Declaran culpable a Pablo Ibar del triple asesinato cometido en EEUU en 1994

El jurado alcanzó el veredicto unánime de culpabilidad y lo entregó por escrito al juez encargado del caso, que tendrá ahora que dictar sentencia contra Ibar, para el que la Fiscalía volvió a pedir pena de muerte.

Después de 24 años encerrado, entre el 2006 y el 2016, en el «corredor de la muerte», el jurado popular de Miami dictó ayer sentencia. El español Pablo Ibar, hijo de vasco y cubana nacido en Florida, y que ha vivido 24 de sus 46 años entre rejas, fue encontrado culpable de asesinato. A la espera de que el juez dicte condena, la Fiscalía renueva su petición de pena muerte. Por unanimidad, los 12 miembros del jurado ratificaron lo que ya había dictaminado, por 9 votos contra 3, otro jurado en el 2000. A saber: que el español participó en 1994 en el asesinato de Casimir Sucharski, Marie Rogers y Sharon Anderson.

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En aquel año infausto presidió el Tribunal el honorable Lance True Andrews. Un juicio previo, en 1998, en el que Ibar compareció junto a su presunto cómplice, Seth Peñalver, fue declarado nulo ante la imposibilidad del jurado de acordar un veredicto. En el 2000, Ibar y Seth fueron juzgados por separado, declarados culpables y sentenciados a 25 años por allanamiento de morada a mano armada, otros 25 por atraco a mano armada y, por supuesto, a muerte por los asesinatos a sangre fría de Sucharski, Rogers y Anderson.

Como describió el escritor y periodista español Nacho Carretero, autor de «En el corredor de la muerte», la condena estaba basada en una grabación de una cámara de seguridad del interior de la casa donde tuvieron lugar los crímenes. En ese vídeo puede apreciarse durante unos instantes el rostro de uno de los asesinos. Tanto los detectives como la Fiscalía dijeron que se trataba de Ibar. El abogado del español, incapaz de defender a su cliente, ni siquiera sometió aquel video al peritaje de unos expertos en reconocimiento facial. Para condenarlo tampoco hubo testigos directos. Ni huellas. Ni sangre. Nada que sustentara el veredicto resultado de considerar más allá de cualquier duda razonable que Ibar fue uno de los dos criminales que aquel 26 de junio de 1994 ejecutaron de un disparo en la cabeza al empresario de la noche Sucharski, propietario del club Casey’s Nickelodeon, y a sus dos amigas. Nada exhibe mejor la precariedad de la sentencia, sustentada en el célebre video y en una serie de testigos indirectos y pruebas más o menos circunstanciales, que el hecho de que en 2014 Seth Penalver fuera declarado no culpable y posteriormente puesto en libertad por orden del Tribunal Supremo de Florida. El alto tribunal estimaba que las pruebas en su contra eran «no concluyentes». Un eufemismo para reconocer que no existía ni una prueba física y ningún testimonio de primera mano.

En el 2000, Pablo Ibar presentó una apelación ante el Supremo del Estado para, al menos, repetir el juicio. Le fue denegada en 2006. También en 2014. Finalmente, en 2016, los jueces entendieron que las evidencias eran débiles y el desempeño de la defensa absolutamente desastroso. En consecuencia, tenía derecho a un nuevo juicio. Los últimos dos años son los de una lucha feroz por parte de su familia para recaudar fondos necesarios para financiar el proceso. Hasta chocar con esta nueva condena, basada casi en exclusiva en la prueba de ADN de la camiseta de uno de los asesinos. En el video puede verse como uno de ellos se limpiaba el rostro con ella. La responsable de realizar las pruebas ha explicado que de las cinco muestras tomadas, una presenta trazas parciales y mínima, pero a su entender suficientes, del ADN de Ibar. Eso sí, también asegura que la bolsa que guardaba la camiseta estaba abierta cuando le fue entregada a la Fiscalía, en 2010. Suficiente para que muchos especialistas consideren posible que la prueba estuviera contaminada. Sin embargo, el jurado ha dado por bueno el criterio de la Fiscalía. De hecho, se negó a escuchar el testimonio del profesor Allan Jamieson, experto del prestigioso Forensic Institute, que ha publicado numerosos estudios respecto a la inquietante infalibilidad con la que vienen tratándose las muestras de ADN. En opinión de Jamieson, los tribunales está admitiendo pruebas de ADN en las que apenas hay presentes dos o tres células, frente a los varios miles que antes solían requerirse.

En 2014 un informe de las universidades de Michigan y Pensilvania concluyó que un 4,1% de las personas condenadas a muerte entre 1973 y 2004 eran inocentes. Según los resultados del estudio, en 2014 habría 200 inocentes que aguardaban a ser ejecutados. Pero aquellos que lograron evitar la inyección letal no siempre salieron a la calle: en muchos casos, la pena de muerte fue transformada en una condena a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional.

En 2016, Peñalver, por entonces ya un hombre libre, habló ante en la Universidad de Florida. Cuando alguien le preguntó sobre si la pena de muerte debiera de abolirse, opinó que «una sola persona ya es demasiado si te equivocas». Entonces, como hoy, Ibar permanecía en prisión. En su caso queda la opción, casi ya la última oportunidad, de reiniciar la larga y agotadora serie de recursos a la espera de que el Supremo, finalmente, considere que al igual que ocurriera con Penalver el suyo fue un proceso sin las debidas garantías. Abatido, el padre de Ibar, Cándido, mostraba su desesperanza a las puertas del tribunal: «No se puede explicar. No me lo esperaba».