy, la medida no se ha materializado. Hay que recordar que nuestro país es uno de los europeos con mayor índice de sobrepeso, con un 16,7% de la población afectada –la media continental es del 15,9%– . En lo que respecta al consumo de bebidas frías fuera del hogar, el consumo medio aproximado por persona y año es de 60,24 litros, lo supone un gasto aproximado por español de 279,54 euros anuales, según el último «Informe del Consumo de la Alimentación en España», elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La «plaga» de la obesidad y de enfermedades como la diabetes ha llevado a varios países de nuestro entorno a adoptar medidas similares. El más beligerante al respecto ha sido Francia, cuya tasa de obesidad es del 15,3%. A la llamada «tasa soda», implantada en 2011 y que ha supuesto un aumento de 30 céntimos por litro, también ha acabado con la política de algunas franquicias de rellenar el vaso del cliente las veces que desée. Reino Unido, el país con mayor índice de obesos del continente –lo son dos de cada diez británicos– implantará un gravamen similar al galo en 2018. La OMS ha sido clara: un gravamen del 20% sobre los refrescos reduciría el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y caries.

Ahora bien, ¿se producen resultados? ¿Se reduce el índice de obesidad? «Se trata de una iniciativa efectiva y positiva, en la medida que cualquier normativa fiscal tiene un poder pedagógico importante. Y lo que está muy claro es que disminuye el consumo de cualquier producto sobre el que se eleve el precio», afirma el doctor Rodrigo Córdoba, de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (Semfyc). Entre otros beneficios, recuerda que una lata de refresco lleva hasta ocho cucharadas de azúcar. «Los azúcares refinados no pueden suponer más del 10% de las calorías diarias. Y algunos nutricionistas dicen que estamos en torno al 40%, cuatro veces más lo recomendado», añade. Con todo, señala que «las medidas aisladas tienen un efecto marginal; deben ir acompañadas de otras, como evitar la venta de bollería industrial en las escuelas o mermar el consumo de bebidas deportivas, que tienen mucho azúcar».

Eso es quizá lo que ha ocurrido en países como México. Después de EE UU, es el país con el índice más alto de obesidad de la OCDE, con una tasa superior al 32%. Las cifras de obesidad y sobrepeso infantil son especialmente preocupantes: ambos afectan casi a uno de cada diez niños menores de cinco años. Si antes decíamos que un español consume poco más de 60 litros al año de estas bebidas, un mexicano supera los 160. Además de gravar, desde 2014, los refrescos con un 10% por litro, el país azteca también introdujo otros gravámenes en alimentos de alto contenido calórico. Efectivamente, el consumo de estas bebidas ha caído un 5,5% y un 9,7% en los dos últimos años respectivamente, mientras que otras –bebidas con edulcorantes artificiales, agua mineral, zumos sin azúcares añadidos, etc– han crecido un 7%. Con todo, las mayores reducciones corrieron a cargo de los ciudadanos con menor poder adquisitivo. En estos tres últimos años, no ha habido cifras significativas que muestren que la obesidad se ha revertido. Es más, la industria ha contraatacado y ha ofrecido las suyas: el gravamen ha supuesto una reducción de seis calorías diarias por ciudadano, una cantidad a todas luces insuficiente para luchar contra la obesidad. En el informe elaborado por la OMS sobre la experiencia mexicana, se indica que «las proyecciones realizadas muestran que habrá un impacto positivo en la reducción» de los problemas derivados de una mala alimentación; sin embargo, y «según la evidencia existente, el impuesto debe ser de al menos un 20% para maximizar su impacto en el sobrepeso, la obesidad y la diabetes». El último estudio realizado por el Gobierno federal del país no indica que la medida esté dando sus frutos: el 72,5% de los adultos mexicanos y más de un tercio de los adolescentes padece sobrepeso u obesidad. Quizá, y como señalan los expertos, la implantación de un impuesto no es la única solución, sino que se debe empezar por concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar hábitos saludables: una reciente encuesta realizada en México revelaba que el 64% de los niños y jóvenes de entre 5 y 18 años no realiza ningún tipo de actividad física.

A la espera de ver los resultados que ofrece la experiencia de Cataluña y si el Gobierno central mueve ficha en este sentido, varias organizaciones médicas han puesto sobre la mesa proyectos no centrados en subir los impuestos, pero sí en avisar al consumidor con detalle sobre los componentes de los productos que adquiere. Es el caso de la Semfyc, que ha propuesto añadir un «semáforo nutricional» en el empaquetado de alimentos. Las calorías, los azúcares, las grasas saturadas y la sal irían acompañadas de un color en función de su cantidad: verde –contenido bajo–, amarillo –medio– y rojo – alto–. En lo que respecta al azúcar, la cantidad considerada saludable por los médicos de familia se sitúa en los 6,75 gramos, mientras que de los 18 gramos para arriba podría considerarse «alto».

Lo que nadie puede discutir, es que necesitamos reducir la ingesta de azúcar. «Si los españoles tomáramos una lata de refresco menos al día, en un año pesaríamos 700 gramos menos. Imagine entonces al cabo de los años», concluye Rodrigo Córdoba.