El 89% de las mujeres no da ningún motivo para abortar

La actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como «ley Aído», recoge cinco supuestos para practicar un aborto inducido: grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, riesgo de graves anomalías en el feto, anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable, a petición de la propia mujer o por otros motivos. Según recoge el último estudio del Ministerio de Sanidad –2011–, más del 89% de las mujeres que deciden abortar no da motivo alguno para interrumpir el embarazo.

La controvertida ley, que el actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya ha modificado y llevado a Moncloa, explica que para realizar el aborto las mujeres deberán «acreditar» que se encuentran en los supuestos que determina la ley, porque, como ya ha afirmado en varias ocasiones, «los derechos de la mujer no pueden prevalecer sobre los del no nacido, salvo en ciertos casos, como dictaminó el Tribunal Constitucional en 1984». De esta manera, el aborto libre hasta las 14 semanas que promovía la ex ministra de Igualdad Bibiana Aído ya no será posible.

En 2011, sólo el 7% de las mujeres abortaron por riesgo de problemas para su salud y el 2,7% lo hizo por graves anomalías en el feto. Las graves enfermedades del feto no representan ni el 1% de los casos, al igual que los otros motivos, entre los que se encuentran, por ejemplo, los casos de violación.

En 2008, en la segunda legislatura consecutiva socialista, se alcanzó la cifra récord de 115.812 abortos. Y esta cifra no para de aumentar desde 1985. Con la entrada en vigor de la «ley Aído» en 2010 el número de abortos aumentó en más de 1.500 con respecto al año anterior, cuando por primera vez se produjo un descenso de las interrupciones del embarazo en un 3,7%.

54.546 fue el número de abortos que se llevaron a cabo el segundo semestre de 2010, con la aplicación de la nueva ley, que entró en vigor el 5 de julio de ese mismo año. La reforma de Gallardón supondrá el segundo cambio legislativo en esta materia en los últimos 28 años.

En España, estamos a la cola de Europa en esta materia y el Gobierno de Rajoy ha insistido en modificar esta ley como una de las prioridades de su legislatura. Para ello, el anteproyecto, que verá la luz este mes, ha querido equipararse a la normativa de los demás países europeos, que están muy por delante de España en este sentido.