Cadáveres tratados como mercancía barata

Así trataban a los difuntos la funeraria de Valladolid que cambiaba los ataúdes.

En un cartón marrón, similar al que usan algunas personas que piden en la calle, Justo, un ex empleado de la Funeraria El Salvador, escribía con rotulador negro el nombre del fallecido, la fecha de su incineración y le disparaba una fotografía. Las imágenes, según fuentes policiales, son espeluznantes. “A mí me horrorizaría ver a mi padre o a mi madre inmortalizados en su muerte, desprotegidos, tirados de cualquier manera en un ataúd barato”, afirman fuentes policiales, “fíjate que no son mis familiares y me parece indignante, vergonzoso y dolorosísimo”. Cuando utiliza la expresión “tirados de cualquier manera”, se refiere a que en ocasiones, si el fallecido era muy grande o muy pesado, al cambiarlo de la caja buena a la barata, lo arrojaban sin el más mínimo cariño, y si caía de espaldas, o de lado, así se quedaba.

Esta macabra historia comienza a airearse en agosto de 2017. Ignacio Morchón, director gerente de la Funeraria El Salvador de Valladolid, acude a comisaría a denunciar a un antiguo empleado suyo. Explica a los agentes que Justo, un empleado suyo que se jubiló dos años antes, llevaba desde entonces tratando de extorsionarle con misivas que contenían avisos como este: “Dame lo que me corresponde por todo lo robado”.

► Ignacio Morchón, el “capo” de los ataudes

El director de la funeraria relata que ha recibido durante los dos últimos años infinidad de amenazas del tal Justo para que le mejorase el dinero de la pensión, y amenazaba con que, de no cumplir con este requisito, haría públicas las fotografías que tomó de los muertos minutos antes de ser incinerados, o incluso dentro del horno funerario, y revelaría el fraude que se escondía tras sus paredes: que cambiaban a los muertos de ataúdes caros a ataúdes de ínfima calidad, más baratos, y los buenos los volvían a reutilizar. Ignacio Morchón, ante los agentes, niega la estafa: “Amenaza con hacer públicos unos hechos, que de ser ciertos, la empresa no tiene conocimiento alguno de los mismos y unas fotografías, obtenidas ilegalmente, cuyo contenido puede provocar un daño irreparable a los familiares de los fallecidos”.

Ese mismo día Justo es detenido. Al cachearle palpan algo raro en el bolsillo de su pantalón. Es una carta cerrada. En su interior fotos de fallecidos y más amenazas al director de la funeraria para que pague por todo lo robado. Justo autoriza a los investigadores a que registran su casa y se encuentran: “Veintiséis libretas manuscritas en las que de forma detallada y ordenados cronológicamente (desde 1995 al 2015) Justo anotó el nombre ya apellidos de los cadáveres, con indicación de la fecha del óbito, la edad y el lugar de defunción. En el lateral de cada uno de los nombres aparece una anotación “C.SI”, quiere decir que se ha cambiado la caja original, o “C.NO”, que significa lo contrario”. Tras hacer un cálculo, los policías concluyen que se cambian el 95% de los ataúdes. Además localizan numerosa documentación y fotografías. La conclusión a la que llegan es que durante esos 20 años hubo 5.308 cambios de ataúd y se apropiaron de 893 coronas mortuorias, centros y ramos de flores.

Justo es condenado a un año de prisión por el delito de extorsión, pero la cosa no queda ahí. Existen muchas preguntas que quedan en el aire como por ejemplo: ¿Qué ganaba Justo por cambiar los ataúdes? ¿Cómo pudo tirarse 20 años cambiando cadáveres y féretros sin que nadie se diese cuenta de que se reutilizaban? Justo no ganaba nada. No existe ningún enriquecimiento porque él no recibía un euro. Además a los policías no les cuadra que ni el dueño ni el gerente se diesen cuenta de que les sobraban ataúdes cada vez que los reutilizaban. A las pesquisas además se unen Vigilancia Aduanera, La Agencia Tributaria y el Grupo de Delincuencia Económica. La conclusión es clara: encuentran indicios que les hacen concluir que existe una organización criminal que se dedicaba a enriquecerse con el cambiazo de ataúdes y la reutilización de coronas y ramos funerarios. Se basan en anotaciones como esta de julio de 2013: “Estas siete incineraciones se hicieron el sábado y una el domingo. Se cambiaron o robaron todas las cajas”.

Los familiares de los fallecidos están consternados, dolidos y enfadados. Muchos de ellos se están agrupando bajo el paraguas de la Plataforma Afectados de El Salvador. Dos prestigiosos despachos de abogados se han unido para representarles individualmente en la causa. “Hemos tenido varias reuniones informativas con más de 200 afectados. Con los que nos han conseguido los papeles rápido (factura de los pagos hechos en la funeraria, libro de familia, etc.) hemos acudido a personarnos al juzgado”, explica uno de los letrados. “Y seguimos recibiendo muchísimas llamadas de afectados”. “Lo triste”, apunta una víctima cuyos intereses defienden estos abogados, “es que la jueza está bloqueando mi derecho a pedir justicia. Dice ahora que tenemos que presentar la declaración de herederos y que sin ella yo no estoy autorizada a pedir justicia para mi padre. Parece mentira que sea jueza y no sepa que los hijos somos los herederos legítimos de nuestros padres. Me huele fatal”.