Blindaje exprés a las donaciones

Si había, o podía haber, algún resquicio legal por el cual la donación en España podía servir para hacer negocio privado en detrimento de un sistema público basado en la solidaridad, quedó solapado en el Congreso de Ministros de ayer. El Gobierno aprobó con carácter de urgencia un Real Decreto Ley que regula las normas de calidad y seguridad de las donaciones y el almacenamiento de células y tejidos humanos, sustituyendo así el Real Decreto de 2006 al respecto que, hasta ahora, estaba vigente. Pero, ¿en qué se traduce esta norma? Como afirman desde la Organización Nacional de Trasplantes ONT), en esencia, apenas hay diferencias entre el texto aprobado ayer y el de 2006. Sin embargo, al elevar el rango de Real Decreto a Real Decreto Ley, el sistema español quedado «blindado» ante cualquier vacío legal.

En realidad, este refuerzo en la legalidad tiene su origen en 2007. Entonces, la empresa Vidacord, propietaria de un banco para la conservación de la sangre del cordón umbilical, interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del Real Decreto, que le obligaba a poner sus muestras a disposición de todo aquel paciente compatible que las pudiera necesitar para tratar una enfermedad. Unas muestras que eran donadas por las familias de los recién nacidos para donación autóloga, es decir, para tratar posibles enfermedades que ese niño tuviera en el futuro. De hecho, la negativa del banco a acatar el Real Decreto respondía, dicen, a la voluntad de las familias de conservar esas células para ellos.

Hace dos semanas, el Supremo se pronunció. La sentencia no entró al fondo de la cuestión. Pero lo que sí se dejaba claro es que en el actual Real Decreto se producía una «insuficiencia de rango», por lo que el texto quedaba anulado. Así, como reconocía ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, podía producirse un «vacío legal» en lo que a donaciones se refiere. La respuesta del Gobierno ha sido elevar el rango a Real Decreto Ley, de tal forma que se da una respuesta a la petición del Supremo. Además, el texto, que tendrá que ser ratificado por el Parlamento, supone la trasposición de tres directivas europeas.

Como afirma a LA RAZÓN Rafael Matesanz, presidente de la ONT, en realidad, la parte de este Real Decreto que afecta a los cordones umbilicales es «mínima», si bien es verdad que ha sido la más visible por el revuelo judicial que ha originado. Desde que hay registros oficiales –en 1989–, cerca de 400.000 pacientes han recibido algún trasplante de tejidos y células. Entre ellos, el más numeroso es el trasplante de tejido osteotendinoso –huesos y tendones– con cerca de 10.000 trasplantes al año, seguido de los de córnea con más de 3.500 y los de progenitores hematopoyéticos, con cerca de 3.000. En total, se realizan más de 15.000 intervenciones al año.

Un caso aislado

Matesanz apunta a que no es «peyorativo» decir que una empresa como Vidacord tenga «intereses legítimos». Sin embargo, asegura que «el resto de bancos de cordón y la misma patronal» no estaban «en la misma línea» que la empresa, que era la única que hasta ahora había recurrido el Real Decreto. Aparte, el uso autólogo del cordón umbilical que defienden estas empresas sigue abierto a «discusiones científicas», pues las posibilidades de que sirva de algo «es muy limitado». De hecho, hasta la fecha, sólo hay tres casos reportados en todo el mundo de niños a los que les han sido útiles sus propias células. Por contra, nuestro país, recuerda, «es la segunda potencia en unidades de cordón guardadas», sólo por detrás de Estados Unidos.

Matesanz ha hecho hincapié en la «reacción espléndida» del Gobierno, pues «no hay muchos ejemplos de una ley que se haya hecho en 15 días». Y es que, al derogar el anterior Real Decreto, «estábamos en una situación muy complicada, con consecuencias negativas para la salud pública».