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Diana Quer murió estrangulada

El estudio forense es la pieza clave que esperaban los investigadores para desmontar la versión de José Enrique Abúin, El Chicle, de que mató accidentalmente a la joven.

José Enrique Abúin, El Chicle
José Enrique Abúin, El Chiclelarazon

El estudio forense es la pieza clave que esperaban los investigadores para desmontar la versión de José Enrique Abúin, El Chicle, de que mató accidentalmente a la joven.

Poco a poco se va cimentando la acusación contra el Chicle. Después de que los investigadores de la UCO y de la Policía Judicial de La Coruña lograran resolver el complicado misterio de su desaparición, ahora la clave está en la autopsia. El informe preliminar, firmado por el prestigioso médico forense Fernado Serrulla Rech, concluye que la causa de la muerte de Diana Quer fue «violenta-homicida». Es más, apunta a que el mecanismo a través del que falleció la joven fue el estrangulamiento. Esta deducción médica pone en evidencia las mentiras del investigado, que a la Guardia Civil le confesó el pasado 29 de diciembre: «Tras intentar robar gasoil de un camión regresé a mi coche. Metí en el maletero las dos garrafas, la manguera que había utilizado y me subí al vehículo. Arranqué y di marcha atrás. Impacté contra lo que creí en ese momento que era un bordillo. Me bajé del coche para comprobar qué había pasado y observé que debajo estaba el cuerpo de una persona. Intente sacarla de allí, pero como no pude, tuve que mover el coche. Fue así como logré sacarla. La zarandeé pero no respondía a los estímulos».

De haber sido cierto este relato, desde un punto de vista penal, José Enrique Abuín sólo podría haber sido acusado de homicidio imprudente cuya horquilla de punitiva oscila entre uno y cuatro años de cárcel. Sin embargo, esta posibilidad ya ha sido desterrada y así lo confirmaba la propia familia Quer: «El informe antropológico forense tiene carácter preliminar. En él se confirma que la causa de la muerte fue el estrangulamiento». Este hecho ensombrece el futuro carcelario de José Enrique Abuin. «Estamos ante dos posibles escenarios penales», apunta la letrada Bárbara Royo. «El primero que sea acusado de homicidio, cuya pena fluctúa entre los diez y quince años de prisión. Sería así si el fiscal y el abogado de la familia Quer considerase que Diana no tenía anulada la capacidad de defenderse, cosa bastante improbable. El segundo escenario es que las acusaciones persigan el asesinato, cuya pena va de los quince a los veinticinco años. Para ello habrán de demostrar en el juicio que Diana no pudo defenderse». Esto es lo que sospechan los investigadores: que el Chicle maniató con bridas las manos de Diana y para evitar que luchase o se moviese sujetó con otra de dimensiones no habituales su cabeza al reposacabezas del asiento del copiloto. Creen firmemente en esta posibilidad porque a él se le deslizó la confesión aunque en ese momento no estaba presente su abogado, por tanto no es válida, y porque en el pozo del que fue rescatada Diana los agentes sacaron tres bridas. Dos de tamaño normal que podrían haber servido para las muñecas y una de grandes dimensiones y grosor, rota, de uso poco frecuente, que se ha enviado al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, en busca de restos de piel del detenido y la víctima.

Otro de los datos esenciales es determinar si hubo agresión sexual. «En el primer avance del informe», explica la familia Quer en un comunicado, «no se acredita, pero tampoco se descarta la posible agresión sexual». Lo cierto es que existe la sospecha de que ese pudo ser el móvil principal de la desaparición de la joven. Hay una pléyade de indicios que apuntan en ese sentido: en su pasado el Chicle ya ha sido acusado de agredir sexualmente a su cuñada con el mismo modus operandi y el cuerpo fue hallado desnudo. De hecho, el estudio forense no está acabado tal y como recuerdan los padres de la joven: «Los expertos señalan que cuando se disponga de todos los resultados se emitirá un informe único y definitivo».

Se han enviado diferentes muestras al instituto Anatómico Forense y también al Instituto Nacional de Toxicología para realizar estudios más avanzados y se pueda determinar con mayor precisión si hubo o no agresión sexual. «Si se demostrase que la violación precedió al asesinato, la pena se convertiría en prisión permanente revisable si es que finalmente no es derogada en el Congreso», explica la penalista Bárbara Royo.

Otros de los datos que apunta este primer informe es la data del fallecimiento. El estado del cuerpo ha complicado las labores y sólo se ha podido establecer que falleció en agosto de 2016. Además, los médicos forenses que firman el dictamen piden que el cuerpo no sea incinerado por si es necesario hacer más estudios posteriores. Se quiere evitar así el flagrante error cometido por el Juez Vázquez Tain en el caso Asunta quien sí autorizó la incineración del cuerpo eliminando la posibilidad de una segunda autopsia.

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