Oportunismo autonómico con la Formación Profesional

Al Ministerio de Educación le toca hoy hablar con las comunidades autónomas del reparto de fondos para poder implantar a partir del mes de septiembre la FP Básica que introduce la nueva ley de educación. Las autonomías echaron cuentas y presentaron sus propuestas de financiación a principios de junio. La mayoría de las gobernadas por el PP presupuestaron cantidades similares a las que contemplaron el curso pasado para los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que desaparecen para abrir paso a esta nueva FP que puede estudiarse a los 15 años y que va destinada a los alumnos que no han terminado la ESO y quieren iniciarse en la Formación Profesional. Marcan la diferencia las comunidades anti-Lomce, que han aprovechado la coyuntura para pedir al Ministerio de Educación el doble o más de lo que solicitaban el curso pasado para los PCPI.

Si Andalucía el año pasado presupuestó 57 millones de euros, este curso pide al Ministerio 110. Si Asturias el curso anterior estimó que gastaría 57 millones, para el próximo curso pide al Ministerio casi el doble: 6,2 millones. Canarias, que destinó 14,5 millones, cree que implantar la FP Básica a partir de septiempre le supondrá 16,6 millones. Cataluña prevé mantener el próximo curso 269 grupos, pero sólo seis de FP Básica. El resto serán una especie de PCPI propios que reciben el nombre de programas para colectivos específicos y que no son cofinanciables por la Administración central, aunque Cataluña pasa la factura por el total.

El Ministerio estima que el coste por alumno para esta etapa de formación obligatoria y gratuita es de 5.219,6 euros y en función de este coste estimado hará el reparto dinerario entre las comunidades.

Mientras pasan estos abultados presupuestos, éstas autonomías aseguran que «esquivarán» la ley, lo que no ha sido obstáculo para que soliciten el dinero necesario a Educación para implantar la nueva ley a partir de septiembre.

No obstante, Andalucía será la comunidad autónoma que más fondos recibirá para aplicar en su conjunto la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), con un total de 189,67 millones de euros, cuando el desembolso total para poner en marcha la nueva ley asciende a 964 millones para los tres próximos cursos escolares, es decir, hasta 2017.

Más de la mitad, 614 millones, proceden del Fondo Social Europeo, mientras que el Ministerio de Educación aporta 350 millones, según informó el ministro de Educación en el Congreso la semana pasada. Entre 2017 y 2020 el desembolso será de 1.200 millones y será entonces cuando las comunidades autónomas tendrán que aportar fondos. La segunda comunidad autónoma que recibirá más fondos para implantar la ley a lo largo de los tres próximos cursos será la Comunidad Valenciana (112 millones), seguida de Madrid (110,8) y Cataluña (106,17). Los que menos recibirán serán La Rioja (9,7), Navarra (11,7) y Asturias (12), en función de los distintos parámetros aplicados por el Ministerio de Educación.