Las detenciones por provocar incendios forestales cayeron un 32 % entre enero y agosto de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, a pesar de que el fuego arrasó una superficie nueve veces mayor que en 2024, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

De acuerdo con datos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, entre enero y agosto de 2024 fueron detenidas 201 personas acusadas de provocar incendios forestales, mientras que en el mismo plazo de tiempo de este año el número fue de 137 detenidos.

En cambio, la superficie arrasada pasó de 38.737 hectáreas en los primeros ocho meses del año a 378.751 hectáreas en el actual: nueve veces más en el mismo período, lo que ha llevado a catalogarlo como el peor en España en lo que va del siglo.

Esta tendencia también se observa en las condenas emitidas en el último decenio, que descendieron de 131 en 2015 a 94 en 2024, según las memorias de la Fiscalía correspondientes a cada gestión.

Hasta 20 años de cárcel

Las personas acusadas de provocar incendios forestales se enfrentan a sentencias de hasta 20 años de cárcel, aunque "las condenas penales no ayudan a enfrentar las causas reales de estos siniestros", ha advertido a EFE el abogado Jaime Doreste.

El artículo 351 del Código Penal es el que fija entre 10 y 20 años de prisión para aquellas personas que provoquen un incendio que ponga en peligro la vida de otros, mientras que el 352 fija una de sólo entre 1 y 5 años para los acusados de generarlos de forma intencionada sin peligro para la vida humana.

Doreste, quien también es profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que el artículo 353 añade las circunstancias que agravan un delito forestal, como "la proximidad a zonas habitadas, la alteración de la vida animal o vegetal y la superficie quemada", lo que se traduce en condenas de entre 3 y 6 años.

Si las llamas no se propagan con tanta fuerza, el artículo 354 establece una pena de 6 meses a 1 año de cárcel e incluso prevé la posibilidad de “eximir de responsabilidad al autor si evita que el fuego se extienda".

Aunque en ocasiones se plantea la posibilidad de incrementar las penas para ayudar a combatir a los pirómanos, Doreste ha asegurado a EFE que "la solución para reducir los incendios que afectan a España no está en ese aumento sino en perseguir la motivación que hay detrás del delito”.

Hasta 20 años de cárcel

Varios expertos en gestión forestal coinciden en que las condenas del Código Penal son “suficientemente graves” y que los castigos por sí solos “no van a solucionar los grandes incendios forestales”, un problema agravado por las olas de calor y las sequías que provocan que las masas forestales “sean más inflamables".

Así, según la ingeniera forestal Mónica Parrilla “es importante diferenciar las causas que originan los incendios de las que los propagan” para entender cómo el cambio climático puede potenciar los fuegos provocados por la mano del hombre.

Doreste ha recordado que el Código Penal y la Ley de Montes establecen que no se puede cambiar el uso de suelo de una zona afectada por un incendio forestal por al menos 30 años, una disposición que de todas formas, lamenta, “no se está cumpliendo” en todas partes ya que hay evidencia de que en algunos sitios afectados se han construido “urbanizaciones o parques temáticos”.

"Existe una cultura del fuego que siempre ha acompañado la gestión forestal” en España, pero que en un contexto como el actual en el que hay más sequías, altas temperaturas y mayor degradación del suelo, debería cambiar pues “las prácticas forestales no pueden ser las mismas que antes”.

Además, "aunque se incoan muchísimos procedimientos, la mayoría termina archivada por falta de un autor conocido”, ya que hay un “pacto de silencio” en el que no se denuncia a los culpables aunque se los conozca, dice Doreste.

Según Parrilla, lo primordial en estos casos es “reducir la siniestralidad” de los fuegos porque “sin ignición no hay propagación”.