En Valencia la nueva norma ha disparado un 30% las peticiones

Una respuesta a una demanda social. Así han actuado las dos únicas autonomías que hasta la fecha han desarrollado una legislación que contempla la custodia compartida como opción prioritaria en los casos de separación y divorcio. Aragón fue la primera en regular esta situación en 2010, poniendo por delante esta opción de relación paternal con los niños «salvo que la custodia individual sea más conveniente». ¿La consecuencia? En los juzgados aragoneses se multiplicaron las peticiones para revisar sentencias dictadas con anterioridad a esta norma. Además, el Ejecutivo aragonés ha tenido que duplicar el número de psicólogos y trabajadores sociales destinados a elaborar los informes psicológicos pertinentes para que los jueces puedan dar vía libre a las solicitudes. Esta demanda también ha sido en cadena en la Comunidad Valenciana, después de que abril de 2011 la Generalitat aprobara su propia ley de custodia compartida como marco de convivencia «sin que sea obstáculo para ello la posición de uno de los progenitores o mala relación entre ellos». Así, si antes de la reforma apenas se daba un 4% de custodias compartidas, ahora se llega al 30% por ciento. Y es que, en materia legislativa se ha dado la vuelta a la tortilla, pues lo excepcional es la custodia individual al padre y a la madre para garantizar al niño, una decisión que tendrá que estar avalada por los pertinentes informes sociales, médicos y psicológicos. Al margen de Aragón y la Comunidad Valenciana, el resto de autonomías han querido mirar desde lejos este asunto y sólo algunas han introducido alguna referencia en su marco legal. Así, el Código Civil de Cataluña da preferencia a la custodia compartida, pero no lo toma como una norma general. Incluso se deja en manos de la Justicia la creación de un plan de «coparentalidad» donde se incluyan aquellas propuestas que el padre y la madre planteen para favorecer el cuidado de sus hijos al margen del convenio regulador del divorcio. En el caso de Navarra, la ley de 2011 plantea la posibilidad de que los progenitores la soliciten, pero tampoco se presenta como opción prioritaria.