«Dejo sin atender a 100 maltratadas porque el Ayuntamiento no me paga»

Anna Carretero lleva más de 20 años dedicada a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género. Sabe que desde hoy, alrededor de cien mujeres que han sufrido o sufren maltrato por parte de sus parejas van a dejar de recibir su asistencia psicológica. Justo ayer se cumplió el mes de preaviso que la psicóloga ha dado al Ayuntamiento de Badalona «como consecuencia del incumplimiento por su parte en su obligación de pago de servicios». Así figura en el burofax que la experta mandó el pasado 8 de octubre al Ayuntamiento tras reclamar durante varios meses las facturas impagadas por sus servicios. «Bien que muestran sensibilidad por las mujeres muertas, pero ¿quién se preocupa de las vivas?», denuncia Carretero a LA RAZÓN.

Su relación con el consistorio se inició el pasado mes de enero. «Gané el concurso por oposición para trabajar en el Servicio de Atención Integral a la Víctimas (SAIV) durante un año. Me contrataron para trabajar 12 horas semanales, a 25 euros la hora. Siempre he hecho más horas de las que figuraban en mi contrato, porque no iba a dejar a ninguna víctima sin asistencia», explica Carretero. Su labor se basaba en hacer terapias individuales, informes de peritaje tras la petición de un abogado e, incluso, ofrecer conferencias a víctimas y a miembros de los Mossos d’Esquadra, que son su mayor fuente de derivación. «Mi trabajo es vocacional y por eso siempre me he entregado para ayudar y mejorar la calidad de vida de las víctimas de violencia machista».

Llegó el mes de abril y «tuve que quejarme porque aún no me habían pagado» y tenía que hacer frente a la cuota de autónomos y otros gastos de colegiación y gestoría. En total: más de 370 euros. Es decir, estaba pagando por trabajar. La psicóloga reconoce que ante el toque de atención que dio en el consistorio, «en seguida me pagaron todo», pero en mayo cambió el Gobierno municipal. Dejó la alcaldía Xavier Albiol, del Partido Popular, y le sustituyó Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú. Volvieron a dejar de pagarla «y decidí reducir mi jornada laboral a las 12 horas estrictas que figuran en mi contrato». Obviamente, «este cambio repercutió negativamente en la asistencia a los pacientes porque debí espaciar las visitas». Llegó finales de agosto «y aún no había visto un céntimo».

Y es que esta situación trascendió más allá de su trabajo. «Tengo una hipoteca que pagar y el director de mi banco me empezó a llamar para recordarme que no estaba haciendo frente a los pagos y que me iban a desahuciar. Gracias a la ayuda de mi familia he podido seguir saliendo adelante». Mientras, del Ayuntamiento no recibía ninguna noticia. Sólo la llamada de una secretaria «que me dijo: ‘‘No te preocupes, que ya te pagaremos’’» y un correo electrónico en el que se confirmaba que «las facturas estaban retenidas en el Ayuntamiento y que no tenían intención de pagármelas hasta que no les explicara cuáles eran mis funciones en el SAIV». Carretero se quedó perpleja. Ella había ido enviando puntualmente el desglose de todas las horas que había trabajado dando asistencia a las víctimas y acudiendo a juicios. Llegó septiembre y la cosa no cambiaba, aunque la nueva alcaldesa «me aseguró que ya me pagarían. Le di mi teléfono como me pidió, porque me dijo que me llamaría y aún estoy esperando. Me debían más de 6.000 euros». Ante esta situación decide ponerse en contacto con una abogada y «conseguí que me pagaran las facturas de mayo y junio porque les amenacé con denunciar por maltrato económico y, gracias a eso, conseguí que me pagaran mayo y junio». Eso sí, ese mismo día, el 8 de octubre, tomó la decisión de dejar de trabajar en el servicio del consistorio. Es decir, el fin de su labor en favor de las víctimas de violencia de género terminaba justo el día de la gran manifestación «contra las violencias machistas» que llevaron a Madrid a más de 200 autocares de todas partes de España. Curiosamente, Sabater, la alcaldesa de esta localidad, acudió a la marcha en representación del consistorio.

A raíz de la decisión, la psicóloga se ha dedicado a informar a sus pacientes, a lo largo de este último mes, de la nueva situación, ya que «a ellas les repercute directamente». De esta manera, «dejo a más de cien familias sin atender porque el Ayuntamiento no me paga, no cumple con sus obligaciones. Y, a día de hoy, «nadie les ha explicado qué va a ocurrir con ellas y ningún profesional me ha pedido que le traspase los casos».

Ayer, acudió a un juicio en el que estaba citada como «psicóloga del Servicio Integral de la Mujer del Ayuntamiento», aunque el domingo se cumplía el mes de preaviso. «He ido porque es mi trabajo, mi profesión». Ha decidido dar el paso de denunciar públicamente su situación porque, «como les digo a mis pacientes víctimas de violencia, el primer paso es romper el silencio». Carretero ha sido la única profesional contratada para atender a las víctimas de violencia y, sin ella, no tendrán ningún psicólogo más. Es decir, Badalona no cumplirá con uno de los puntos del manifiesto de la marcha del 7-N: «Que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la prevención y la erradicación de las violencias machistas, así como en la asistencia y la reparación de todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de la situación administrativa».