El juicio que teme el doctor Morín, con nuevas pruebas

Morín, en una foto de archivo
Morín, en una foto de archivo

Una decisión «sesgada y parcial». Entre otras muchas cosas, el Tribunal Supremo (TS) reconocía en su fallo sobre la repetición del juicio al médico peruano Carlos Morín, sobre el que se pedían 309 años de cárcel por practicar 89 abortos ilegales, que la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Barcelona estaba teñida de ideología. Por ejemplo, por frases como ésta: «Todo embarazo no deseado supone una situación de evidente riesgo para la salud psíquica de la embarazada», haciendo suyo el juzgado la postura de las clínicas abortistas. Además, como explica Josep Miró i Ardevol, presidente de E-Christians –organización que junto al Centro Jurídico Tomás Moro y Alternativa Española representa la acusación particular–, la sentencia «ensalzaba a personas como Santiago Barambio», presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), como si fuera un «gran experto en este tema». «Era una sentencia cargada de ideología», explica Miró i Ardevol. Ahora, con la decisión del Supremo, la acusación particular espera otro resultado. Y es que una nueva sala y magistrados serán los encargados de impartir justicia. «La nulidad de una sentencia es algo concebible, pero pocas veces se ha dado con esta virulencia: el TS considera de forma tajante que carece de toda técnica jurídico-procesal», asegura a este diario Carlos Perez-Roldán, abogado del Centro Jurídico Tomás Moro.

Además, la acusación particular se muestra convencida de que el resultado no será otro que el de la condena. Y es que dos de las pruebas no admitidas para el anterior juicio, las grabaciones con cámara oculta de una televisión holandesa y el testimonio de aquellos periodistas, serán claves a la hora de determinar la culpabilidad de Morín. De hecho, como afirma Pérez Roldán, «la sentencia de la Audiencia de Barcelona ya de por sí indicaba su culpabilidad: quedaba demostrado que los psiquiatras del centro no practicaban las pruebas a las madres que certificaban que corrían riesgo físico por su embarazo, o que, directamente, estas jóvenes no pasaban la prueba». Así, la acusación baraja presentar una nueva prueba: una petición del examen caligráfico de los psiquiatras que podría determinar que ni siquiera fueron ellos los que practicaron los análisis». En todo caso, la repetición del juicio supondrá un golpe para el médico peruano. «Evidentemente, volver a pasar por todo otra vez va a ser bastante duro», reconocía el pasado martes a LA RAZÓN María Luisa Durán, su esposa y mano derecha en las clínicas.

«Que el TS haya anulado esta sentencia es una buena noticia para el derecho a la vida y para el propio Estado de Derecho: los jueces no pueden imponer en sus sentencias su visión ideológica en materia de aborto, sino que deben hacer respetar las leyes», aseguró ayer Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia.

Para Blanco, no se puede desligar de la decisión del Supremo la irrupción de la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno. «El legislador habrá de tener en cuenta lo que realmente sucedió entre 1985 y 2010 en la aplicación del llamado ''supuesto terapéutico'': la citación del ''grave peligro para la vida o salud de la madre"como causa de no punibilidad del aborto». Y es que, para el Foro de la Familia, «al amparo de ésta causa se vivió un auténtico fraude de Ley que pretendía amparar cualquier aborto interpretando que un embarazo no deseado suponía siempre ese grave peligro para la salud psíquica de la madre». Y es que ésta era precisamente la interpretación que hacía la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, anulada ahora por el TS.

Un «fraude de ley»

Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, coincidió en señalar el carácter «ideológico» de la anterior sentencia. Además, pidió ayer al Gobierno que «reforme de inmediato» la ley del aborto tras conocer la sentencia del Supremo. Así, considera que las diferentes administraciones han ignorado «un fraude de ley continuado», por lo que, si no reforma la actual normativa, «cientos de "morines"seguirán campando a sus anchas». ¿El motivo? Ese tercer supuesto «despenalizador». En lo que respecta al nuevo texto que prepara el Gobierno, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció este año que se mantendrá el aborto por «daño psicológico» a la mujer.

«La sentencia de Barcelona era injusta y escandalosa desde un punto de vista jurídico. No sólo violentaba el derecho a la vida: también el propio Estado de derecho. Antepuso los principios ideológicos ante la aplicación de la ley. Constituía un fraude de ley», reconocía a este diario Antonio Torres, presidente de RedMadre. Desde esta ONG, que se encarga de ayudar tanto a mujeres embarazadas como a las que ya han pasado por el aborto, resulta significativo el hecho de que, «de los cinco jueces que revisaron la sentencia de la Audiencia, sólo uno alegó alguna observación», por lo que hubo unanimidad a la hora de acordar la repetición del juicio. Por eso, las novedades del Supremo han supuesto una «enorme alegría».