El negocio del aborto: 40 millones menos para las clínicas

El PSOE y las clínicas abortivas se movilizan. Ante la inminente aprobación de la nueva ley del aborto, largamente acariciada por el Gobierno, la oposición y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) han contraatacado con la presentación de un vídeo titulado «100.000 mujeres invisibles». El título hace referencia al número de mujeres que, según ACAI, no podrán abortar tras la entrada en vigor de la nueva ley. Para llegar a esta cifra, las clínicas han tomado como base el número de abortos que se produjeron en 2011 –118.365– y las novedades ya apuntadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Si se elimina el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación, 101.607 mujeres se quedarían sin abortar; si se suprime el supuesto del aborto por una patología grave del feto, habría que añadir a otras 3.000; y si se cumple la obligatoriedad para las menores de 16 y 17 años de informar a sus progenitores de su decisión, habría que sumar 500 jóvenes más. «Todos estos casos quedarán fuera, con lo que se pone en riesgo la salud de estas mujeres», aseguró ayer Francisca García, presidenta de ACAI, mientras que la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se comprometió ayer con las clínicas a una alianza en el Congreso para que la reforma se derogue «cuando cambie la mayoría parlamentaria». ¿El objetivo? Obtener «una ley del aborto digna para las mujeres».

A la carta

Asociaciones provida y de ayuda a embarazadas se preguntaban ayer si detrás de este interés por la dignidad de las mujeres no se esconde en realidad un afán de lucro. Y es que los réditos que mueve el negocio del aborto no son precisamente escasos. Un ejemplo está en los precios de la interrupción voluntaria del embarazo de la clínica Isadora –una de las más populares– y que van en función de las semanas de gestación: desde los 380 euros que cuesta el método farmacológico hasta los 1.655 a los que asciende el aborto de 21 a 22 semanas, pasando por las interrupciones de 13 a 14 semanas –475 euros–, de 15 a 16 –595 euros–, hasta las 17 –625 euros–, etc. En total, una lista de 10 precios, que, según la clínica, «puede variar siempre con respecto a la posibilidad de cada paciente y su estado social». Haciendo la media de los precios acordados, si esas 101.607 mujeres que abortaron libremente antes de la semana 14 dejaran de hacerlo por la nueva ley, las clínicas perderían más de 40 millones de euros –42,6 para ser exactos– en apenas un año.

Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, afirmó ayer a Ep que le extraña «muchísimo» que el PSOE prometa a las clínicas –«la patronal del aborto»– tumbar una posible reforma. Y es que «cuando hay unos pocos empresarios interesados en un negocio, sus intereses son económicos, no sólo el de la mujer». Razón por la cual no le parece la «forma más objetiva» de tratar el tema. Mientras, Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, comentó que no le sorprende «nada» que Valenciano y la ACAI «vayan de la mano», pues el PSOE «ha defendido siempre el negocio del aborto y el negocio del aborto siempre ha aprobado al PSOE».

«La ley de Ruiz-Gallardón no es contra las mujeres, es contra el negocio abortista, que mueve muchos millones. Una patronal de la muerte: con más abortos, obtienen más dinero, mientras que el PSOE alienta así a su base electoral más ideológica. Y es un dinero que, en buena parte, procede de las aportaciones de los españoles», aseguraba ayer a este diario Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír. Además, a Arsuga no le sorprende la «alianza» entre PSOE y clínicas, teniendo en cuenta que «hay algunos diputados, también de IU, que tienen intereses particulares» en estos centros.

«El PSOE debería buscar una mayor alianza con las familias y las madres, y mucho menor con negocios particulares», explicaba Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina. «Unos miran para otro lado, y otros miran el dinero», añadía. En todo caso, Giménez considera que «ningún partido político parece vivir en el mundo real ni en la economía real: las madres son las principales ''empresas'' del país. Y los partidos políticos las excluyen, prefiriendo vivir de los votos».

Blanco considera que casos como el protagonizado por el doctor Carlos Morín, cuya sentencia absolutoria por la práctica de 89 abortos ilegales ha sido recientemente revocada por el Tribunal Supremo, motivaron la aprobación de la legislación vigente –la llamada «Ley Aído»– en 2010. Un texto que se acometió «precisamente para proteger a las clínicas ante el riesgo que supuso para ellas el ''caso Morín''». Así, el presidente del Foro de la Familia subrayó el hecho de que hay que «hacer una ley que, en vez de proteger el negocio del aborto y a sus empresarios, defienda el derecho a la vida y el acceso de la mujer a la maternidad». Por ello, no van a quedar 100.000 mujeres desamparadas; precisamente, «tendrán un amparo que les niega la actual ley, que sólo las aboca a abortar».

Expectativas ante la ley

¿Qué expectativas tienen estas asociaciones ante el nuevo texto? A falta de conocer su contenido, desde HazteOír tienen «la esperanza de que se den pasos significativos en la protección del derecho a la vida y de la maternidad». Del mismo modo, una vez que se apruebe en el Consejo de Ministros, Arsuaga recuerda que la legislación tendrá que pasar los exámenes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. «Será entonces el momento de introducir modificaciones. Y seguiremos pidiéndole al Gobierno que sea valiente. Los grupos antiabortistas se van a seguir movilizando», aseguró.

En esta línea, Gádor Joya expresó sus deseos de que el Gobierno anuncie la derogación de la «ley Aído». Un texto que, en su opinión, «no implementó ni una sola ayuda a la mujer. Lo único que ha hecho es promover el aborto y empujar a las mujeres a abortar sin ofrecer otro tipo de alternativas».