Bruselas denuncia a España ante la justicia europea por contaminación del aire

Ecologistas en Acción estima que la sanción por incumplir los límites de NO2 en Madrid y Barcelona sería millonaria. No obstante, el Tribunal de Justicia europeo podría modificar la cuantía por la infracción.

La mala calidad del aire la sufrimos los ciudadanos y, de no ponerse las medidas necesarias para revertir esta situación, también seremos los que paguemos las multas por el incumplimiento continuado desde 2010 de la normativa europea de calidad del aire en materia de dióxido de nitrógeno (NO2) (fue aprobada en 2008 pero daba de plazo hasta 2010 para cumplir los límites de polución). Urge actuar.

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por la mala situación del aire en varios núcleos urbanos españoles, en especial Madrid, Barcelona y Baix Llobregat, tras constatar que no ha tomado las medidas urgentes que se le exigían para atajar los altos niveles de contaminación.

"Los datos más recientes sobre la calidad del aire ofrecidos por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas europeas sobre los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), reglas que son legalmente vinculantes desde 2010", ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.

Ayer ya se votó la decisión, aunque –y pese a las peticiones de los periodistas–, no se hará pública hasta mañana. No obstante, poco ha hecho España –y en concreto Madrid y Barcelona– para evitar esa multa, de ahí que la mayoría de expertos apunten que España será llevada a los tribunales. Un procedimiento que podría conllevar una multa de «hasta 2.000 millones de euros a razón de 100 millones de euros al semestre por los incumplimientos pasados y por los que seguro que se producirán en 2019», explica Juan Bárcena, responsable de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción. «Es una cuantía que no nos han desmentido ni en preguntas parlamentarias ni en encuentros con el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio para la Transición Ecológica», añade.

Ahora bien, fuentes de la citada cartera precisan si bien que no hay referencias: «Nunca ha habido una sentencia condenatoria con la consiguiente multa respecto a calidad del aire, la única sanción –y no por polución– fue una multa a un vertedero italiano, de 100 millones de euros. Es muy difícil saber cuál va a ser la multa, porque hay que analizar cuántas veces se ha incumplido, gravedad de las superaciones, etc.».

Desde la Comisión Europea también explicaron a este periódico que «en este momento no se puede especular sobre el nivel de multas. En febrero de 2017 la Comisión envió a España un “dictamen motivado”». En cualquier caso, «todavía estamos lejos de la etapa de sanciones», precisaron tanto desde la CE como fuentes del Ministerio. Y es que aunque la sentencia del Tribunal de Justicia fuera condenatoria, la CE puede devolver el asunto al Tribunal. En esta «segunda ronda», la Comisión propone que se impongan sanciones económicas teniendo en cuenta la importancia de las normas infringidas y las repercusiones de la infracción para los intereses generales y particulares; el periodo durante el que no se ha aplicado la norma en cuestión, y la capacidad del Estado miembro para abonar las sanciones, con el fin de garantizar que éstas tengan un efecto disuasorio. Además, el Tribunal de Justicia puede modificar en su sentencia el importe propuesto por la Comisión.

Medidas insuficientes

Bárcena insiste en que lo que no tiene lógica es que no se tomen medidas más exigentes pese a los múltiples avisos. Así en febrero de 2017, la Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra nueve Estados miembros por los altos niveles de NO2, incluido España. Finalmente en mayo de 2018, la Comisión anunció que iba a llevar al Tribunal de Justicia de la UE a seis de esos nueve países: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rumanía e Italia. «De ese ultimátum se salvaron España, República Checa y Eslovaquia tras haber presentado planes con medidas que podían potencialmente resolver el problema de la contaminación del aire. En el caso de España, se presentó el Plan A con Madrid Central como primera medida y en Barcelona una zona de bajas emisiones planteada pero no puesta en marcha», recuerda Bárcena.

Pero mientras países como Reino Unido, Francia e Italia, han pisado el acelerador en la dirección correcta (aunque las emisiones siguen siendo altas), en España «se ha querido incluso quitar Madrid Central cuando lo que hay que hacer es ampliarlo», añade Bárcena. Ahora bien, Madrid Central no es la panacea. De hecho, con esta medida no se está protegiendo a los colectivos más vulnerables, los menores, que siguen respirando aire contaminado. La única solución, a la espera de la implantación del vehículo eléctrico, es alejar el foco de contaminación de ellos, así como de hospitales. Ésa debería ser la prioridad para todos los ayuntamientos.

No somos los únicos. Según un estudio reciente, Londres necesitará 193 años y París 20 para cumplir con los límites de NO2. Ahora bien, los últimos cambios podrían reducir ese horizonte en seis años en el caso de Londres. En este sentido, la ciudad londinense publicó en abril que «entre enero y marzo de 2016, 43 estaciones superaron el límite horario de NO2 y 13 su límite anual». En cambio, «entre enero y marzo de 2019, 10 estaciones superaron el límite horario de NO2 y –de momento– ninguno el anual».

En Madrid, en 2018, es decir, antes de la implantación de Madrid Central, el valor límite horario de NO2 se superó en dos estaciones: Plaza Elíptica (en 33 ocasiones) y Ramón y Cajal (en 24). Y los límites anuales en siete estaciones, según el informe de Calidad del Aire. Y pese a que los datos provisionales de 2019 facilitados por el Ministerio sean mejores, seguimos incumpliendo: «Entre abril, mayo y junio de 2019, 21 de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid arrojaron descensos en los niveles de NO2 respecto al mismo periodo de 2018, pero las tres restantes –Casa de Campo, Plaza Elíptica y El Pardo– se mantuvieron igual». En definitiva, urge actuar lo primero por nuestra salud, pero también por nuestro bolsillo.