El PSOE fuerza la primera votación en el Congreso

Aún no ha llegado el texto ni a la mesa del Consejo de Ministros y el PSOE ya ha forzado para hoy la primera votación en el Congreso sobre la reforma de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia. La Cámara Baja se pronunciará sobre una moción consecuencia de la interpelación en la que los socialistas reclaman que la normativa no se modifique hasta que no haya un fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos presentados por el Gobierno de Navarra y el PP, un mes antes de que entrara en vigor la ley de 2010.

La iniciativa socialista, que será previsiblemente «tumbada» por la mayoría del PP, solicita además que se respete la legislación de plazos actual, combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, así como que se asegure a las mujeres la adopción de una decisión «libre y formada» en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la llamada «autodeterminación consciente» sin interferencia de terceros, como recogió el TC en su sentencia de 1985. La moción de los socialistas, que será defendida por Carmen Montón, insta al Ejecutivo a garantizar legalmente el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en condiciones que aseguren la protección y la eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, además de que se mantenga la derogación de la tipificación penal, tal y como fue expresamente contemplada en la disposición derogatoria de la ley del aborto de 2010 que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pide también al Gobierno que considere que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, «así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo, reconocidos por la ONU, la OMS, el informe del Consejo de Estado» a la normativa de 2010, entre otros expertos.

Por último, el PSOE pretende que el Gobierno asuma que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos, «con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con una política pública, integral y preventiva de salud sexual y reproductiva que, entre otros puntos, implique el acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad».

La suerte del texto que votará el Congreso parece echada, pese a que incluso dentro del PP hay debate sobre la reforma anunciada pero aún no redactada.