Cronología del símbolo contra la "burbuja"inmobiliaria

El Cabo Gata-Níjar fue declarado Parque Natural en 1987. En ese momento, existían algunas localidades pequeñas salpicadas por el parque, que poco a poco fueron creciendo debido a la voracidad del ladrillo, pero siempre respetando los planes de urbanisños locales. Sin embargo, un año después, el Ayuntamiento de Carboneras decide aprobar el Plan Parcial que urbanizará El Algarrobico -situado casi al limite del Parque Natural- sin respetar la Ley de Costas.

En julio de 1988, entra en vigor la Ley de Costas que pide aplicar una servidumbre de 100 metros a los planes parciales aprobados con posterioridad al 1 de enero de 1988.

En 1994, la Junta de Andalucía, indica que el suelo de El Algarrobico no es urbanizable dentro el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Sin embargo, en 1997 la Junta rectifica y publica tres nuevos planos de la zona, donde la zona ya aparece como urbanizable.

En 1998, la Demarcación de Costas notifica al arquitecto, Ubaldo Gómiz, que no puede construir en la playa.

En 2001, Azata del Sol S.L. solicita la licencia de obras al Ayuntamiento, que fue aprobada por el consistorio, lo que permitió iniciar las obras del hotel en 2003.

En 2005, 30 activistas de Greenpeace ocupan el hotel y al tercer día entregan 1.200 ladrillos a la Junta de Andalucía. El Algarrobico se había convertido en un símbolo para los ecologistas que lochaban contra la destrucción del litorial y El Algarrobico era el mejor ejemplo para reivindicarse.

Ese mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente publica en el BOE la franja de 100 metros de protección para los terrenos donde se sitúa el hotel.

En febrero de 2006, un juez ordena la paralización de las obras del hotel. En noviembre, Greenpeace derriba simbólicamente parte del hotel y lleva sus escombros a la Junta de Andalucía. La constructora se vio obligada a proteger el edificio con una valla y contrató a un vigilante para evitar que el edificio fuera asaltado de nuevo por los ecologistas o por los amigos de lo ajeno.

En febrero de 2007, el Consejo de Ministros declara de utilidad pública el paraje de El Algarrobico. En julio, Greenpeace logra entrar en el hotel de nuevo y pintan la fachada de negro para dejar el mensaje "hotel ilegal".

En febrero de 2008, se aprueba el nuevo PORN donde la Junta de Andalucía dice que los terrenos son urbanizables. En septiembre, un juzgado obliga al Ayuntamiento de Carboneras a revisar la licencia de obras. En noviembre, el TSJA suspende cautelarmente el nuevo PORN.

En febrero de 2009 Greenpeace hace “desaparecer” el hotel con 18.000 m2 de tela para denunciar la paralización del expediente de expropiación del hotel. La respuesta del Ayuntamiento llegó en mayo, que aprobó un nuevo plan urbanístico (PGOU) que declara el suelo urbanizable.

En 2010, el Ministerio de Medio Ambiente ya no considera los terrenos como de utilidad pública y abandona la expropiación.

En septiembre de 2011, Greenpeace instala una oficina en el hotel con el mensaje “¿A qué esperan?” y coloca una gran bola de demolición. Ese mismo mes, el Supremo suspende el PORN de 2008. En diciembre, se publica en el BOE el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado por el que el Ministerio de Medio Ambiente se hace cargo de la demolición física del hotel y la Junta de Andalucía del desescombro y la restauración ambiental de la zona.

En marzo de 2012, el Tribunal Supremo confirma que la franja de protección de la Ley de Costas es de 100 metros. La Junta de Andalucía corrige el PORN y califica El Algarrobico como no urbanizable. En junio, una sentencia firme del TSJA anula el PORN de 2008 y restablece en el Algarrobico el nivel de protección de 1994.

En octubre de 2013, otra sentencia del TSJA establece que los terrenos y el hotel pasan a ser propiedad de la Junta de Andalucía.

En marzo de 2014, el TSJA dice que el terreno es urbanizable y Greenpeace recurre al Tribunal Supremo. En mayo, 100 activistas de Greenpeace pintan un punto negro de 8.000 m2 en la fachada del hotel para pedir a la Junta de Andalucía que registre los terrenos a su nombre. En julio, el TSJA dice que la licencia de obras es legal. En septiembre, la Junta de Andalucía

emplaza a Azata ante notario para formalizar la compra de los terrenos pero la constructora no se presenta.

En febrero de 2015, el Tribunal Supremo anuncia que en septiembre unifica sentencias para resolver la maraña, decisión que finalmente se aplaza hasta febrero de 2016, en la que el Alto Tribunal da la razón a los ecologistas, ratifica la decisión del TSJA de 2012 que indica que el suelo no es urbanizable y anula la decisión del TSJA de 2014 que indica lo contrario.