El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes que el Gobierno regulará los algoritmos utilizados por las empresas para personalizar precios y publicidad. Esta medida forma parte de un esfuerzo por garantizar la transparencia y la equidad en las relaciones de consumo, especialmente en el ámbito digital.

Durante el acto "Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital", celebrado en el Ministerio con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras, Bustinduy explicó que el Gobierno obligará a las empresas a que los parámetros de estos algoritmos sean transparentes y accesibles para las personas consumidoras. Además, se prohibirá que estos algoritmos utilicen parámetros discriminatorios o que exploten situaciones de urgencia o necesidad.

Una de las medidas destacadas es que las empresas no podrán variar los precios automáticamente durante el proceso de compra, lo que busca evitar que las personas consumidoras se vean presionadas a tomar decisiones rápidas por la incertidumbre de las fluctuaciones de precios.

El ministro también destacó que esta regulación busca aumentar la conciencia sobre el uso de datos personales y otorgar a los usuarios un mayor control sobre su privacidad. Un ejemplo de esta regulación será en el ámbito de los servicios de transporte, donde las empresas deberán proporcionar información clara sobre cómo se fijan los precios dinámicos, como la distancia, la hora del viaje o eventos masivos.

Además, se prohibirá que los precios se determinen de manera discriminatoria, por ejemplo, en función de la discapacidad o el perfil racial del usuario, o en situaciones de vulnerabilidad, como cuando un usuario se encuentra en emergencia o con poca batería en su móvil.

Estas nuevas medidas continúan el trabajo iniciado por el Ministerio de Derechos Sociales durante la crisis de la dana de octubre pasado, donde se prohibió la personalización de precios durante picos de demanda en situaciones de urgencia o riesgo.

Bustinduy subrayó que "ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos" y que es esencial democratizar las relaciones económicas para lograr intercambios justos, transparentes e igualitarios. También enfatizó la necesidad de garantizar la transparencia en los entornos digitales, asegurando que las personas consumidoras tengan acceso a información clara y veraz.